Si de algo no hay dudas, es que las universidades regionales son actores claves en el desarrollo de los territorios y regiones. Contribuyen a la formación de capital humano técnico, profesional y avanzado, generan ciencia y tecnología y cumplen múltiples acciones de desarrollo social y cultural al servicio de las comunidades donde se encuentran insertas. Una universidad que no contribuye en estas múltiples dimensiones francamente no se puede denominar “universidad”.

La política nacional de educación superior expresada en el proyecto de ley a la educación superior debiera promover un pacto social entre las regiones y las universidades, para una colaboración estratégica y sistemática. Para ello, es fundamental definir políticas territoriales de educación superior que consideren los problemas y desafíos del entorno, incorporar iniciativas de actores públicos y privados y comprometer los aportes del Gobierno Regional. También es fundamental promover instancias de coordinación interregional para abordar desafíos comunes en áreas más estratégicas y de mayor dimensión.

Creo que en cada territorio debe configurarse una unidad regional de educación superior, asociada a la Seremi de Educación o una dirección regional dependiente de la subsecretaría de educación superior. Es necesario constituir instancias que participen en la definición, implementación y seguimiento de políticas e iniciativas de carácter estratégico, como es el Consejo Regional de la Educación Superior, los Consejos Regionales de Ciencia y Tecnología (Corecyt), y fortalecer los consejos regionales de la Cultura y las Artes ya existentes, incorporando en ellos a representantes de las universidades. Y, por otra parte, la institucionalidad universitaria podría enriquecerse incorporando en los cuerpos colegiados superiores de la universidad a actores del entorno local y regional (Gore, gremios, entidades sociales, productivas y culturales). Lo anterior, sin afectar la representatividad mayoritaria de académicos y representantes de los distintos estamentos de la universidad.

Cada una de estas propuestas contenidas en el documento “Las Universidades Regionales ante la Reforma a la Educación Superior. Una propuesta para el desarrollo territorial”, preparada por las 22 universidades del Consejo de Rectores, asociadas en la Agrupación de Universidades Regionales, tienen como propósito central orientar al Gobierno y parlamentarios respecto de un conjunto de medidas que contribuyan al fortalecimiento de la institucionalidad regional para asegurar una mayor incidencia de las capacidades de las universidades regionales con un sentido de pertenencia y pertinencia de estas instituciones al servicio de sus territorios y comunidades.

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