Raúl Meza es el abogado que habría ganado más de 500 millones de pesos representando a familiares de las víctimas de Antuco. Fue el jurista que comenzó con los procesos criminales en contra de los oficiales a cargo de la caminata mortal, pidiendo también indemnizaciones para las familias. Expresó que los honorarios fueron acordados con las familias.
Representar legalmente a más de 30 familias de una de las tragedias más grandes que han enlutado al país puede ser un gran desafío para cualquier profesional, más aún cuando se tiene que enfrentar al Ejército de Chile. Esa labor la tomó tras la caminata mortal que terminó con la vida de 45 soldados en la cordillera de Antuco.
Raúl Meza asumió la tarea después de la muerte de los soldados en este hecho que se ha transformado en la mayor tragedia del Ejército en tiempos de paz y que este 18 de mayo cumple 10 años.
Sin embargo, junto al desafío, también hubo una retribución económica. Meza habría recibido más de 500 millones de pesos por representar a estas familias en dos frentes; el primero de ellos referido a las acciones criminales contra quienes resultaron responsables del cuasi delito de homicidio múltiple por la muerte de los soldados; y el segundo por la indemnización de perjuicio para las familias.
El abogado dijo que las querellas criminales se presentaron ante el ministro en visita de esta causa, Juan Arab, quien era coronel de Justicia del Ejército en esa época -falleció en 2010- cuando se inició un largo proceso, el cual terminó luego de dos años con la condena de ocho oficiales.
Uno de ellos fue el mayor Patricio Cereceda, único condenado a una pena efectiva de cinco años y un día. De estos, solo tres los cumplió en la cárcel, pues luego se le otorgó la libertad provisional, lo que no fue bien recibido ni por el abogado Meza ni los familiares.
Pero dentro de este proceso también había que solicitar una indemnización al Estado de Chile, por perjuicio y el daño moral que la pérdida generó a los familiares de las víctimas, principalmente a sus padres y madres.
Éste fue el segundo proceso que llevó a cabo el abogado Meza y finalmente fue el que le trajo mayores créditos, ya que los honorarios que habría recibido serían del orden de los 565 millones de pesos.
La indemnización
Aquí se gestó un proceso de negociación directo con el Consejo de Defensa del Estado, en el cual este abogado fue uno de los patrocinantes.
Al respecto Meza dijo que le solicitó directamente a la presidenta de este organismo, Clara Szczaranski, la posibilidad de que el Estado no litigara desde el punto de vista civil cuando se determinara la responsabilidad de los oficiales en materia judicial, en el marco del proceso que llevaba el ministro en visita. Lo anterior, para evitar que el juicio se alargara por siete años.
Este fue uno de los puntos que pone más orgulloso al abogado, porque se logró concretar que el proceso culminara en una transacción donde se indemnizó a las familias en un monto que generó una reparación desde un punto de vista moral o ético, respecto del daño que se causó tras la muerte de los 45 soldados producto del viento blanco que azotó a la cordillera de Antuco cuando realizaron esta fatídica caminata.
Otra de las acciones que tomó importancia en este tema fue el ser recibidos por la presidenta Michelle Bachelet, quien ejercía en ese momento su primer mandato. El jurista, acompañado de siete madres de soldados fallecidos, se reunieron con la máxima autoridad del país, siendo ella quien finalmente intercedió para que se pagaran estas indemnizaciones, como explicó el abogado Meza.
En total fueron 2.180 millones de pesos los que recibieron las familias que representó el abogado Meza. En promedio cada una de ellas recibió entre 80 y 120 millones, dependiendo de la cantidad de personas que era acreedora de la indemnización en cada grupo. Por su parte, el jurista se habría embolsado el equivalente a cinco familias.
Sobre esto, el abogado dijo que los honorarios fueron acordados con cada una de las 32 familias a las que representó en estas causas, declinando referirse al monto total. Lo relevante, a su juicio, es que se lograron los objetivos finales; condenar a ocho personas y cumplir con un proceso de transacción, el cual era inédito en la historia judicial chilena.
Además expresó que estos honorarios no fueron sólo recibidos por él, ya que trabajó con un equipo de ocho abogados, quienes prestaron sus servicios profesionales en las distintas instancias judiciales que tuvo el caso.
Pensiones perdidas
Tres familias de soldados fallecidos en la tragedia de Antuco han perdido las pensiones que les entregaba el Ejército tras la muerte de sus hijos ese fatídico 18 de mayo de 2005, pensiones que, a la muerte de la madre del soldado, no fueron traspasadas al padre ni a ningún otro familiar.
Para el abogado, se debe a que esta medida que entrega el Ejército establece que cuando muere un funcionario le corresponde una pensión a la viuda. En este caso, como los conscriptos eran solteros, se le entregó a las madres.
De igual forma, el representante de las familias que perdieron a sus hijos en esta caminata mortal dijo que le parece inaceptable que el Estado desconozca un beneficio legal que evidentemente le corresponde como algún grado de reparación por el daño causado producto de la negligencia en que incurrieron funcionarios del Estado chileno.