Las universidades estatales han sido históricamente pilares fundamentales para la democracia y el desarrollo de nuestro país. Sin embargo, la experiencia nacional e internacional muestra que esta importante misión no las inmuniza de los problemas derivados del paso del tiempo y del cambio de las sociedades. ¿Cómo pueden universidades organizadas mediante marcos normativos de las postrimerías de la Guerra Fría hacer frente a los desafíos del siglo XXI?

Marcelo Mella Polanco,
Cientista Político
Facultad de Humanidades, Universidad de Santiago de Chile

La gobernabilidad de las universidades supone diseñar instituciones capaces de implementar decisiones oportunas, eficaces, legítimas y consistentes en el tiempo, sometiendo las actuaciones de sus autoridades a estándares de transparencia y rendición de cuentas.

La Ministra de Educación, Adriana Delpiano, ha señalado el ingreso inminente al Senado del proyecto de Ley sobre Universidades Estatales. Aunque no es sencillo que los tiempos de tramitación calcen con el final de esta administración y que el gobierno de la Presidenta Bachelet disponga en los últimos cinco meses de recursos políticos para gestionar una mayoría legislativa en relación con el proyecto, como mero ejercicio analítico identificamos tres puntos cruciales para un nuevo marco regulatorio.

Un sistema con mayor equidad territorial

El primer aspecto corresponde, sin duda, al establecimiento de un sistema con mayor equidad territorial para las universidades estatales, así como mayor pertinencia de cada institución respecto de las necesidades y desafíos de las economías regionales de nuestro país.

Gobierno de las universidades estatales

El segundo punto relevante concierne a la organización del gobierno universitario propiamente tal. En este sentido, parece sustancial fortalecer la vinculación estratégica de las universidades estatales con el Estado a través de la composición de su principal cuerpo colegiado, el Consejo Superior, así como la participación y el compromiso de la comunidad universitaria a través de la participación triestamental en el Consejo Académico (o Consejo Universitario según sea el caso) como espacio de representación de los diferentes actores e intereses de la vida universitaria.

Es pertinente recordar que una gran mayoría de Universidades del Estado aún posee una institucionalidad originada a inicios de la década de los 80, en el contexto del régimen de Pinochet. Producto de esta institucionalidad, algunas autoridades universitarias podrían en poco tiempo alcanzar dos décadas en el ejercicio de sus cargos.

Autonomía y flexibilización de la gestión administrativa

Un tercer punto que debería zanjar una nueva Ley de Universidades del Estado corresponde a la necesidad de reconocer la especificidad de la misión de estas instituciones mediante el fortalecimiento de la autonomía universitaria, la flexibilización de su gestión administrativa (en especial, definir claramente las competencias de la Superintendencia de Educación Superior y las de la Contraloría General de la República) y el establecimiento de mecanismos de financiamiento que permitan sostener los planes estratégicos institucionales en el mediano plazo.

Para que una nueva ley de Universidades Estatales cumpla los propósitos de fortalecer la gobernanza debe establecer tiempos razonables para la transición hacia la nueva institucionalidad, ya que en un contexto de altas expectativas y fuerte polarización no resultaría adecuado prolongar desmesuradamente el cambio de sistema con el pretexto de fortalecer los apoyos estratégicos del proyecto.

Si la información que circula sobre la propuesta gubernamental es efectiva, una vez aprobada esta ley las universidades dispondrían de tres años para enviar nuevos proyectos de estatutos, con lo muchas llegarían a cerca de 40 años de funcionamiento con estatutos creados en un contexto autoritario. Y también, los rectores incumbentes podrían estar ocho años más, completando algunos casi dos décadas en sus cargos, situación que superaría la mejor expectativa peronista de administración de poder, afectando negativamente la convivencia interna.