En la discusión de llamada “Agenda Corta Antidelincuencia”, se incorporó al final de su trámite ante la Comisión de Constitución del Senado, una indicación por medio de la cual se pretendía castigar a toda persona que revelara, en cualquier evento, antecedentes contenidos en una investigación penal en curso, con una pena de entre 61 días y 3 años de cárcel; lo cual fue aprobado sin debate y de manera unánime por la sala de la Cámara Alta.
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