De acuerdo a la cosmovisión de los pueblos originarios, el solsticio de invierno en el hemisferio sur marca el término de un ciclo y un nuevo inicio. Sin embargo, el año que comienza con un espíritu de renovación, enfrenta en esta oportunidad un escenario político marcado por las futuras elecciones presidenciales. Y al menos en lo referido a los derechos de los pueblos indígenas, prevalece la incertidumbre.

Entre los y las candidatas a la Presidencia de la República parece haber más interrogantes que respuestas en esta materia. Si bien es cierto que cada proyecto advierte la necesidad de mejorar la situación de los pueblos originarios, al momento de escuchar o leer sus propuestas prima el silencio o la ambigüedad. No se observan definiciones concretas en los principales aspirantes a La Moneda y gran parte de la atención se la lleva el conflicto en La Araucanía, que- por cierto- es una zona que clama por soluciones al ambiente hostil que vive a diario, soluciones que siempre deben poner el foco en los derechos humanos.

La discusión por los derechos de los pueblos originarios puede y debe ir más allá: requiere escuchar las demandas de los propios pueblos, abrirse a la posibilidad de reconocer constitucionalmente su existencia en un Estado Plurinacional y de avanzar hacia mecanismos de autodeterminación y de representación política, todos los cuales, pueden ser pasos importantes. Disputas algo tardías frente a otros procesos que se desarrollan en la región, pero que responden de forma cabal a las recomendaciones de Naciones Unidas. Así, en el Informe “Representación Indígena en Poderes Legislativos” (2015), la Oficina del PNUD en Chile dio cuenta de la histórica exclusión de los espacios formales de toma de decisión que afecta a los pueblos indígenas y, si bien, no apuesta por un único mecanismo para darles representación, vislumbra que una ley de cuotas podría ir en la dirección correcta.

Sin embargo, hablamos de mecanismos que requieren de una visión política y de derechos humanos que no parece haber sido bien expuesta por quienes pretenden ser la máxima autoridad del país. Apenas atisbos que generalmente acaban vinculándose con la violencia en La Araucanía. Es decir: entre todos los pueblos originarios, sólo el pueblo mapuche concita un mayor interés para una clase política que, por desgracia, casi de forma exclusiva lo circunscribe al conflicto entre el Estado de Chile y el pueblo mapuche.

Lo anterior se ha traducido en una política represiva en la zona, marcada por el abuso de la fuerza policial en contra de las comunidades. Así lo ha advertido el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos el pasado mes de abril. Por otro lado, es alarmante la reiterada aplicación de la Ley Antiterrorista, pese a que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y otros organismos internacionales han expresado preocupación sobre el uso indebido del derecho penal para criminalizar la protesta política y social del pueblo mapuche. Así lo señala el Informe “Criminalización de la labor de las defensoras y los defensores de derechos humanos” (2015), en cuanto a la aplicación selectiva de una ley que tipifica como delitos terroristas hechos que son contemplados por la ley penal común.

Por otro lado, la utilización de dicha Ley Antiterrorista, aparte de sumar dudas en cuanto a la imparcialidad en las investigaciones de los presuntos delitos cometidos por personas de origen mapuche, genera un ambiente de impunidad que hace pensar que la vía penal tampoco ofrece mayores soluciones.

En este escenario, Amnistía Internacional ha expresado su preocupación por la reacción del Estado en relación al conflicto. Constantemente se reciben nuevas denuncias de violencia policial en las comunidades que permiten concluir que la presencia de Carabineros en la zona, lejos de apaciguar el conflicto parece estar agravándolo. Sin ir más lejos, la semana pasada fuimos testigos de denuncias de un allanamiento en la Comunidad Autónoma de Temucuicui que terminó afectando con gases lacrimógenos a una escuela rural que estaba con niños y niñas en su interior.

Así, tal vez lo único que nos quede en esta situación sea apelar a ese espíritu que invita a levantarse diez veces por cada derrota que se tenga. Y este 24 de junio, día en que se celebra a todos los pueblos originarios en Chile, resulta pertinente renovar convicciones. Porque lo cierto es que, de cara al día más corto y la noche más larga del año, como celebran la llegada del solsticio de invierno a partir del 21 de junio, escasean motivos para ser optimistas. Se hace difícil creer que sus derechos no continuarán siendo vulnerados en un próximo gobierno: la noche más larga parece estar lejos de acabar.

Esteban Poblete
Vicepresidente de Amnistía Internacional Chile