Un juez argentino citó este miércoles a indagatoria al exministro Julio de Vido y a la presidenta de Madres de Plaza de Mayo en una causa que data de 2011, por la que también fue convocado un exviceministro detenido tras ser descubierto cuando escondía casi 9 millones de dólares.

El juez Marcelo Martínez de Giorgi investiga presuntas irregularidades en el programa de construcción de viviendas sociales del programa Sueños Compartidos de las Madres de Plaza de Mayo, que contaba con financiamiento del Estado durante los gobiernos de Néstor Kirchner y Cristina Fernández.

El Programa, un gigantesco emprendimiento que construía miles de viviendas, escuelas y hospitales en barrios carenciados con financiamiento del Estado, quedó trunco en 2011 al estallar un escándalo por denuncias de corrupción.

Además del actual diputado De Vido, quien fue ministro de Planificación Federal durante los 12 años de los gobiernos de los Kirchner, y Hebe de Bonafini, titular de Madres de Plaza de Mayo, fue citado el exviceministro José López, detenido el martes tras el escandaloso hallazgo del botín.

López, ex secretario de Obras Públicas y mano derecha de De Vido, fue detenido el martes cuando lanzaba bolsos por encima de un muro hacia el jardín de un viejo monasterio de General Rodríguez, 50 km al oeste de Buenos Aires, donde vivían dos monjas ancianas.

El magistrado citó además a los hermanos Sergio y Pablo Schocklender, el primero de ellos exapoderado de Sueños Compartidos y protegido de Bonafini, quien lo denunció en 2011 luego de que estalló el escándalo.

Schocklender fue acusado de presunto lavado de dinero, defraudación a la administración pública y asociación ilícita.

Entre los imputados que desfilarán ante el juez a partir del 4 de julio, hay varios exgobernadores en cuyos distritos se construyeron las viviendas.

Según el escrito del juez, Sueños Compartidos manejó en planes de vivienda más de 750 millones de pesos (53 millones de dólares) que en aquel momento equivalían a unos 170 millones de dólares, y provenientes de la Secretaría de Obras Públicas, de los cuales “fueron desviados de su fin específico” unos 206,4 millones de pesos (14,7 millones de dólares).

Por esta causa, Schocklender estuvo preso hasta junio de 2012. Ni Bonafini ni las Madres habían sido imputadas al ser consideradas “víctimas de la defraudación” por el anterior juez de la causa.