Masones, jueces y notarios: La historia tras la tensa última semana de Campos y Bachelet

La primera semana de marzo el diputado comunista Hugo Gutiérrez tomó su teléfono y llamó al Ministerio de Justicia para preguntar por un indulto. No se trataba de uno cualquiera. Era el de Tamara Sol Farías Vergara, la sobrina de Rafael y Eduardo Vergara Toledo, los dos miristas de Villa Francia que en 1985 fueron asesinados por una patrulla policial. El crimen se conoció como el caso de los “Hermanos Vergara Toledo” y cada 29 de marzo se conmemora con una jornada de protesta callejera nocturna: el Día del Joven Combatiente.

La sobrina de ambos hermanos creció marcada por esa historia. El 21 de enero de 2014, con 24 años de edad, Tamara Farías Vergara entró a un BancoEstado de Estación Central y realizó cuatro disparos en contra del único guardia de seguridad del recinto. “Venganza”, gritó al emprender su huida. Un mes antes, un amigo suyo murió cuando intentaba robar otro BancoEstado en Pudahuel. Tamara lo estaba vengando ese 21 de enero. Pero el mismo día fue apresada y luego condenada a siete años de cárcel por homicidio frustrado y hurto calificado.

La historia de Tamara, y la carga familiar por la muerte de los hermanos Vergara Toledo, movilizó a personas ligadas al mundo de los derechos humanos, incluido el diputado Gutiérrez. Se solicitó un indulto y la expresidenta Michelle Bachelet pidió al entonces ministro de Justicia, Jaime Campos, la carpeta con antecedentes del caso. Tras un análisis, el Gobierno estuvo de acuerdo con indultarla o, al menos, parte de él. Campos, igual como lo haría con el exmiembro del Frente Patriótico Manuel Rodríguez (FPMR), Jorge Mauricio Mateluna Rojas, dilató el proceso. Campos, pese a las indicaciones de la Presidencia, no estaba de acuerdo con indultar a personas con sentencias ejecutoriadas y así se lo hizo saber a varios miembros de su equipo que conversaron con Radio Bío Bío.

El lunes 5 de marzo Campos recibiría otra instrucción desde La Moneda: retirar el nombramiento de Alberto Ortega como notario de San Fernando que había hecho el viernes, y designar en su lugar a Luis Toledo, exfiscal regional de O’Higgins y del Caso Caval. Esta vez el ministro no dilataría el trámite, pero sí advertiría a la Presidencia los efectos de una designación como esa, pues Toledo había investigado a la familia de Bachelet por ese caso. Pero la respuesta fue clara: “no hay ningún compromiso adquirido con Toledo”.

Campos había dilatado los indultos para no entrometerse en las sentencias del Poder Judicial. Eran sentencias ejecutoriadas y no había razones humanitarias de por medio en ninguno de los dos casos. El viernes 9 de marzo envió informes a La Moneda explicando esos mismos motivos. Pero lo de Toledo, pese a su advertencia, lo veía como una decisión política y administrativa.

Varias fuentes que participaron del pasado gobierno y hablaron con Radio Bío Bío apuntan a Ana Lya Uriarte, exjefa de gabinete de Michelle Bachelet, como la encargada de contactar a Campos y pedirle que revisara los indultos y el nombramiento de Toledo. En privado, Uriarte lo ha negado, pero lo concreto es que los llamados desde La Moneda no terminarían ahí. La semana pasada nuevamente habría comunicación entre la Presidencia y el Ministerio de Justicia. Esta vez sería por Punta Peuco.

El decreto que nunca existió

Un día después de que Campos hiciera el enroque de notarios en San Fernando, Michelle Bachelet aparecía en televisión y dejaba nuevamente abierto un posible cierre del penal Punta Peuco, centro de reclusión donde cumplen condena militares y agentes del Estado que violaron los derechos humanos en la dictadura. “Quedan cinco días (de gobierno) y yo no hago anuncios por la prensa. Ahí se verá”, dijo Bachelet en el programa ‘Las Caras de La Moneda’, que emitió el martes 6 de marzo Canal 13.

El miércoles 7 de marzo, por la mañana, Campos comentó con sus colaboradores que la Presidenta nuevamente dejaba el tema en el aire y que él no estaba disponible para realizar los indultos ni cerrar Punta Peuco. No a días del término del gobierno, al menos. El viernes 9, de acuerdo a un artículo del diario La Tercera, Campos se habría negado a firmar un decreto que emanó desde la Presidencia, con la rúbrica de Bachelet, y que establecía traslado de los internos de Punta Peuco a la cárcel Colina I. Pero la historia parece ser más compleja.

El cierre de Punta Peuco, o el traslado de sus internos, debía comenzar al revés, por su camino natural. Es decir, por el propio Ministerio de Justicia. Campos debía elaborar el decreto, firmarlo y luego enviarlo a Bachelet para que lo visara y enviara a Contraloría. Pese a la voluntad de la Presidencia, Campos nunca llegó a elaborar dicho decreto.

“Aunque tardía, sí hubo una voluntad política de la Presidencia por el cierre del penal”, dice una alta fuente que conoció los detalles del proceso. “Pero dada la forma y el tiempo, el ministro Campos no ejecutó dicha voluntad”.

Recién ayer Campos confirmó que nunca existió dicho decreto. “Yo me retiré físicamente del Ministerio de Justicia el día viernes pasado a las cinco de la tarde. Hasta esa hora, de ese día, yo no recibí ningún decreto ni proyecto de decreto vinculado con Punta Peuco ni con nada”, dijo Campos, tras las acusaciones de boicot a los supuestos planes de Bachelet. El nuevo ministro de Justicia, Hernán Larraín, manifestó lo mismo y agregó que la actual administración no tiene entre sus planes el cierre de Punta Peuco ni el traslado de sus reos.

Una cuenta pendiente

En el interior del Ministerio de Justicia, a horas del cambio de mando presidencial, la teoría en torno a la negativa de Campos de elaborar los decretos relativos a Punta Peuco y a los indultos apuntaba a un hecho subterráneo, que sólo se ha comentado en reserva en los pasillos del Poder Judicial. Se trata de la designación de dos ministros de cortes de apelaciones que Bachelet no quiso cursar, pese a que Campos los aprobó.

El primero fue Luis Rolando del Río Moncada, juez titular del Tribunal Oral en lo Penal de Coyhaique, quien fue nominado por la Corte Suprema en la terna, a fines del año pasado, para asumir como ministro de la Corte de Apelaciones de Valdivia.

Del Río había sido voto en minoría del caso de Nabila Rifo y estuvo por absolver a Mauricio Ortega, pareja de la mujer, como autor de los delitos de violación de morada en grado consumado, femicidio en grado frustrado y lesiones graves gravísimas. En el fallo, Del Río dijo “no haber adquirido convicción, más allá de toda duda razonable, que sea el autor del delito o los delitos por los cuales se le acusó”.

El otro nombramiento de Campos frustrado por Bachelet fue el del Christian Alfaro Muirhead, juez del Primer Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Santiago, nominado para la Corte de Apelaciones de Santiago. Alfaro había sido juez Oral en lo Penal de Temuco y fue el redactor del fallo que condenó a Aniceto Norín Catrimán por delitos calificados de terroristas en aplicación de la Ley 18.314, también conocida como Ley Antiterrorista. El caso también involucró a otros siete comuneros mapuche.

Los hechos por los que condenaron a los comuneros ocurrieron entre 2001 y 2002, entre la VIII y la IX región. Se les acusó del incendio de un predio y de la quema de un camión de una empresa privada. En 2014, el caso tuvo un vuelco total en la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), organismo que condenó a Chile, por primera vez, por violaciones de derechos humanos cometidas contra integrantes del pueblo Mapuche.

En el interior del Ministerio de Justicia no está claro si influyó en Campos que ambos jueces estén ligados a la masonería, al igual que él. Pero el rechazo de la Presidencia era conocido, dado los antecedentes de ambos en los casos antes mencionados.

Santos en la corte

Mientras el tira y afloja entre Campos y Bachelet se agudizaba, un alto funcionario del Ministerio de Justicia barajaba sus propias cartas. Ignacio Castillo, jefe de la División Jurídica, había llegado a su cargo en 2015 luego que la entonces ministra de Justicia, Javiera Blanco, lo designara ahí. El 24 de enero pasado, la pareja de Blanco, el senador Pedro Araya, presidió una comisión bicameral en el Congreso que designó a Castillo como nuevo secretario ejecutivo del Consejo Resolutivo de Asignaciones Parlamentarias.

El 29 del mismo mes, Castillo apareció en un decreto del Ministerio de Justicia como candidato a abogado integrante de la Corte de Apelaciones de San Miguel (revisa acá el documento). Campos había aprobado su nominación, tras consulta del mismo Castillo. Por ello, y como una forma de limitar el conflicto de interés, el decreto finalmente lo firmó la presidenta Bachelet y Gabriel de la Fuente, el ministro secretario general de la Presidencia.

La designación de Castillo como abogado integrante de la Corte de Apelaciones de San Miguel aún está en revisión de la Contraloría General de la República (CGR), organismo del cual es un viejo conocido. Como jefe de la División Jurídica del Ministerio de Justicia, le tocó ser el responsable del reglamento penitenciario y del reglamento orgánico del mismo ministerio. El primero lleva meses en estudio en la CGR y el segundo ha sido observado y tras casi dos años, aún no tiene visto bueno.

Radio Bío Bío intentó contactar ayer en reiteradas ocasiones a Castillo. Sin embargo, el exfuncionario del Ministerio de Justicia no contestó los llamados.