A través de un comunicado, Transport for London (TfL), organismo gubernamental británico encargado del transporte de Londres, informó que no renovará la licencia para que Uber siga funcionando en la capital del Reino Unido y que ésta culminará el 30 de septiembre.

TfL indicó que su decisión fue tomada por un tema de “seguridad pública”, dado que, a su juicio, la aplicación no es competente para poder mantener una licencia privada de operador de arriendos.

La entidad consideró que tanto el enfoque como la conducta de Uber demuestran una “falta de responsabilidad corporativa”, especialmente a la hora de reportar delitos criminales graves, certificar la procedencia de certificados médicos y cómo son obtenidos los certificados de antecedentes, entre otros factores.

Uber reaccionó anunciando que prevé “recurrir inmediatamente esta decisión ante la Justicia”.

“Los 3,5 millones de londinenses que utilizan nuestra aplicación y los más de 40.000 conductores autorizados que dependen de Uber para vivir se quedarán atónitos ante esta decisión”, denunció el jefe de la compañía en Londres, Tom Elvidge, en un mordaz comunicado.

Tras el anuncio de la medida, se inició una campaña en Change.org a modo de juntar firmas en rechazo a la prohibicón. Éstas serán entregadas al alcalde de la capital, Sadiq Khan.

“Al querer prohibir nuestra aplicación en la capital, Transport for London y el alcalde han cedido a un pequeño número de personas que quieren reducir nuestras opciones como consumidores”, reza la iniciativa.

Cultura empresarial sexista

Por su parte, Khan afirmó su “apoyo total” a la decisión de TfL. “Sería un error seguir dándole una licencia a Uber si ésta supone una amenaza para la protección y la seguridad de los londinenses”.

La decisión de TfL constituye un problema adicional para Uber, que ya enfrenta numerosos desafíos.

El grupo acaba de nombrar a un nuevo presidente, el exdirector de Expedia, Dara Khosrowshahi, en sustitución de Travis Kalanick.

Kalanick había sido acusado de llevar a cabo una cultura empresarial sexista y agresiva, mientras que una exempleada denunció este invierno casos de acoso en el grupo.

La empresa, que perdió más de 600 millones de dólares en el segundo trimestre de este año, está siendo investigada por sospechas de corrupción por parte de oficiales extranjeros.

Además, la empresa también tiene a los taxis en su contra, que ven en ella una amenaza, al tiempo que reguladores de numerosos países tratan de frenar su actividad y sus conductores reclaman mejores remuneraciones y una mayor protección social.

El valor del grupo está estimado en más de 70.000 millones de dólares en base a su capacidad para captar fondos de inversores, lo que le convierte en la mayor empresa emergente no cotizada del mundo.