Como un golpe a las Isapres fue considerada la decisión del Servicio Impuestos Internos, que determinó que las costas personales por los juicios de los cotizantes en contra de éstas -por los aumentos unilaterales en los planes de salud- no constituyen gastos necesarios para producir la renta.

Dicha decisión implica que las Isapres deberán pagar el impuesto especial de estos procedimientos, con un cargo del 35 por ciento de manera retroactiva por lo últimos tres años, montos que superan los 12.600 millones de pesos.

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El presidente de la Asociación de Isapres, Rafael Caviedes, afirmó que la definición tiene un impacto impredecible en el sistema y que será cada una de las aseguradoras la que decidirá el camino a seguir para impugnar la decisión.

Sin embargo, Caviedes agregó que existiría a su juicio una intención del Gobierno de ahogar a las Isapres, al no avanzar en el proyecto de ley que prometía reformar al sistema de salud y, entre otras cosas, terminar con la judicialización.

Desde el Gobierno, la ministra de Salud, Carmen Castillo, afirmó que hasta el momento el proyecto de ley se encuentra en standby y que no ha sido enviado al parlamento por una decisión del Ejecutivo.

Agregó que no cuentan con antecedentes de que alguna Isapre esté atravesando por graves problemas financieros que pudieran provocar su quiebra.

Para el director ejecutivo del Instituto de Salud Pública de la Universidad Andrés Bello, Héctor Sánchez, la judicialización es un síntoma del problema de no legislar en la materia.

Sánchez afirmó que el costo económico de la decisión del Servicio de Impuestos Internos lo pagará el 92 por ciento de los afiliados a Isapres que no judicializa el alza en el precio de los planes.

Las proyecciones para 2016 apuntan a que unos 150 mil usuarios acudirán a la Justicia para entablar recursos de protección contra las Isapres, y por cada juicio perdido, éstas tendrán que pagar 130 mil pesos, más el mencionado impuesto de 35 por ciento.