Resolución del Minsal ratifica a la ministra Castillo como beneficiaria de millonario bono

Tres meses antes de asumir como ministra de Salud, la doctora Carmen Castillo cumplió 60 años. Era octubre de 2014 y por entonces no tenía ningún cargo en el sistema público de Salud. Aunque tuvo en ese sector una larga trayectoria que comenzó a mediados de los ‘80, hacía más de un año que había dejado la dirección técnica de un Centro de Salud Familiar (Cesfam) en la comuna de Santa María, en la V Región, para convertirse en directora del Campus San Felipe de la Universidad de Valparaíso. Con eso, ponía fin a su carrera funcionaria. Pero tiempo después, en enero de 2015, la Presidenta Michelle Bachelet la convocó para encabezar la cartera tras la abrupta salida de su antecesora, la ministra Helia Molina. Asumía así un cargo ya no de carrera, sino que de exclusiva confianza de la mandataria. El nombre de Castillo volvía aparecer en la nómina del personal de planta del ministerio con un sueldo bruto que superaba los $7,9 millones.

Esa última condición es la que hoy aprovecha para acogerse a beneficios que ella misma, como ministra, gestionó en el Congreso para que se convirtiera en ley: un bono para incentivar al retiro de los funcionarios del sector Salud (ver ley). El proyecto que desde el comienzo lleva su firma, se convirtió en norma a mediados de 2016, y ya en ese momento, al menos técnicamente, la ministra cumplía varios de los requisitos. Tenía más de 60 años cumplidos y era “funcionaria de planta” del ministerio, por lo que podía optar a un primer bono que consiste en un mes de remuneración imponible por cada año de servicio. Como llevaba más de 10 años de servicio, aunque fueran discontinuados, podría también acogerse a un segundo bono adicional de 560 UF (poco más de $15 millones). Sólo faltaba que se postulara como beneficiaria y presentara su renuncia voluntaria.

Ese era su plan.

A fines de octubre de 2017, Radio Bío Bío reveló que la ministra se había presentado como candidata a recibir el bono durante la primera convocatoria que hizo el Ministerio de Salud (Minsal) ese año (ver artículo). De los 2.250 cupos anuales disponibles para todas las reparticiones dependientes de la cartera, sólo desde la Subsecretaría de Salud Pública se postularon en esa oportunidad 131 personas. Su nombre estaba en el puesto 120 de la lista y por lo elevado de su sueldo, se calculaba que en su caso el bono sería el más alto, cercano a los $80 millones. Fue entonces que se desató la polémica.

El ex subsecretario de Redes Asistenciales, Luis Castillo, lo catalogó como algo escandaloso y “estéticamente inaceptable”, puesto que el bono, de ser recibido, habría sido aprobado mientras ella aún encabezaba la cartera. Consultado por La Radio, el diputado Juan Luis Castro (PS) dijo en esa oportunidad: “Me sorprendería si eso llegase a ocurrir o hacerse efectivo antes del 11 de marzo del próximo año, porque sería una situación inimaginable que un ministro de Estado se retire del gobierno para obtener un bono de incentivo al retiro”.

Ante las críticas, la ministra Castillo optó por echar pie atrás. No sólo anuló su postulación, sino que aseguró que no volvería aplicar mientras fuera ministra. La frase que usó no daba espacio para dobles lecturas: “Mientras esté de ministra, no voy a postular al incentivo al retiro”, dijo el 31 de octubre de 2017 (ver artículo).

Fue una promesa que no cumplió. A mediados de enero se supo que su rut -no su nombre- volvía a aparecer en la lista de 173 personas que postularon a la segunda convocatoria de 2017. Ahora, Radio Bío Bío accedió al documento oficial del ministerio donde los datos de la ministra Carmen Castillo figuran nuevamente, ya no como postulante al bono, sino como beneficiaria del mismo.

Plazos para una salida pactada

La ley que estableció el bono señala que los funcionarios que cumplan los requisitos y quieran acceder a él, deben postular a su respectiva institución empleadora en los plazos establecidos por reglamento. Al hacer eso, comunican automáticamente su intención voluntaria de renunciar al servicio. Esas listas luego son enviadas a la Subsecretaría de Redes Asistenciales, desde donde se emitirá la resolución que identificará a todos los beneficiarios correspondientes a cada año. Es ahí que empieza la cuenta regresiva para que el beneficio se haga efectivo. Ese documento, con los 1.988 postulantes aceptados de 2017, fue emitido el pasado 31 de enero.

La resolución que aprueba la entrega al bono lleva la firma de la doctora Andrea Solis, directora del Servicio de Salud Metropolitano Oriente, aunque su rúbrica no la puso en esa calidad, sino como subsecretaria subrogante de Redes Asistenciales. Entre las casi dos mil personas que aparecen identificadas, se cuentan funcionarios de planta y contrata de las dos subsecretarías que dependen del Ministerio de Salud (Salud Pública y Redes Asistenciales), la Central Nacional de Abastecimiento (Cenabast), los 29 servicios de salud, el Instituto de Salud Pública, los Centros de Referencia de Salud (CRS) de Maipú y Cordillera y el Hospital Padre Hurtado. Todos ellos podrán acceder al bono una vez que presenten y hagan efectiva su renuncia.

Los plazos para que eso ocurra son acotados. La ley dice que una vez emitida la resolución, el plazo para anunciar la fecha de la renuncia vence al último día del mes siguiente. En este caso, el límite vence el miércoles 28 de febrero. Eso no significa que deban renunciar ese día, sino que informar por escrito a las respectivas jefaturas de recursos humanos su fecha de salida, la cual no puede exceder los siguientes cinco meses. Por lo tanto, quienes se acojan al beneficio tendrán hasta junio para hacer efectiva su renuncia. Entonces, las versiones de que la ministra Castillo tendría que renunciar antes de que termine el gobierno para acceder al bono no serían efectivas y al menos sí podrá cumplir la otra promesa que dijo cuando se hizo pública su primera postulación: “Tranquilos, hasta el último día estaré con la Presidenta”.

Críticas continúan

De todos los funcionarios que postularon y que accederán al bono, quien recibirá la cifra más alta debiera ser precisamente la ministra Carmen Castillo. El motivo es simple: el monto a recibir mensualmente se calcula a partir del promedio de remuneraciones imponibles que le hayan correspondido al funcionario o funcionaria durante los 12 meses anteriores al retiro, actualizadas según el IPC. Como su sueldo bruto -incluyendo asignaciones especiales- se alza sobre los $7,9 millones y nadie gana más que ella en el Minsal, se estima que recibirá un bono de $80 millones que por ley, “no serán imponibles ni constituirán renta para ningún efecto legal y, en consecuencia, no estará afecta a descuento alguno”.

Para el diputado Juan Luis Castro, el hecho de que este bono haya sido ratificado es cuestionable por varios motivos. A su juicio, se trata de un beneficio legítimo para incentivar el retiro de los funcionarios de carrera, incluyendo a directivos elegidos por concursos y el Sistema de Alta Dirección Pública, pero no para las autoridades. “Son dos sistemas distintos. Cuando la ministra aceptó su cargo, renunció a su carrera funcionaria y su antigüedad para asumir un puesto de confianza política. No puede ser que ahora vuelva a lo anterior para obtener un bono que además se calcula en base al sueldo no de un funcionario, sino de un ministro, que está a una escala completamente distinta. Además, no corresponde que haya bonos de retiro para ministros de Estado”, dijo a Radio Bío Bío.

En un sentido similar se manifestó Alberto Precht, director ejecutivo de Chile Transparente: “Nos parece incorrecto que una autoridad obtenga beneficios cuando sigue siendo autoridad. Y también nos parece cuestionable que un subalterno, en este caso la subsecretaria, firme el decreto, porque se presta para una mala interpretación”.

¿Qué medidas se podrían tomar para evitar esto a futuro?

“Las autoridades no debiesen obtener beneficios mientras están en las carteras. Por ejemplo, un ministro de Vivienda no debiese obtener un subsidio a la vivienda mientras ejerce el cargo. Las altas autoridades deben mantener una distancia respecto de los beneficios que ellos otorgan. Si bien la doctora Carmen Castillo tiene una destacada trayectoria en salud pública, este beneficio no debió haber sido otorgado por una autoridad subalterna ni tampoco mientras ella sigue siendo ministra”, respondió.

La norma establece que el pago del bono se hará efectivo a más tardar el mes subsiguiente a la fecha en que se haga efectiva la renuncia voluntaria. Si la ministra decide quedarse hasta el 11 de marzo, día del cambio de mando a un nuevo gobierno, el dinero debiera recibirlo en mayo de este año.