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Se habían realizado varias sesiones en la Comisión Mixta de Hacienda en el Congreso, en las que se revisó en repetidas ocasiones lo que señaló el ministro de Hacienda, Felipe Larraín, el pasado 27 de abril.
En concreto, reveló que cerca de 5.500 millones de dólares en gastos heredados a 2021 por parte del gobierno anterior no estaban considerados ni en el presupuesto de este 2018, ni en el programa financiero de los próximos tres años, ni en los datos entregados por la administración de Michelle Bachelet.
Pero en ninguna de las instancias anteriores habían aparecido ministros del gobierno anterior ligados a esa cartera para explicar la polémica. Y a falta de uno, este lunes llegaron dos: Nicolás Eyzaguirre y Rodrigo Valdés.
Durante esta jornada comenzó el actual titular de la cartera, quien recalcó su punto respecto a la presión de gasto; es decir, gastos que no tienen cómo ser financiados, los cuales -según dijo- comenzaron a aumentar en 2013 y no se explican sólo a la caída que en ese entonces registró el precio del cobre.
En ese contexto, recalcó que la gravedad de la presión de gasto en salud y destacó la preocupación que todo lo anterior genera de la mano de las bajas que ha experimentado Chile ante las principales clasificadoras de riesgo: Standard & Poor’s, Fitch y Moody’s.
En ese contexto, explicó que estas presiones de gasto se terminan convirtiendo en compromisos de gasto en el futuro.
Por su parte, el exministro Nicolás Eyzaguirre salió a enfrentar las críticas y señaló que “es evidente que hay partidas del presupuesto en la que históricamente ha habido dificultad para poner en vereda, pero si miramos la ejecución completa del presupuesto… y, por ejemplo, en el gobierno anterior del presidente Piñera, siempre se subejecutó en torno a un 3%”.
“Porque así como hay presiones al alza también hay otras partidas que se subejecutan y así es como normalmente el ministro de Hacienda va ejecutando vía reasignaciones haciendo frente a estos gastos. Esto es un test de estrés y no una línea base de proyección”, añadió.
Por su parte, el exministro Rodrigo Valdés también puso paños fríos a los cuestionamientos, pese a que salió del Gobierno tras diferencias con Bachelet en medio de la discusión del presupuesto en 2017.
Puntualmente, expuso que existe una exageración en la manera en que se abordaron los análisis del punto de vista de la proyección y compromisos de gastos, cuyos cálculos ha cuestionado la oposición al mismo tiempo que el oficialismo insiste en que dichas cuentas siempre se han realizado bajo la misma metodología.
Pero la anterior administración acusa una “pillería contable” considerando que entre algunas de las iniciativas consideradas en el cálculo de Larraín se estarían contando algunos proyectos costosos como el proyecto del fin del CAE o la última propuesta de Bachelet que pretendía impulsar un bono de 3 millones de pesos a las víctimas de prisión política y tortura durante la dictadura, registradas en las comisiones Valech I y II.
Lo anterior, pese a que dichas iniciativas fueron retiradas por la administración Piñera.
