Los soldados que “debían” estar preparados para ver morir a sus compañeros

Guillermo Claverie fue el hombre que se atrevió a tomar la representación de los sobrevivientes de Antuco cuando nadie más pudo o quiso hacerlo. Antes del 6 de enero de 2007, varios fueron los abogados que rechazaron llevar un caso difícil por donde se le mirara.

A una década de la tragedia, Guillermo revive una de las épocas más importantes de su carrera, donde un grupo de ex soldados llegó hasta él buscando analizar la posibilidad real de presentar acciones legales contra el Estado por el daño moral, físico y psicológico que se les ocasionó.

En conversación con Radio Bío Bío, Claverie relata que aceptó entendiendo todo el daño provocado a los jóvenes por una orden que debía cumplirse a pesar de los reparos realizados esa misma noche del 18 de mayo.

“Son hechos públicos y notorios que hubo negligencia culpable de parte de agentes del Estado, por lo que éste es responsable de las consecuencias”, señaló de manera tajante el abogado, quien si bien al comienzo debió enfrentar un proceso de desconfianza, insistió y las situaciones se aclararon a través de un trabajo transparente.

Esto no sólo lo dice él, también lo reafirman sus “muchachos”, quienes lo invitaron a marchar junto a ellos el sábado 16 de mayo, en una actividad íntima, sin autoridades, prensa o uniformados, que busca recordar a sus compañeros muertos y cerrar una de las peores experiencias en las vidas de los sobrevivientes.

“No tenían más de un mes de instrucción”

“Existen condenas de Fiscalía Militar y sanciones penales a quienes estaban a cargo de dirigir a los muchachos, que en su mayoría no tenía más de un mes de instrucción y no estaban preparados física ni psicológicamente para enfrentar lo que les tocó vivir, además la indumentaria para desarrollar la actividad indicada por los instructores no era la adecuada”, apunta Claverie.

Los jóvenes, agregó, resultaron con serios daños físicos y psicológicos. “Vieron morir a sus compañeros, con quienes no llevaban mucho tiempo en el servicio militar, pero compartían el ser de la misma zona, por lo que mantenían relaciones de vecindad, académicas o de amistad”.

Recalca que hubo un menoscabo desde el punto de vista moral, ya que cada vez que intentaban buscar empleo -sólo uno siguió en el Ejército- los discriminaban por ser sobrevivientes de la tragedia de Antuco.

Según el abogado, “cualquier potencial empleador veía un riesgo en eso. Además sufrieron estrés post traumático, intentos de suicidio, cayeron al alcohol o las drogas y además vieron truncado un sueño al inscribirse voluntariamente para realizar el servicio militar obligatorio”.

Demandas

Con estos antecedentes expuestos por Claverie, se reunieron las pruebas y presentaron la demanda por grupos.

La primera demanda contra el Estado se presentó a mediados del 2007 y fueron beneficiados 27 sobrevivientes. El Fisco fue condenado a cancelar $10 millones a cada uno de ellos, además de las costas del proceso judicial.

Uno de los principales argumentos utilizados fue el de las consecuencias físicas sufridas por el 95% de los jóvenes. Muchos de ellos quedaron de forma permanente con daños articulares, quemaduras en la planta de los pies y extremidades, además de otros múltiples padecimientos que se transformaron en marcas imborrables, las que no sólo se llevan en el alma sino también en el cuerpo.

El sobreviviente Óscar Jelvez Jara, uno de los beneficiados con la resolución judicial, destaca que el fallo se dio a conocer hace dos años y recién el 2014 recibieron el dinero. Respecto al monto cancelado, el ex conscripto -que ahora se desempeña como maestro en construcción de obras civiles- sostuvo que “para el tiempo que había pasado ya había perdido las esperanzas, por lo que peor es nada”.

Asegura eso si, que los dolores son un recuerdo constante de lo vivido, y que los chequeos médicos comprometidos no han sido exhaustivos. Sólo ha recibido “calmantes” como respuesta a sus malestares, dice.

Óscar Jelvez

El fallo de la segunda demanda se dio a conocer este año, tras un largo proceso judicial, donde además se aumentó al doble el monto concedido al primer grupo. Fue así como se condenó al Fisco a una indemnización de $20 millones por cada uno de los nueve afectados, además del pago de las costas.

Genaro Mora -carabinero actualmente-, quien fue beneficiado con esta acción legal, señala que la vida de cualquier soldado no tiene precio y cualquier dinero es poco, considerando que las secuelas físicas que hoy sufren a los 28 años se irán incrementando con el paso del tiempo.

En su caso particular padece intensos dolores en una de sus rodillas, lo que restringe su movilidad. Agrega que junto a sus compañeros han tenido que cargar con el estigma de que “están todos locos o ricos gracias a las indemnizaciones”.

Genaro Mora

Sobre la diferencia del pago que recibieron los demandantes, el abogado Guillermo Claverie esperaba una indemnización mayor, aunque reconoció que el país ha ido de menos a más en esta materia y agregó que aunque los argumentos utilizados fueron los mismos -las tres demandas se presentaron entre junio y septiembre del 2007- cada juez es independiente y no tiene porqué regirse por ningún parámetro dada la facultad que le concede las ley.

Respecto a la tercera demanda que presentaron un grupo de cinco ex soldados, se espera conocer la resolución dentro de este mes.

No obstante el Consejo de Defensa del Estado aseguraba en su defensa que las demandas no eran factibles porque ver morir gente era algo que podía ocurrir en la formación de un soldado, ninguno de ellos estaba preparado para lo que viviría esa noche y lo que ha tenido que enfrentar en estos 10 años.