Operación Huracán III: Los informes secretos que ponen en duda la investigación

El último día de febrero, el abogado Darío Chacón pidió a la Fiscalía Militar de Iquique que modificara la medida cautelar que pesaba desde hacía más de dos meses contra su cliente, el excabo de Carabineros Felipe Machuca. Por medio de un escrito, no solicitaba que lo liberaran, sino que lo dejaran con arresto domiciliario en vez de prisión preventiva. Eso, aseguró, “garantizará la ubicación y permanencia de mi representado y no entorpecerá la labor investigativa de vuestra fiscalía”. No se trataba de una petición antojadiza: ya había indicios de que los antecedentes que lo inculpaban de haber participado en el robo y desaparición de 28 armas de fuego desde la Autoridad Fiscalizadora de la Primera Comisaría de Iquique, eran falsos.

Machuca cayó detenido pasado el mediodía del viernes 24 de noviembre de 2017. Eran exactamente las 12:30 y así quedó consignado en los registros oficiales de su detención por parte de funcionarios de la Dirección de Inteligencia Policial de Carabineros (DIPOLCAR). De forma simultánea, miembros de la misma unidad allanaban su casa en Alto Hospicio y se llevaban incautados dos celulares, cuatro pendrives, un notebook y una tablet. Los teléfonos, dice el acta de ese procedimiento, los enviaron para ser periciados a la Sección Criminalística de Carabineros “Cautín”. Se iban entonces a la IX Región, a La Araucanía, aunque de cierta forma ya habían pasado por allá.

Si el excabo apareció involucrado en el robo de las armas, fue porque su nombre figuró en dos informes preliminares que elaboró la Unidad de Inteligencia Operativa Especializada Araucanía (UIOE), con datos detallados de todas sus comunicaciones. Sus conversaciones, sus mensajes y los archivos que había enviado y recibido durante el último tiempo habían sido interceptados sin una orden judicial y sin que él lo supiera.

Pasaron cuatro días desde su detención. Machuca seguía encerrado e incomunicado, alegando inocencia. Recién entonces el fiscal militar Jaime Arriagada lo procesó a él y a otros dos carabineros que también fueron detenidos el mismo día y por el mismo motivo, basado en un preinforme pericial informático sobre la información que contenían sus celulares y que durante esa jornada, 28 de noviembre de 2017, le enviaron desde el Laboratorio de Criminalística de Carabineros (LABOCAR) en Temuco. El documento parecía lapidario e incriminatorio: había conversaciones de whatsapp e imágenes de pistolas, revólveres y municiones. A los tres los dieron de baja. A Machuca, decía el reporte, le encontraron cuatro fotos que habría enviado desde su whatsapp. Pero había ahí algo que no calzaba: todas habían sido enviadas el mismo día que lo detuvieron, pero más de dos horas después de su aprehensión, cuando el teléfono ya estaba en manos de Carabineros.

Lo que revelaba ese preinforme era grave. Para cuando el abogado Chacón accedió a esa información, la manipulación e implantación de pruebas por parte de la policía uniformada en el marco de la Operación Huracán ya era un escándalo a nivel nacional. Y todas las pistas indicaban que en la investigación del robo de armas en Iquique se había replicado el modelo de informes falsos, datos implantados y dudosos softwares utilizado por la DIPOLCAR. Incluso aparecían las mismas unidades y los mismos personajes involucrados: la UIOE Araucanía, el LABOCAR de Temuco, el excapitán Leonardo Osses y el asesor informático Álex Smith. Pero había una diferencia que hacía de éste un caso especial: aquí la trampa de Carabineros no era utilizada contra fiscales o supuestos terroristas mapuche, ni siquiera contra una supuesta amenaza externa, sino que sobre gente de sus propias filas.

“Ha sido público que en esta causa se usó el programa ‘Antorcha’, según lo que ha explicado el propio Álex Smith. Estamos frente a hechos preocupantes, pues mi defendido está siendo víctima de un montaje”, dijo por esos días Chacón a La Tercera.

Además de pedir el cambio en la cautelar del excabo Machuca, el abogado solicitó al fiscal militar nuevas diligencias. Entre ellas, una nueva pericia al celular de su defendido, pero esta vez a cargo de una entidad independiente y ajena a la polémica: la Policía de Investigaciones (PDI). Así se podría “establecer la veracidad de los mensajes enviados mediante mensajería whatsapp”, decía Chacón. Pero el fiscal Arriagada se negó. Aunque no justificó su rechazo a modificar la cautelar, sí su negativa a involucrar a la policía civil: aún estaba pendiente un informe del LABOCAR de Santiago.

En todo caso, Arriagada sí accedió a una cosa: le exigió al LABOCAR que en 24 horas extrajera las imágenes cuestionadas del celular de Machuca e hiciera una pericia para determinar cuándo fueron creadas, cuándo fueron enviadas y una explicación técnica del por qué en el preinforme original aparece la inconsistencia de las fechas. Al día siguiente, a petición de su defensa, el fiscal militar solicitó también que se hiciera ese mismo análisis sobre el origen de fotos supuestamente encontradas en los teléfonos de los otros dos funcionarios detenidos y acusados de robar las armas, los excabos Juan Carlos Farías y Heinz Gneiser.

Desde entonces han llegado a la Fiscalía Militar de Iquique distintos informes policiales que intentan desentrañar la trama que se articuló tras el llamado Caso Armas, hoy también conocido como Operación Huracán III. Elaborados por diferentes unidades de Carabineros, todos llevan en su primera página el rotulado “Secreto”. Radio Bío Bío accedió a esos documentos, y aunque aún hay análisis pendientes, las inconsistencias ya empiezan a quedar en evidencia.

De fotos posteriores, fechas cambiadas y una pobre explicación “técnica”

En la carátula del documento lo primero que destaca es una imagen: un microscopio detrás de dos carabinas cruzadas de cuyos extremos cuelgan balanzas perfectamente equilibradas, el logo del LABOCAR. Poco más abajo, en letras grandes y negras, el título que dice “Informe Pericial de Informática Forense N° 989-2018”. Se trata del análisis que el fiscal militar solicitó con urgencia a la unidad en Santiago tras la petición del abogado Darío Chacón y que en sólo unos días, el 5 de marzo, ya tenía en su despacho.

VER INFORME DE LABOCAR SANTIAGO:

Allí se explica que tras fotografiar el celular del excabo Felipe Machuca y describirlo físicamente, se extrajo su información a través de un software especializado para pericias forenses de aparatos móviles llamado UFED, desarrollado por la empresa israelí de inteligencia digital Cellebrite. Fue así que entre más de 19.700 registros se hallaron no cuatro, sino ocho imágenes de armas de fuego, municiones y cargadores alojadas en las carpetas de archivos enviados y archivos temporales de whatsapp. Los registros dan cuenta de que todas presentan fecha de creación, modificación y último acceso el 24 de noviembre de 2017, el mismo día que el funcionario policial fue detenido. Y si bien el informe no se refiere de forma explícita a una manipulación ni a implantación de datos, sí ratifica las inconsistencias: las primeras cuatro fotos figuran creadas entre las 17:28 y 17:29 horas de esa jornada, cuando Machuca llevaba aislado ya cinco horas en un calabozo y sin acceso a su celular; las cuatro restantes fueron creadas tres horas después.

Respecto a la explicación técnica que solicitó el fiscal Arriagada sobre por qué el reporte original enviado desde Temuco presentaba fechas y horas posteriores a la detención del dueño del celular, el informe sólo dice que es porque “los archivos detallados en el numeral 4.1 registran fecha de creación, modificación y último acceso el día 24.11.2017 en los horarios ahí señalados”. En otras palabras, porque es la única información que registran esos archivos.

El análisis también recoge la existencia de otras 12 imágenes de pistolas y cargadores que “podrían tener relación con los hechos investigados”, entre las que se cuentan nueve con fecha de creación entre septiembre y octubre de 2017, previo incluso al robo de las 28 armas de la comisaría en Iquique. Aun así, la capitán Karin Pacheco, la perito forense que firma el documento, señala que con los antecedentes disponibles, “no es posible establecer origen, fecha y hora (de ninguno de los archivos analizados), ya que sólo se mantienen registros temporales y de envío de los mismos”.

La perito también señala que a pesar de que el aparato mantiene su configuración horaria, “no es posible descartar que en algún momento se haya modificado”. Esto porque, tal como anticipó un reportaje de The Clinic, el cronograma del teléfono móvil de Machuca registra una especie de viajes al futuro, con fechas del año 2527. En esa misma ubicación, el análisis detectó al menos 157 registros actividad entre los dos días posteriores a la detención de los carabineros por parte de la DIPOLCAR. No se entregan detalles de qué tipo de actividades se trata.

En rigor, el de la capitán Pacheco fue el primer análisis forense real que se practicó al teléfono del excabo Machuca. Porque el preinforme que se envió desde Temuco a fines de noviembre no cumplía con esas características. Es más, ni siquiera se habrían despachado hacia La Araucanía los celulares incautados, sino que sólo un disco duro con la información que el capitán Leonardo Osses y Álex Smith habrían extraído personalmente de los aparatos en una visita que hicieron a Iquique para demostrar la eficiencia de los softwares ‘Antorcha’ y ‘Tubicación’ (ver reportaje en CIPER). Con esas herramientas se habrían realizado los informes previos de la UIOE Araucanía que se usaron para justificar la detención de los tres carabineros supuestamente involucrados en la pérdida de las armas.

Sobre esos últimos reportes, Pacheco señala: “Esta perito desconoce la metodología de trabajo y el hardware y/o software utilizados para su realización, por lo que no es posible emitir algún tipo de acotación al respecto”.

Idas y venidas de un disco duro

Osses y Smith fueron los primeros en acceder a los celulares que les incautaron a los cabos Machuca, Farías y Gneisser. Viajaron a Iquique y fueron ellos quienes personalmente extrajeron la información que contenían a través del equipo Oxygen y la pusieron en un disco duro de un terabyte. Dejaron una copia en poder de la SIPOLCAR de Iquique el 25 de noviembre de 2017 y llevaron otra de vuelta al sur para que el LABOCAR de Temuco confeccionara el preinforme que días después le enviaron al fiscal militar y que le sirvió para someter a proceso a los supuestos ladrones de las 28 armas.

El suboficial (r) Esteban Infante, director de la Defensoría Policial Solidaria Ecuánime, empezó a formar parte de esta historia de forma indirecta, asumiendo la defensa del excabo Juan Carlos Farías. Era diciembre de 2017, y por esos días, los únicos antecedentes de un posible montaje eran los testimonios de los inculpados, que alegaban inocencia, y una carta anónima que decía que todo se había armado para proteger a altos oficiales, los verdaderos responsables tras las armas desaparecidas. Poco después, cuando Infante tuvo acceso al sumario, vio que su nombre y su teléfono aparecían en supuestas conversaciones interceptadas. Fue entonces que se convirtió también en denunciante, pues alega que todo eso era falso.

“Fui a hablar con el cabo Marcos Sanhueza y el sargento Marvin Marín, que firman como peritos forenses ese preinforme del LABOCAR de Temuco. Les pregunté por qué me habían involucrado, si yo nunca había hablado con esas personas. Ni si quiera las conocía. Ellos me reconocieron que no tenían ninguna formación como peritos, que no hicieron ningún análisis y que agarraron lo que les pasó el capitán Osses, quien les ordenó que sólo le dieran el formato de un informe del LABOCAR. Que sólo hicieron un copy paste”, dijo Infante a Radio Bío Bío.

Infante, que también asumió la defensa de Gneisser, se contactó después con Smith, quien le reconoció que los informes donde aparecen las supuestas conversaciones que lo involucran no cumplen los protocolos mínimos para ser informes forenses. En un video que grabaron juntos en Iquique a comienzos de marzo, cuando Smith fue a declarar ante el fiscal militar -declaración que se mantiene en un cuaderno secreto-, el asesor informático apodado como “el profesor” lo ratifica: “Esto, técnicamente, no es un peritaje forense. No tiene el formato de Oxygen. Hasta podría estar manipulado. Hay que chequear si es real o no”.

Después de eso, el disco duro volvió a tomar relevancia en la investigación. El lunes 5 de marzo, el mismo día que el fiscal militar recibió el informe pericial del LABOCAR de Santiago, el mayor Hardy Mansilla, de la SIPOLCAR de Iquique, le envió un oficio secreto junto al disco duro que Osses y Smith dejaron como respaldo en esa ciudad. De inmediato Arriagada lo derivó hasta el LABOCAR de Iquique para que se le practicara una pericia forense a toda la información que contuviera, especialmente a las conversaciones en redes sociales, fotos, audios y videos.

Pasaron dos días y el informe de LABOCAR de Iquique, también rotulado como “Secreto”, ya estaba en el escritorio del fiscal Jaime Arriagada (ver informe). Pero no era concluyente. Sólo decía que se habían encontrado en su interior dos carpetas con información de los celulares incautados: una correspondía al de Felipe Machuca y la otra al de Heinz Gneisser. Todo se respaldó y se comprimió en 12 DVD. Hecho eso, comenzó el análisis. Aparecieron archivos de diferentes formatos, algunos encriptados, y ahí surgieron los problemas.

“Si bien es cierto que esta Sección Especializada cuenta con la implementación tecnológica para realizar pericias del tipo informático, no mantiene software para lograr ejecutar este tipo de archivos, razón por la cual no es posible dar cumplimiento a su requerimiento. En tal sentido, se sugiere la remisión de la evidencia antes descrita al Departamento de Criminalística de Santiago, con la finalidad de que la pericia sea realizada por profesionales que puedan ejecutar el citado programa y de esta forma acceder a la información requerida”, señala el informe.

Así hizo el fiscal Arriagada y le dio al LABOCAR de Santiago 20 días hábiles para enviar su informe. Un documento que aún no ha sido entregado, aunque los plazos están prontos a vencer.

Ante los nuevos antecedentes, Darío Chacón volvió a insistir en que se cambiara la medida cautelar del excabo Felipe Machuca, que ya llevaba más de tres meses en prisión preventiva. Esta vez, por medio de una apelación ante la Corte Marcial. Pero de nuevo no tuvo éxito y días después tanto Machuca como Farías y Gneisser fueron notificados de que seguirían privados de libertad. Al momento que se publica este reportaje, aún siguen en esa condición, aunque sus defensas juegan ahora otras cartas en otro terreno: el de la justicia ordinaria.

Armas perdidas en medio del Huracán

Cuando por primera vez el fiscal militar rechazó cambiar la cautelar de Machuca, su abogado decidió trasladar el campo de batalla. Por eso presentó una querella en el Juzgado de Garantía de Iquique contra todos quienes resulten responsables por obstrucción a la investigación. Entregó todos los antecedentes a su disposición. De esa forma, la investigación del robo de las armas se quedaba en la Justicia Militar, y la manipulación o implantación de pruebas, se alojaba como una investigación penal aparte en un tribunal ordinario. Pero como todo partió con los informes elaborados en Temuco, a más de 2.400 kilómetros de distancia, el juez Vicente Muratori se declaró incompetente y mandó la querella hacia los tribunales de allá. Lo del Caso Armas pasaba a ser oficialmente parte de las investigaciones por las irregularidades tras la Operación Huracán.

No es el único que hizo esa movida. También lo hizo Infante, que se querelló en Temuco por las escuchas ilegales en su contra. Ahora todo eso lo investiga el fiscal regional de Aysén, Carlos Palma, especialista en causas de corrupción pública.

A mediados de marzo, Palma viajó a Iquique y allanó las oficinas de la SIPOLCAR de esa ciudad y se llevó varios documentos ligados al Caso Armas. Pero a diferencia del fiscal militar, el persecutor del Ministerio Público ha actuado en conjunto con la PDI y su Brigada de Investigaciones Policiales Especiales (BIPE), dejando fuera de la investigación a Carabineros. Tomaron declaraciones a distintas personas y accedieron a toda la evidencia que tiene que ver con los informes y pericias sobre la desaparición de las armas. Como ya tenía en su poder la carpeta de la Fiscalía Militar, descartó por el momento tener que citar a declarar al fiscal Arriagada personalmente.

Según señaló a Radio Bío Bío, Chacón confía en que durante la próxima semana esté listo el nuevo informe pericial que el fiscal Palma encargó sobre el teléfono de Machuca, esta vez a cargo de la PDI. Cree que ahí estará la clave que le permitirá presionar para que por fin se revoque su prisión preventiva. Lo que suceda, en todo caso, todavía no está claro, ya que el fiscal ha mantenido su investigación bajo estricto secreto.

Mientras todo eso ocurrido, pocas novedades han surgido respecto al hecho que dio origen a toda esta historia: la pérdida de 27 pistolas y un revólver desde la Primera Comisaría de Iquique.

Dónde están las pistolas

Todo partió a fines de octubre del año pasado: un arqueo ordenado por el jefe de la comisaría, el mayor Ramón Prost, detectó que en la bodega faltaban algunas armas. No eran de uso policial, sino piezas que estaban bajo custodia de Carabineros y que había sido derivadas por los tribunales, el Ministerio Público o incluso civiles que las entregaban de forma voluntaria. Y aunque pronto aparecieron supuestos responsables, su rastro se esfumó.

Sin embargo, dos ya aparecieron. Así da cuenta un informe reservado que envió a comienzos de marzo el OS-9 de Tarapacá al fiscal militar que investiga el robo.

Un día después de que los policías imputados fueran procesados, carabineros de Alto Hospicio detuvieron un vehículo para hacer un control. Había dos personas en su interior: Víctor Rojas, que conducía, y su medio hermano Mauricio Valenzuela, que iba de copiloto. Éste último parecía ocultar algo bajo su ropa. Los policías lo revisaron y le encontraron 12 bolsas pequeñas con droga y una pistola. A él lo lograron reducir y detener, pero no a Rojas.

Según dice el informe, Valenzuela se dedica al microtráfico en Alto Hospicio e Iquique, y llevaba un arma para su protección personal. De hecho, en ese mismo momento iba a una entrega. En su celular había dos fotos de pistolas como esa: una Taurus modelo 809-E de 9 mm, con un cargador de 17 cartuchos que cuando se la quitaron no había sido percutido. Los policías presumen que la otra la tenía su hermano y que por eso huyó.

Su pistola no era de él. Al revisar el número de serie, que aún mantenía intacto, Carabineros verificó que tenía encargo por hurto, fechado el 17 de octubre de 2017. Era una de las armas perdidas desde la Comisaría.

La investigación siguió e interrogaron en diciembre a su suegra. Fue ella la que reveló al OS-9 que fue el “Sonwa” quien le vendió las dos armas a Valenzuela y Rojas. El hombre bajo ese alias hacía poco había estado involucrado en una balacera en la calle y los policías parecían conocerlo bien, o al menos eso da entender el informe. Ahí lo identifican como Bastián Cortés, “un delincuente conocido por esta Sección Especializada”.

La segunda arma recuperada fue una Glock negra y con su respectivo cargador que dos días antes de navidad le quitaron a Michael Torres. A él lo detuvieron por posesión, tenencia y porte ilegal de arma. No se indica cómo ni cuándo llegó esa pistola a su poder.