Entre los compromisos de campaña del Gobierno de la presidenta Michelle Bachelet estaba suscrito el de reformar el sistema privado de salud, las Isapres, terminar con el alza unilateral en el precio de los planes, la discriminación, entre otros puntos considerados por los usuarios como inequidades del sistema.

Dicha reforma fue trabajada al inicio del Gobierno por una comisión asesora presidencial que entregó un informe a la presidenta con una propuesta de cambios que se quedaron en el Ministerio de Salud, para la redacción de un nuevo proyecto.

Luego de que el Ministerio de Hacienda confirmara en mayo de este año que el proyecto no está dentro de las prioridades del Ejecutivo, la ministra de Salud, Carmen Castillo abrió por primera vez la posibilidad de que la iniciativa sea postergada de manera definitiva a un próximo Gobierno y a una futura reforma a la salud.

Un escenario que fue calificado como inaceptable por parte del presidente de la comisión de salud de la Cámara, el socialista, Juan Luis Castro.

Para el exminsitro, Jaime Mañalich, las palabras de la ministra transparentan un escenario que se veía venir y que reflejan la decisión que tomó el Ejecutivo de asfixiar al sistema privado.

En contexto, un estudio de la Universidad Andrés Bello, a comienzo de septiembre, arrojó que el 75% de los usuarios de Isapres indicó que las aseguradoras privadas deben permanecer, pero con un perfeccionamiento al sistema; mientras que sólo el 12,9% sostuvo que éstas deben desaparecer.