La Fiscalía Oriente espera obtener la segunda condena en la investigación por corrupción, delitos tributarios y financiamiento ilegal de la política, en el denominado Caso Penta.

Fuentes de radio Bío Bío confirmaron que los fiscales Carlos Gajardo y Pablo Norambuena pideron la tarde de este miércoles audiencia para un procedimiento abreviado respecto del exfuncionario del SII, Iván Álvarez.

La primera condena en el Caso Penta fue ordenada en diciembre de 2015 en contra del fundador de la UDI Jovino Novoa acusado por diversos delitos tributarios, los cuales tuvo que reconocer ante el Octavo Juzgado de Garantía de Santiago, que ordenó en su contra 3 años de pena remitida y el pago de una millonaria multa.

A más de una año de ese fallo, la Fiscalía Oriente espera ahora concretar la segunda condena en la investigación por corrupción, delitos tributarios y financiamiento de campañas que remeció el mundo de la política desde el año 2014.

Así lo confirmaron fuentes de La Radio, quienes indicaron que este miércoles por la tarde los fiscales de alta complejidad oriente, Carlos Gajardo y Pablo Norambuena, ingresaron una solicitud en el Juzgado de Garantía para que se fije audiencia de procedimieto abreviado respecto de Álvarez.

Recordemos que el ingeniero comercial ya fue condenado en la indagatoria que dio origen al Caso Penta, conocido como el Caso FUT.

Máxima pena

Las mismas fuentes, indicaron a este medio, que la Fiscalía Oriente pedirá la máxima pena contemplada para un procedimiento abreviado y que corresponde a los cinco años de presidio la que puede ser cumplida bajo el régimen de libertad vigilada.

En esta causa Álvarez fue sindicado como autor de delito funcionario al recibir presuntamente pagos de coimas en su rol de fiscalizador. Todo a través del fallecido martillero Jorge Valdivia que buscaba rebajar y obtener devoluciones fraudulentas de impuestos en las empresas Challico Limitada y Santa Sarella, de propiedad del exgerente de Penta Hugo Bravo. A estos hechos se asocia el delito de soborno y cohecho.

Sólo estas acciones habrían provocado un perjuicio fiscal de casi 268 millones de pesos, por los años tributarios 2007, 2009 y 2010.

Se le imputó además delitos tributarios y lavado de activos. Éste último por intentar ocultar y disfrazar el origen ilícito del dinero.

El abreviado se conoce a un día de la ampliación del plazo investigativo del Caso Penta, extendido hasta el 4 de marzo de 2017, solicitado por el fiscal Gajardo.

El querellante Mauricio Daza cree que los abreviados implica reconocer delitos que podrían sustentar la existencia de los mismos respecto a otros coimputados que podrían enfrentar un juicio oral.

Se estima que los excontroladores de Penta Carlos Délano y Carlos Lavín, al igual que Pablo Wagner, enfrentarían un juicio oral, sobre todo porque rechazan las imputaciones de soborno y cohecho.

El caso Penta tiene una nueva arista que busca establecer si hubo financieminto de oras empresas, como Ripley a Asesorías Credo respecto de la segunda campaña de la presidenta Michelle Bachelet.