El doctor Juan Manuel Toso, futuro subsecretario de Redes Asistenciales, sabe bastante de convenios entre establecimientos educacionales y recintos públicos de salud. Durante los últimos cuatro años, ha sido el director de campos clínicos de la Universidad Diego Portales (UDP), desde donde ha gestionado para los alumnos de las distintas carreras de salud los espacios y cupos que requieren para realizar sus clases prácticas de pregrado y de especialización en diversos hospitales y consultorios. Un trabajo del cual ya tenía amplia experiencia, pero desde la otra vereda: primero como director del Hospital El Pino, cargo que ocupó por cuatro años, y luego, entre 2011 y 2014, como director del Servicio de Salud Metropolitano Sur (SSMS).

Fue precisamente uno de los convenios que se gestionaron durante ese último período el que le costó una sanción ética por parte del Colegio Médico y la apertura de un sumario administrativo.

La primera alerta de posibles anomalías llegó al Tribunal de Ética del Colegio Médico en agosto de 2014, con la denuncia que presentó el dermatólogo y académico de la Universidad de Chile, Nelson Navarrete. Al poco tiempo se sumaría como denunciante la Sociedad Chilena de Dermatología (SOCHIDERM). Acusaban graves irregularidades en la creación a fines de 2013 del Servicio de Dermatología en el Hospital El Pino y en el proceso de selección de becados de la Universidad de Santiago (USACH). Se basaban en que varios de los beneficiados con esa beca eran parientes directos de docentes de ese mismo plan de especialización y de autoridades del SSMS, entre ellos, el mismo Toso.

En efecto, Stefania Toso, hija de la entonces máxima autoridad del SMSS, estaba entre los seleccionados. También Gabriela Morán, hija de la dermatóloga del hospital María Graciela Cárdenas; y los hermanos Alfredo y Sebastián Cardemil, hijos del doctor Alfredo Cardemil, dermatólogo con contrato en el mismo recinto hospitalario. Todos se vieron favorecidos por asignación directa, sin un concurso público de por medio.

Los antecedentes dieron origen a un juicio que se tramitó por más de dos años en los tribunales de ética del Colegio Médico y que involucró a tres profesionales: Juan Manuel Toso por su calidad de director del SSMS; Francisco San Miguel, que por esa época dirigía el Hospital El Pino; y Rodrigo Loubies, docente de dermatología en ese establecimiento.

El Tribunal Regional de Ética de Santiago falló en primera instancia contra los tres por haber infringido el Código de Ética de los médicos. San Martín y Loubies apelaron a esa resolución. El primero terminó sólo con una amonestación por no haber dado aviso de que se estaba beneficiando, sin concurso, a la hija del director del servicio y de otros docentes del programa, lo que involucraba fondos públicos. El segundo salió absuelto de toda responsabilidad.

Pero con Toso, que no se presentó en ningún momento durante el proceso, se mantuvo la sanción de censura, que según un comunicado publicado en la web del Colegio Médico, consiste en “la reprensión por escrito y con publicidad por su conducta contraria a la ética profesional”. Entre las sanciones contempladas en el código, es la segunda menos grave. En su caso, no había atenuantes: Toso no sólo era la autoridad superior del referido servicio, sino que además su propia hija se había visto beneficiada con la beca.

Fueron cuatro los artículos del Código de Ética que, a juicio del tribunal, el futuro subsecretario infringió: aquel que los obliga a “observar un comportamiento acorde con la moral, el decoro y el prestigio de la medicina”; el que dice que deberán “obrar siempre con honradez y buena fe”; otro donde se señala que su “preocupación preferente será prestar su colaboración al progreso de la ciencia y sus acciones deberán ser destinadas a elevar el nivel de la salud del país”; y un cuarto donde se establece que “todo médico a quien corresponda intervenir, en virtud de sus funciones, en el nombramiento o exoneración de un colega, tanto en el sector público como en el privado, como, asimismo, en su calificación o ascenso, deberá actuar con justicia, respetando la dignidad de aquél y las normas legales vigentes”.

Los otros médicos cuyos hijos se vieron beneficiados no fueron sancionados porque no están asociados al Colegio Médico.

La revisión de la Contraloría

Al mismo tiempo que los tribunales éticos revisaban los antecedentes, la SOCHIDERM recurrió a la Contraloría para que investigara las posibles irregularidades y las responsabilidades administrativas. Tres meses después, en enero de 2015, el organismo fiscalizador emitió un dictamen donde se ordenó una auditoría al Hospital El Pino y se puso en consideración una indagatoria en la USACH, “dado que lo informado por esa casa de estudios no resulta suficiente para esclarecer los hechos”.

La auditoría sobre el hospital se llevó a cabo y derivó en un informe que se publicó en febrero de 2016 (ver informe). Si bien allí no se menciona directamente a Juan Manuel Toso, se ratificó la denuncia de la SOCHIDERM respecto a las irregularidades en la asignación de las becas.

Cuando se le preguntó al hospital sobre las bases del concurso para seleccionar los becarios para el programa de especialización en dermatología, su entonces subdirector de Recursos Humanos respondió que no se había realizado ningún concurso porque, supuestamente, la asignación de esos cupos estaba ya incorporada en el convenio madre que regulaba la relación entre el hospital y la universidad pública, firmado en 2010 cuando Toso era aún su director (ver convenio).

Pero eso no era cierto. El mismo informe de la Contraloría señala que ese convenio nada dice respecto a becas de especialización en dermatología, por lo que no se podían considerar como una de las medidas de retribución acordadas y establecidas en ese contrato. Al contrario, se trata de beneficios de origen ministerial financiados con fondos públicos, a los que por normativa se accede a través de concursos abiertos, y que cubren los aranceles del costo de formación y los estipendios a pagar a dichos funcionarios.

Ante la consulta de la Contraloría, el mismo subdirector de Recursos Humanos del hospital señaló que los médicos beneficiarios fueron ingresados por el Ministerio de Salud a petición del director del servicio de la época, es decir, el doctor Juan Manuel Toso. Señala que fue bajo la modalidad “captados”, algo que “era de común usanza en ese entonces”.

El Hospital El Pino ordenó la apertura de un sumario administrativo en marzo de 2015. Radio Bío Bío se comunicó con el establecimiento para conocer el resultado de ese sumario, sin embargo declinaron dar una respuesta y señalaron que cualquier información sólo entregaría mediante una solicitud de Ley de Transparencia.