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A una década de ocurrida la mayor tragedia del Ejército chileno en tiempos de paz, aún hay temas pendientes para los familiares de las víctimas, quienes manifiestan que la labor del Ministerio de Defensa ha sido ineficiente.
La presidenta de la agrupación de familiares de las víctimas, Angélica Monares, perdió hace diez años a su hermano, el suboficial Luis Monares. A su juicio, los distintos gobiernos que han encabezado al país desde el 18 de mayo de 2005 aún no han resuelto los temas pendientes.
Luis Monares -quien salvó la vida de seis soldados- murió junto a 44 conscriptos tras realizar una caminata en condiciones muy adversas, donde imperaba el viento blanco. Su hermana manifestó que hay familias que quedaron en el completo abandono luego de perder a sus hijos.
Monares junto a ex ministro Allamand y al ex subsecretario Ubilla
La mujer es la cara visible de la lucha de las familias de quienes perdieron a sus seres queridos producto de una decisión rodeada de descriterio.
Sus primeros acercamientos con la prensa y las autoridades fueron tímidos, pero con el tiempo, y enfrentada a una de las más estrictas ramas de las Fuerzas Armadas, no quedaba otra que pausar el dolor y sacar la valentía que hasta ese entonces era desconocida para ella. Poco queda de la mujer de 2005. Angélica es sinónimo de coraje.
La desprotección
Como presidenta de la agrupación, conoce cada caso y cada dolor, pues es el mismo que ella acarrea. Sin embargo, y de acuerdo a lo que detalla, actualmente hay tres casos que preocupan, ya que los progenitores han perdido la pensión que les entregaba el Estado debido a la muerte de la madre del soldado fallecido, dejando al padre sin este beneficio. En uno de los casos un adulto mayor es el afectado.
Presentando diversas razones, el Ejército ha avalado la determinación de poner fin al beneficio, lo que deja a estos familiares en la total desprotección.
El pasado 3 de diciembre, los familiares tuvieron una reunión en el Ministerio de Defensa. Según Monares, en la ocasión plantearon la situación de estos padres y recién hace una semana obtuvieron una respuesta de la cartera, desde donde se les informó que estaban “trabajando en ello”.
Angélica Monares (centro)
Esto no los satisface, agrega la presidenta de la agrupación, ya que por largo tiempo los gobiernos “se han dado vuelta en los mismos temas” y han hecho esperar a las personas sin resolverles sus problemas desde que perdieron a parte de su familia en el Ejército.
Tal como ocurre con el Programa de Reparación y Atención Integral de Salud a los Afectados por Violaciones a los Derechos Humanos -Prais-, las familias recibieron una tarjeta que los habilitaba a recibir atención gratuita en los recintos públicos.
Sin embargo, a diez años de la tragedia, las familias ven cómo este beneficio se desvanece, ya que nunca existió por parte del Estado de Chile un respaldo para la existencia de esa tarjeta, como un decreto que la avale.
Monares aún recuerda el compromiso de mejorar las condiciones para los familiares de las víctimas realizado por la presidenta Michelle Bachelet en su primer mandato. El tema, lamentablemente, se mantiene tal como hace una década; en la cuerda floja.
Archivo de Radio Bío Bío
Militares aún activos
La expresión en el rostro de Angélica cambia cuando es consultada sobre los militares involucrados en la caminata donde perdió a su hermano, principalmente porque sabe que cinco de ellos se mantienen en servicio activo.
Al respecto dice que ellos no deberían seguir ligados a esta institución por honor, principios y valores, expresando que lo que correspondía era aplicar la baja para todos.
Para la presidenta de la agrupación de familiares de las víctimas, es una desgracia que pasado el tiempo estos funcionarios hayan seguido tranquilamente su carrera, pese a la responsabilidad que les recae ante la muerte de estas 45 personas.
El papel del Ministerio de Defensa
El Estado, añadió Monares, debió recoger las necesidades de los soldados sobrevivientes y la situación de vida en la que ellos quedaron, lo que considera como una demostración más de lo cojo que está el país.
Para ella, el panorama sería otro y tanto los familiares como los sobrevivientes no tendrían ninguna queja si el Ministerio de Defensa hubiese actuado bien desde un principio. Sin embargo, afirma que desde dicha repartición del Ejecutivo “se dan muchas vueltas” y les señalan que existen puntos que, simplemente, no se pueden resolver. La explicación que les dan para esto es concisa: “la ley es muy añeja”.
La representante señaló que no le corresponde a los ciudadanos facilitarle las cosas a los ministerios para que resuelvan, ya que son ellos los elegidos para entregar respuestas y resoluciones a las necesidades de las personas. Por ello cree que la labor de la cartera que ahora lidera José Antonio Gómez ha sido deficiente.
Diez años ya quedaron atrás, y el frío de la caminata aún no ha mermado en los pensamientos de los familiares que sostienen no esperar nada de la justicia ni del gobierno. Eso sí, desean que los hechos como el ocurrido el 18 de mayo de 2005 no sean olvidados para evitar que tragedias como ésta se repitan.
Agencia UNO
