El Fondo Nacional de Salud (Fonasa) acudió a la Fiscalía Nacional Económica (FNE) para interponer una denuncia para que se investigue y sancionen las posibles prácticas de colusión de 53 centros de diálisis, que representan el 62% de la oferta para usuarios de la salud pública con insuficiencia renal crónica terminal.

Lo anterior, luego que los centros aludidos cuestionaran ante el Tribunal de Compras Públicas la licitación de Fonasa para presionar que se “establezca condiciones contractuales ajustadas a la medida de los demandantes”.

Ante ello, Jeanette Vega, directora de Fonasa, se mostró preocupada por el eventual perjucio que dicha situación pudiera generar a los pacientes que dependen de estos centros.

“Esta administración no aceptará una impungnación que tiene la finalidad de favorecer economicamente a estos centros a expensas de nuestros pacientes. La legalidad de las bases no es negociable, ya que nuestro rol es asegurar que los afiliados tengan acceso a salud de calidad”, recalcó tras reunirse con el fiscal nacional económico, Felipe Irarrázabal.

En tanto, Fonasa asegura que no es la primera vez que se enfrentan a esta situación, la cual ya se había repetido en las licitaciones de 2008 y 2012, donde también realizaron impugnaciones ante el Tribunal de Compras Públicas para obtener acuerdos extrajudiciales para eliminar o incorporar cláusulas de la licitación para su directo beneficio.

Según explicó Fonasa, han solicitado precios más favorables, pero estos no han representado una baja en el precio para los usuarios, por lo que -según Vega- sólo habrían aumentado las ganancias económicas de las empresas implicadas.

Para el proceso de 2017, los centros de diálisis habrían enviado a Fonasa una carta donde piden “la posibilidad de llegar a un acuerdo conciliatorio que permita seguir la licitación de modo satisfactorio”.

Ante este escenario, la Fiscalía Nacional Económica deberá citar a los involucrados para llevar a cabo una investigación que no tiene un plazo definido.