Encuestadores del precenso se encontrarían con una carga laboral que pone en tela de juicio la calidad de los datos recolectados. Una investigación de El Mercurio, basada en testimonios, documentos oficiales e información solicitada por Ley de Transparencia, revela que en varias comunas donde el INE pidió a los encuestadores del precenso que hicieran entre 200 y 250 encuestas diarias.

El precenso es una de las piezas clave dentro de la planificación del censo abreviado que se realizará el 19 de abril de 2017, para subsanar los errores metodológicos cometidos durante el censo de 2012. Con estos resultados se calculará la cantidad de encuestadores y la carga de trabajo que tendrá cada uno de ellos el día del censo, entre otras atribuciones.

De ahí la preocupación para que ésta versión se realice de la mejor forma, sin embargo llama la atención la carga de trabajo de los encuestadores.

Según documentos solicitados mediante ley de trasparencia, a 19 de las 52 comunas se le asignó como carga de trabajo referencial 200 encuestas diarias a cada enumerador.

Una meta matemáticamente difícil de cumplir si se considera que, de la jornada de 8 horas diarias de los encuestadores, alrededor de 2 correspondían a “trabajo de oficina” y 6 a terreno. Incluso, en comunas como La Reina, Las Condes, Vitacura, Lo Barnechea, Macul, Peñalolén y Providencia se solicitaron 250 encuestas diarias, lo que equivale a 90 segundos por vivienda.

Contraloría está analizando la presentación. “Las denuncias ingresaron a través del Portal Contraloría y Ciudadano, el 2 y 6 de octubre de 2016. Actualmente, como parte del proceso de fiscalización, se están solicitando antecedentes al INE”, dicen en el organismo.

Alta carga laboral

Camila Fernández trabajó como encuestadora en Providencia. “En medio del levantamiento hubo una reunión de emergencia en la que se informó a los enumeradores que debían aumentar de 110 a 250 viviendas diarias. Era una burla. No podías, era imposible hacerlo” , afirma Fernández.

Mediante una respuesta oficial entregada por escrito, en el INE aseguran que “desde el nivel central y la coordinación de la Región Metropolitana no existió una orden de hacer 200 o más viviendas diarias (…), pero podría haber habido alguna situación puntual, por algún retraso, que requiriera que personal de la estructura operativa haya solicitado este nivel de productividad”.