Con más de 170 páginas, 202 artículos permanentes y 60 transitorios, el proyecto de Educación Superior ingresó al Congreso. Si bien hubo seis mes de trabajo prelegislativo, este no fue suficiente para que la iniciativa contará con el respaldo de rectores y estudiantes.

Como era previsible, las principales diferencias radican en el sistema de financiamiento, el cual alegan desde el Consejo de Rectores que no termina con la lógica del subsidio a la demanda y el endeudamiento.

El presidente del Consorcio de Universidades Estatales y rector de la Universidad de Chile, Ennio Vivaldi, reiteró que si bien la discusión no se puede centrar en que institución recibirá más o menos recursos, cuestionó el traspaso que se hará de recursos públicos a los planteles privados, junto con lamentar que no se prohíban todas las transacciones entre entidades relacionadas.

Entre las transacciones de relacionadas que se seguirán permitiendo, a un precio justo, están aquellas que se puedan dar entre dos universidades de un mismo controlador, como sería el caso de las instituciones que el grupo Laureate tiene en el país.

Luego de no encontrar en el Gobierno acogida para sus planteamientos, el Cruch decidió centrar sus esfuerzos en el apoyo parlamentario. Luego de reunirse con la bancada de la Democracia Cristiana, el vicepresidente Ejecutivo del organismo, Aldo Valle, indicó que buscarán concretar con los legisladores los cambios que la iniciativa requiere para sortear las falencias que ellos han planteado.

Sin embargo, el diputado de Revolución Democrática, Giorgio Jackson, hipotecó la suerte del proyecto de ley, si es que el Gobierno no se abre a introducir cambios profundos a la iniciativa.

En cuanto al tránsito de la gratuidad, el proyecto establece que las universidades podrán fijar aranceles diferenciados respecto de aquellos estudiantes que no obtengan el beneficio. Para el caso de los alumnos que pertenezcan al séptimo decil, se les podrá cobrar hasta un máximo de un 20% por sobre el arancel regulado más la matrícula. Mientras que para los del octavo y noveno decil, hasta un 60% y para el decil 10 no existe tope para el cobro.

Además, sólo se regulará el valor de las carreras de aquellas instituciones que adscriban a la gratuidad, dejando fuera a las que reciban becas y crédito, como se había planteado en un inicio en las minutas.

Otra de las discrepancias, se centra en la mantención del Crédito con Aval del Estado, tema que la ministra de Educación, Adriana Delpiano, se abrió a estudiar, pero sólo para un cambio en su administración.

Para la diputada Comunista, Camila Vallejo, mientras se mantenga el PIB tendencial como mecanismo para avanzar a la gratuidad universal, es necesario modificar de raíz el CAE.

En cuanto a la gratuidad, al estudiante que exceda en un año la duración formal de la carrera, se le cobrará el 50% del arancel regulado. En caso de que esta se extienda por más años, el alumno deberá cubrir la totalidad del arancel regulado más los costos asociados a la matrícula.

En tanto, para acceder al financiamiento público, las instituciones tendrán que estar acreditadas, ser sin fines de lucro, tener programas de retención para estudiantes vulnerables y al menos el 20% de su matrícula deberá abarcar a los cuatro primeros deciles.

Por último y de acuerdo al informe financiero, para el próximo año se estima que la gratuidad costará 207 mil millones de pesos. Mientras que la gratuidad universal bordearía los 3.500 millones de dólares, y ante lo cual el Gobierno cerró la puerta a una nueva reforma Tributaria que permita su financiamiento.