Informe devela irregularidades en cambio de oficinas de ENAP y grave conflicto de interés

A principios de diciembre de 2017, unos 400 trabajadores de la Empresa Nacional del Petróleo (ENAP) tomaron sus cosas y abandonaron las oficinas que tuvieron durante las últimas dos décadas en la Torre Vitacura, a metros del Costanera Center. Era una mudanza que ya se venía preparando desde hacía más de un año, cuando se anunció públicamente que la empresa estatal pretendía vender el inmueble que tenía a través de un leasing y buscar un nuevo edificio donde establecer su matriz. El anterior, decían, les quedaba chico, era oscuro y tenía problemas con el sistema de climatización y ventilación. Ahora estarían en un nuevo lugar, supuestamente más cómodo y amplio.

El cambio los llevó a instalarse a sólo unas pocas cuadras de distancia, en el edificio ubicado en Apoquindo 2929, en el exclusivo Barrio El Golf, en Las Condes. Allí ocupan un espacio de 5.400 metros cuadrados repartidos en ocho pisos, además de 120 estacionamientos. No lo compraron, sino que se lo arrendaron a la empresa El Bosque 90 SpA por los siguientes 15 años. El problema es que hay antecedentes que apuntan a que esta operación no resultó conveniente ni para la petrolera estatal ni para sus trabajadores, como sostuvieron sus ejecutivos en su minuto.

Radio Bío Bío accedió a un informe elaborado por la Contraloría General de la República (CGR) y fechado el 30 de enero pasado -pero liberado recién esta semana-, en el que da cuenta de múltiples inconsistencias respecto a la venta del anterior edificio corporativo de ENAP y, junto con ello, del contrato de arriendo de las nuevas instalaciones (ver informe de la Contraloría).

Una de las observaciones más relevantes que realizó la CGR tiene que ver con el precio de venta del inmueble antiguo frente al valor del arriendo de las oficinas nuevas. En concreto, mientras la enajenación alcanzó un valor de US$ 18,3 millones, el posterior alquiler implica un desembolso total de US$ 26,6 millones. A ello se suman los cerca de US$ 5,8 millones adicionales que ENAP debió invertir para habilitar las nuevas oficinas. En otras palabras, se deshicieron de un activo fijo para luego firmar un contrato de arrendamiento que en los 15 años que dure le significará a la petrolera gastar un 44% más de lo que obtuvo con la venta de su antiguo edificio corporativo. Y como el contrato no estipula una opción de compra, cumplido ese plazo, la empresa quedará sin nada y deberá buscar una nueva locación o un nuevo acuerdo con los propietarios.

Lo que más llama la atención es que si bien ENAP pagará mucho más, las nuevas instalaciones son bastante más pequeñas que las antiguas. Es cierto que en ambos edificios han ocupado ocho pisos, pero si antes, en la Torre Vitacura, contaban con una superficie de 6.893 metros cuadrados, ahora, en Apoquindo 2929, tienen tan sólo 5.400 metros cuadrados. La diferencia no es menor: el espacio que ahora usan tiene 1.493 metros cuadrados menos, o sea, le falta una quinta parte de lo que dejaron. También perdieron estacionamientos: antes tenían 184 pero ahora apenas tienen 120.

No fue lo único que cuestionó el organismo fiscalizador que lidera Jorge Bermúdez. El informe también revela que, a pesar de que el reglamento de ENAP establece que para la compra y venta de inmuebles se requiere un acuerdo explícito con el voto favorable de al menos cuatro directores, en esta operación ese documento no existió. Tampoco habría antecedentes técnicos o de otro tipo que permitan respaldar y acreditar los motivos que se invocaron para echar a andar el plan de mudanza y justificar la venta del edificio.

También se indagó en otras áreas de la petrolera. Al revisar la ejecución del plan de inversión del año 2016, se detectó una serie de desórdenes y falta de control en el manejo de recursos de varios proyectos y en los horarios y horas extras de un grupo de trabajadores. El informe además revela un grave conflicto de interés que involucra a la directora de ENAP, María Isabel González, y un contrato por más de $130 millones que se adjudicó la sociedad Dueik S.A., cuyas dueñas son sus dos hijas y donde su ex esposo es gerente general. Ni ella ni la empresa transparentaron el vínculo de parentesco, a pesar de que hubo instancias para hacerlo. Según el reporte de la CGR, los antecedentes fueron enviados al Ministerio Público para que se investigue la posible existencia de delitos.

La aparición de este informe llega justo en un momento en que han tomado fuerza las sospechas de irregularidades en varios de los negocios y operaciones que ha realizado ENAP. Durante los últimos meses, la Federación Nacional de Sindicatos de Trabajadores del Petróleo (Fenatrapech) ha realizado diversas denuncias que apuntan a supuestos arreglos de los directivos, contratos viciados y mala gestión de los recursos, lo que ha provocado que la empresa alcance niveles alarmantes de deuda al tiempo que realiza gastos excesivos. Por eso mismo fue que el 10 de enero pasado llegaron hasta la Comisión de Minería y Energía de la Cámara de Diputados, donde expusieron, entre otras cosas, sobre las dudas que tenían acerca del cambio de edificio corporativo y aparentes irregularidades en la estandarización de la imagen corporativa y en los negocios de las plantas de hidrógeno (ver exposición).

Tras escuchar los antecedentes, algunos diputados expresaron la posibilidad de abrir una comisión investigadora para indagar las denuncias. En todo caso, la decisión de si se crea o no se tomará durante marzo, una vez que comience un nuevo período legislativo. Y será entonces que los datos revelados por este informe de la Contraloría podrían resultar clave.

Autorización cuestionada

Fue a través de un comunicado de prensa enviado el 25 de octubre de 2016 que ENAP hizo pública su decisión: el directorio había autorizado días antes la venta de las instalaciones de su casa matriz y, al mismo tiempo, aprobó la propuesta para avanzar en el arriendo de nuevas oficinas. La noticia aparece ratificada en la Memoria Anual de 2016 publicada en la web de la petrolera estatal. Allí dice: “Al 31 de diciembre de 2015, en el rubro Otros de Propiedades, Planta y Equipo se incluyen las Oficinas corporativas adquiridas mediante un contrato de leasing con opción de compra con el Banco Santander (Chile), el valor neto asciende a MUS$ 13.097. Este contrato tiene vencimientos mensuales. Con fecha octubre de 2016, el H. Directorio autorizó su venta”.

A ENAP le faltaban 20 cuotas del leasing para que el inmueble ya fuera completamente suyo, pero había optado por adelantar ese pagó para así ejercer anticipadamente su opción de compra y luego venderlo. La enajenación se llevó a cabo a través de una licitación pública encargada a la corredora Colliers International, que terminó adjudicando la propiedad a las compañías Minera y Constructora Río Grande Ltda., Inmobiliaria Arturo Prat Ltda. y Novared Chile SpA por unos US$ 18,3 millones. Sin embargo, transcurrido más de un año, la Contraloría puso en tela de juicio la supuesta autorización del directorio que dio origen a toda esa operación.

Los estatutos de ENAP establecen que para los acuerdos relativos a adquisición, enajenación y gravamen de bienes raíces, se requiere el voto a favor de al menos cuatro directores. Pero la CGR señala en su informe de 95 páginas que en “la documentación aportada por ENAP (…), no consta la existencia del referido acuerdo aprobado con el mismo quórum requerido, en el cual se autorice la adquisición del bien inmueble al Banco Santander en donde funcionan las oficinas de ENAP, el que luego, y en el mismo contrato, enajenó”.

Ante este cuestionamiento, la compañía se defendió. “La autorización de la venta implicó implícita y tácitamente la autorización para ejercer la opción de compra pactada en los contratos de arrendamiento con opción de compra celebrados con el Banco Santander (…) De otra forma no es posible entender la autorización de venta por parte del directorio si no es con el ejercicio previo por parte de ENAP de la opción de compra, tal como ocurrió en cada uno de los instrumentos públicos otorgados al efecto”, argumentó la firma.

Como sea, el ente contralor desestimó la versión de la empresa y estableció que su actuación infringe directamente sus estatutos, por lo que mantuvo su observación.

Sin justificación para mudarse

El pasado 24 de enero, dos semanas después de haber oído las denuncias de los dirigentes sindicales, la Comisión de Minería y Energía de la Cámara de Diputados recibió a los altos ejecutivos de ENAP (ver sesión). Fue entonces, cuando llevaban ya casi dos horas de sesión, que su actual gerente general y ex ministro de Energía, Marcelo Tokman, explicó por qué decidieron cambiarse de oficinas.

“En el edificio que estábamos, lamentablemente el crecimiento no fue orgánico y teníamos una situación de inequidad interna gigantesca. Había gente que ocupaba espacio es los pasillos, mientras que había oficinas antiguas de gran tamaño. Había también problemas de iluminación, climatización y de medidas de seguridad, y no teníamos el poder dentro del edificio, que es una comunidad, de hacer los cambios que se requerían. Fue una decisión conversada con todos los trabajadores en asambleas con los sindicatos. Se logró mejorar las condiciones: pasamos a trabajar en oficinas con espacios abiertos y colaborativos”, dijo.

A esa altura, ya habían pasado varios meses desde que la CGR fijó por primera vez su atención sobre los motivos esgrimidos por ENAP para justificar el cambio de oficinas. De hecho, el 14 de julio de 2017, su entonces gerente de Recursos Humanos, René Tabilo, respondió a la Contraloría a través de un correo electrónico donde indicaba que las antiguas dependencias presentaban una serie de problemas “de orden constructivo y accesorios”.

Respecto a los problemas constructivos o estructurales, señaló que se ponderaron diversas debilidades relacionadas principalmente con el sistema de climatización y ventilación. Lo anterior, explicó, generaba que en algunas ocasiones se generara una acumulación de dióxido de carbono, lo que implicaba un peligro para la salud de los trabajadores. También se refirió a la indisponibilidad de ascensores, a los bajos niveles de luz natural al interior de las oficinas, a la congestión en los accesos vehiculares del edificio y a la falta de espacio. En tanto, los problemas accesorios tenían que ver con el diseño de los pisos y con existencia de eventuales riesgos en la seguridad de las oficinas.

Para la CGR, la respuesta fue insuficiente. Faltaban los respaldos que acreditaran que esos problemas que motivaron el cambio eran reales. Por eso instó a la ENAP para que de aquí en adelante tome las medidas necesarias para que en este tipo de decisiones “el directorio cuente con información íntegra y fundamentada sobre los asuntos sometidos a su aprobación”.

En este contexto, la auditoría enfatiza en que uno de los factores principales que se ponderaron para autorizar la enajenación fue la supuesta falta de espacios que tenían las oficinas de la Torre Vitacura. Pero, contradictoriamente, constató que el nuevo lugar tiene 1.493 metros cuadrados y 64 estacionamientos menos que el anterior.

“Consultada la administración de la empresa en relación a la superficie de las nuevas plantas, expresó que, si bien esta es sustancialmente menor, la nueva planificación en base a estaciones de trabajo en localidades abiertas, y no en oficinas, permitiría optimizar el espacio. En cuanto a la disminución del número de los estacionamientos, señaló que se trabajará en depurar sus asignaciones”, dice el informe.

Más allá de estas explicaciones, la CGR mantuvo su observación sobre la falta de sustento en la decisión de enajenar y trasladarse a otro lugar. Además, tal como se señaló al inicio de este reportaje, constató que el costo total para ENAP de instalarse en el nuevo edificio, a pesar de tener una superficie menor y menos estacionamientos, implica un gasto que supera en US$ 14,1 millones los ingresos que le reportó la venta de las oficinas de la Torre Vitacura.

Otro que defendió las operaciones en la Cámara de Diputados a fines de enero fue Ariel Azar, gerente de Finanzas de ENAP. A él le tocó explicar lo de la venta del inmueble como una medida para monetizar activos en medio de un contexto de alto endeudamiento, las utilidades obtenidas en esa transacción, el cómo se usó ese dinero y el por qué decidieron arrendar en vez de adquirir una nueva propiedad.

“¿Qué significó la venta del edificio? Después de una larga discusión en el directorio y su aprobación final, se vio que teníamos la posibilidad de vender el edificio de Vitacura a través de un proceso de licitación pública y buscar una alternativa de arriendo. Quiero ser bien sencillo: al valor presente de los desembolsos futuros de un arriendo, es más barato arrendar que ser dueño de una propiedad. Porque al ser dueños de la propiedad, si vendíamos, generábamos ciertos recursos que después invertíamos en ciertos proyectos, y eso es más barato que el valor del arriendo. La venta del edificio de Vitacura generó una utilidad para ENAP de US$ 6 millones que se destinaron a proyectos productivos en las distintas refinerías. Eso es respecto del edificio”, señaló Azar.

El conflicto de la directora y sus hijas

A fines de enero de 2015, la ingeniera María Isabel González se incorporó al directorio de ENAP en representación de la Corporación de Fomento de la Producción (Corfo). Su nombramiento fue confirmado por la Contraloría el 26 de febrero siguiente. Meses después, un contrato con una empresa vinculada a su familia sellaría lo que ahora es definido en el informe de auditoría como un grave conflicto de interés, y que a juicio de los fiscalizadores, podría incluso revestir carácter de delito.

La firma en cuestión se llama Dueik S.A., una sociedad creada en 2010 con un capital de $32 millones y que, según su sitio web, se dedica a la fabricación e instalación de plantas térmicas industriales. A fines de 2015, se adjudicó un contrato para abastecer a ENAP de equipamiento térmico altamente especializado. Incluso lo mencionan en la nómina de proyectos que han realizado y promocionan en Internet: dos calderas de vapor y equipos periféricos para la Planta Cabo Negro de la petrolera estatal, en la Región de Magallanes. El problema es que las dueñas de esa sociedad son las hijas de González, Cecilia y Verónica Dueik. También aparece allí su ex marido, Khaled Dueik Bergen, quien además de ser socio, es el gerente general.

Desde diciembre de 2014 que ENAP cuenta con un documento que establece protocolos para evitar los conflictos de intereses y que rige tanto para su matriz como para sus filiales (ver documento). Los conflictos no sólo tienen que ver con relaciones económicas, sino que contemplan cualquier tipo de beneficio que eventualmente pueda tener u otorgar algún miembro de ENAP, directa o indirectamente, por relaciones de parentesco, afectividad o negocios. Por eso, los ejecutivos y directores deben declarar sus intereses y las empresas proveedoras están obligadas a entregar una declaración jurada donde transparenten o descarten cualquier tipo de vínculo que se pueda convertir en un conflicto.

A pesar de todo eso, ni María Isabel González ni la sociedad de sus hijas y su ex esposo transparentaron su vínculo de forma oportuna. De hecho, según constata el informe de la CGR, en noviembre de 2015, nueve meses después del nombramiento de González, Dueik S.A. emitió una declaración jurada donde descartó cualquier posibilidad de incurrir en un conflicto de interés. Simplemente omitieron que sus dueños están relacionados con la directora de ENAP. La situación recién fue detectada a partir de la auditoría que realizó la Contraloría. La sociedad de los Dueik mantuvo la relación comercial con ENAP al menos hasta junio de 2017, lo que le reportó ingresos por $131 millones.

Consultada por el ente contralor, la ENAP respondió que la sociedad de las hijas de González incurrió en un incumplimiento de las obligaciones al no transparentar la relación familiar. “De otra parte, la empresa informó, en cuanto a la falta de la declaración de conflicto de interés que le asistía entregar a dicha directora, que esto se debió a que ella no estaba al tanto de la existencia de la relación comercial objeto del reparo, el que -por lo demás- se remite a un área ajena a las funciones que como tal desempeña”, cita el documento.

La compañía estatal agregó que “una vez puesta al tanto la directora de la situación expuesta en el preinforme de referencia y al posible conflicto de interés que le afectaba, ella aclaró dicha situación ante la instancia correspondiente, buscando así estar en pleno cumplimiento de las políticas y normas aplicables al caso particular”.

Junto con ello, matizó que las hijas son asociadas de Dueik, por lo que no se desempeñan de manera activa en los negocios ni en la administración, motivo por el cual -sostuvo- “difícilmente podrían haber estado al tanto de la relación comercial en cuestión”. Y añadió que si bien su ex esposo se desempeña como gerente general de la sociedad, desde hace varios años que no tienen un vínculo matrimonial ni afectivo.

“Sobre el particular, y en cuanto a la situación de la directora ya citada, esta entidad fiscalizadora debe reiterar lo preceptuado en el código de ética dictado por la empresa para regular posibles conflictos de intereses que surjan en el desarrollo de sus operaciones, en orden a que todos sus miembros -trabajadores, ejecutivos y directores- deben desempeñar sus responsabilidades con integridad y lealtad, evitando cualquier situación que pudiera significar un posible conflicto entre intereses particulares y los de la empresa, condición que tal como se verificara en la fiscalización no se cumplió en la especie, por cuanto la funcionaria efectuó la declaración de interés que le afectaba, manifestación que debe ser emitida por los obligados a ello”, concluyó la Contraloría sobre la actuación de González en esta trama.

Sobre Dueik, estableció que también incumplió los reglamentos respectivos y que ENAP deberá poner fin a los contratos que mantenga con dicha sociedad.

Las otras faltas de control

La Contraloría también auditó parte del plan de inversión 2016, que comprendió un total de US$ 454 millones. En particular, revisó US$ 294 millones correspondientes a proyectos de las líneas de negocio de exploración y producción en Chile Zona Glauconítica ZG (Dorado Riquelme, Coirón y Arenal) y de Gas y Energía en Chile Cogeneradora Aconcagua (Congeneradora Aconcagua), tras lo cual formuló algunas observaciones.

Durante la revisión del proyecto Arenal, el tesorero de la empresa no proporcionó algunos comprobantes mediante los cuales se respaldaban gastos por US$ 2,5 millones, por lo que no pudo verificar si existían, si procedían ni si realmente se pagaron.

“Las situaciones presentadas implican falta de control sobre la ejecución de los proyectos autorizados por el Ministerio de Hacienda, por cuanto no se puede asegurar que las cifras emanadas del citado sistema SAP de la empresa, correspondan a las operaciones realizadas por ella, según la documentación contable que las sustenta”, dice el informe.

Además, encontró que algunos registros contables de los proyectos Arenal y Cogeneradora Aconcagua exhiben cifras inferiores a las que están consignadas en las respectivas facturas de respaldo. En el caso de la primera iniciativa, el SAP registra US$ 2,238 millones, mientras que el registro del respaldo entregado es de US$ 2,686 millones, lo que arroja una brecha de US$ 447 mil. En tanto, en el segundo proyecto la diferencia alcanza a US$ 386 mil.

En este caso, el organismo liderado por Jorge Bermúdez también determinó que existía una falta de control.

Por otro lado, la auditoría a la empresa estatal arrojó que ENAP pagó 53 horas de sobretiempo, también denominadas horas extraordinarias, a 14 de sus trabajadores, de las cuales no consta su cumplimiento y que derivan de diferencias comprobadas entre el número de horas autorizadas respecto de aquellas que fueron controladas.

En vista de esta situación, la Contraloría le exigió a la petrolera que en un plazo de 60 días acredite que los trabajadores en cuestión efectivamente cumplieron con las horas extraordinarias informadas y pagadas.