¿Dónde está José Huenante? No se me ocurre otra frase para empezar una columna que hable sobre él. Conocer más sobre este caso entristece e indigna. José era un joven de 16 años (legalmente un niño), de origen mapuche y que vivía en una población de Puerto Montt cuando fue visto por última vez durante la madrugada del 03 de septiembre de 2005.

Lo último que se sabe de José es que aquella noche estaba con un grupo de amigos muy cerca de su casa. Estaban bebiendo cuando varias patrullas de Carabineros rondaban por el lugar. Testigos aseguran haber visto a José corriendo delante de una patrulla y cómo en un momento dos policías se bajaron del vehículo y lo detuvieron. Después de este episodio, nunca más se supo del paradero de José Huenante. A José lo hicieron desaparecer forzadamente sin dejar rastro, en un hecho que recuerda dolorosamente nuestro pasado reciente.

Tras la desaparición de este adolescente, su familia presentó una denuncia ante Carabineros. El Ministerio Público empezó una investigación que conllevó a la formalización de tres uniformados por el delito de sustracción de menores. Más adelante, ciertos informes apuntaron como responsables a esos tres carabineros de alterar el libro de detenidos y el de kilometraje de la patrulla el día de los hechos. En palabras simples, lo que dice los informes es que al haber sido alterado el libro con los antecedentes de las detenciones quedó registrada una detención y no dos, y la detención que se elimina es justamente la de José Huenante. Esto es como si José nunca hubiera sido detenido.

Este último punto no es lo peor para la familia de este joven, pues en el año 2009 tras una apelación de la defensa, la Corte de Apelaciones de Puerto Montt remitió el caso a la Justicia Militar al considerar que los supuestos delitos habrían sido cometidos por personal policial en acto de servicio. ¿Qué implicancia tiene que este caso haya pasado a la Justicia Militar? Significa que quienes están investigando a los carabineros involucrados en la desaparición de José Huenante son sus mismos pares.

Según Amnistía Internacional ningún caso de violación a los derechos humanos debe ser visto en la Jurisdicción Militar, pues la composición de sus tribunales no garantiza ni mínimamente el debido proceso, la independencia e imparcialidad. De hecho, la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó al Estado de Chile, ya hace más de 10 años, a reformar la Jurisdicción Militar limitando su alcance y asegurando que bajo ninguna circunstancia un civil sea sometido a esta jurisdicción. El actual gobierno ha señalado en diversas ocasiones su compromiso con reformar el Código de Justicia Militar en esta materia; sin embargo, esta reforma aún está en el plano de las buenas intenciones.

El caso de José Huenante ha sido uno de los que se ha visto directamente afectado por el absurdo sistema de justicia de Chile, imaginen que la Justicia Militar mantuvo sobreseído este caso hasta el año pasado, lo que ha significado una demora brutal y vergonzosa en el esclarecimiento de los hechos.

La causa fue reabierta recientemente por la falsificación de instrumento público (la alteración de libro de detenciones) e incluso se decretó brevemente la prisión preventiva como medida cautelar respecto de los tres carabineros imputados. Sin embargo, actualmente los carabineros están nuevamente libres, incluso fueron reincorporados a sus funciones. Es más, la investigación está nuevamente detenida y con riesgo de ser cerrada. ¿Se entiende entonces por qué se duda tanto del accionar de la Justicia Militar para investigar este tipo de casos?

Por otra parte, el Ministerio Público ha mantenido abierto el caso en Justicia Ordinaria por presunta desgracia. En enero de este año se presentaron dos querellas – con el apoyo del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) – que el Juzgado de Garantía de Puerto Montt admitió a tramitación, pero la investigación podría restringirse sólo respecto de personas civiles eventualmente involucradas, estando hoy a la espera del resultado de diligencias pendientes. El INDH y otros abogados de la zona han hecho este esfuerzo para transferir el caso a la Justicia Ordinaria, donde el juicio debió haber sido visto desde el primer momento.

Esta cuestionable separación de causas ha sido, en parte, lo que ha mantenido el caso de José Huenante en el limbo de la impunidad. Es de esperar que este nuevo esfuerzo en Justicia Ordinaria se extienda también a investigar a los Carabineros presuntamente involucrados, y permita acercarse a la verdad sobre lo que pasó con José, quien ha sido considerado como el primer detenido desaparecido en democracia según el informe de derechos humanos de la Universidad Diego Portales del año 2009.

Cuando ya se acerca un nuevo 03 de septiembre, su familia sigue clamando justicia desde el sur de Chile. Serán 11 años de búsqueda en que sus seres queridos han tenido que vivir con un dolor inmenso que parece poco importar al sistema judicial chileno.

Cómo es posible que, pese a que el caso se esté investigando tanto en la Justicia Ordinaria como en la Militar, ninguna haya dado aún con los responsables de esta desaparición. Cómo es posible que después de 11 años no se sepa qué pasó con José, ese chico humilde que deambuló su niñez por diferentes casas, incluyendo un hogar de menores. Ese joven que en vez de estar estudiando estaba trabajando en empleos precarios con el fin de apoyar económicamente a su familia. Es difícil no pensar que estas tristes condiciones estén influyendo también en el mezquino avance de la investigación y lo poco que se ha conocido públicamente.

“Pónganse en nuestro lugar, les decimos a quienes saben, que hablen, que digan qué pasó y dónde está. Que nos permitan darle una digna sepultura”, manifiesta la familia de José Huenante. Mientras tanto, como si viviera en una realidad paralela, Chile sigue manteniendo su indignante doble sistema de justicia que no hace otra cosa más que facilitar la impunidad en casos como éste.

Por Ilsen Jara
Directora de Comunicaciones de Amnistía Internacional Chile