Diferentes visiones respecto al proyecto de ley de reforma a la educación superior fue el que presentaron rectores de universidades estatales y privadas ante la comisión de educación de la Cámara de Diputados.

Uno de los puntos que generó diferencias entre el Cruch y las universidades privadas fue si se debe o no eliminar el Crédito con Aval del Estado.

Como parte de las audiencias públicas para estudiar este proyecto de ley es que el vicepresidente del Consejo de Rectores y rector de la Universidad de Valparaíso, Aldo Valle, se refirió a puntos que contempla el proyecto, que está en su primer trámite en la cámara de Diputados.

La eliminación y posterior sustitución del CAE por un crédito solidario fue una de las propuestas de Valle, quien señaló que el proyecto minimiza los reproches sociales a esta conducta al no darle sanciones penales.

Aunque desde la Corporación de Universidades Privadas, su representante y rector de la Universidad Bernardo O’Higgins, Carlos Ruff, aseguró tener puntos en común, uno de ellos es la restricción de autonomía a las dirigencias académicas, también hubo diferencias.

Una de ellas es reformar el CAE, transformándolo en un crédito de menores ingresos, porque, a juicio de Ruff, este sistema logró que un gran número de estudiantes que no podían acceder a la educación superior, lo hagan actualmente.

Otro de los que fue parte de esta reunión fue el rector de la Universidad Diego Portales, universidad privada adscrita al sistema de gratuidad. Peña realizó una crítica al proyecto, que según él está hecho en base a conceptos, más que a regulaciones.

Por lo mismo Peña fue enfático en señalar que uno de los puntos más urgentes para mejorar es el de la Superintendencia de Educación, organismo que debe regular que instituciones cumplen o no la ley.

El proyecto busca generar una nueva institucionalidad para el sistema de educación superior, de la mano de la creación una Superintendencia de la Educación Superior y una Subsecretaría.

Además, sentar las bases para un nuevo sistema, basado en la consagración de la provisión mixta de la educación, el resguardo de la autonomía, calidad, diversidad de proyecto educativo, la inclusión y libertad académica, junto con establecer la consagración de la participación, pertinencia, transparencia y trayectoria formativa de las instituciones de educación superior.