Justicia militar: El camino que puede seguir Carabineros en su disputa con la fiscalía

La disputa entre Carabineros y el Ministerio Público por la denominada Operación Huracán podría ser dirimida por la justicia militar, de acuerdo a especialistas en el área y a evaluaciones que ha hecho de manera reservada la propia institución policial y, en paralelo, el Gobierno.

La idea cobró fuerza en Carabineros tras la distancia que tomó La Moneda de la acusación del Ministerio Público de montaje a comuneros mapuches, a diferencia de otros casos en los que responde apoyando con una querella la acción de la fiscalía. De hecho, en su primera declaración pública sobre el tema, la presidenta Michelle Bachelet dijo que es clave “saber cuál es la verdad: si hay un error en el peritaje de la fiscalía o si efectivamente hubo una manipulación de datos”.

Vea: “Fiscalía cierra Operación Huracán y abre investigación en contra de Carabineros”

Precisamente, los peritajes que ha realizado la fiscalía para acreditar el supuesto montaje de Carabineros han sido cuestionados por la institución policial, que ha pedido apoyo al FBI para realizar una revisión de todo el proceso investigativo. Y en línea con esa acción, Carabineros podría ahora pedir al Tribunal de Garantía de Temuco que se declare incompetente para que envíe los antecedentes a la justicia militar y así sea un tercero el que indague el caso.

Vea: “Operación Huracán: El peritaje que revela cómo Carabineros realizó el supuesto montaje”

“No hay que perder de vista que acá también está involucrada la fiscalía”, dice José Antonio Villalobos, abogado y exfiscal del Ministerio Público. “Por eso, conforme se dan los antecedentes, de lo que se conoce públicamente, no parece aventurado ni desproporcionado que se esté pensado en que la justicia militar pudiese asumir esta investigación, dado que incluso la calidad de los funcionarios así podría ameritarlo”, agrega.

De concretarse esa opción, dicen abogados penalistas y fuentes de Gobierno, también se descomprimiría la presión sobre toda la Reforma Procesal Penal, que en los últimos días ha sido objeto de diversos cuestionamientos. De hecho, Haroldo Brito, presidente de la Corte Suprema, calificó la situación como “grave” y dijo que “el sistema está siendo tensionado enormemente con esto y debe preocuparnos a todos”.

Para el abogado penalista y especialista en temas de inteligencia policial y de fuerzas armadas, Rodrigo Vera Lama, el caso perfectamente podría derivar en la justicia militar, pues “la fiscalía es, al mismo tiempo, víctima y el organismo que investiga a Carabineros. Entonces, la única forma de que esto se descomprima es con la intervención de un poder del Estado que hasta ahora no ha tenido ninguna participación, salvo las palabras del presidente de la Corte Suprema”.

El camino de la justicia militar

En concreto, dicen los abogados consultados, Carabineros podría invocar el artículo 367, inciso 5, del Código de Justicia Militar, el cual se refiere a delitos de falsedad en el ámbito militar. En este caso, sanciona con la pena de presidio al que “cometiere falsedad en cualquiera de las formas indicadas por el artículo 193 del Código Penal, en un documento referente al servicio de las instituciones armadas”.

“Ese delito debe ser conocido por la justicia militar”, dice Vera Lama. “La víctima es la fe pública, es la misma institución que está siendo afectada por estas conductas de falsedad”, agrega el jurista.

Precisamente, el fiscal regional de La Araucanía, Cristián Paredes, inició el 28 de diciembre de 2017 la investigación penal en contra de la Unidad de Inteligencia Operativa Especializada (UIOE) de Carabineros, por obstrucción a la investigación y falsificación de instrumento público.

Pero el camino de la justicia militar no convence del todo a la institución policial, debido al efecto comunicacional que podría tener una medida así. En el análisis, incluso, está el cambio de gobierno y la evaluación negativa que podría tener la administración de Sebastián Piñera.

En Carabineros creen que la sociedad civil podría relacionar la justicia militar con los uniformados, lo que generaría aún más daño a su imagen. Pero Vera Lama, quien también fue fiscal militar, descarta que sea así.

“Si esto queda en manos del fiscal militar de Temuco, yo podría entender eso. Pero la justicia militar no comienza ni termina ahí. Lo que se debe proponer no es que sea una fiscal militar, sino un ministro en visita, uno de los dos civiles de los cinco funcionarios que componen la Corte Marcial”, explica Vera Lama. “En último término, además, siempre se puede llegar a la Corte Suprema, que está compuesta sólo por civiles y que también forma parte de la justicia militar”, agrega.

En esta línea, el radio de acción para que se involucre la justicia militar puede pasar tanto por una investigación de oficio de la Fiscalía Militar de Temuco o que uno de los carabineros indagados por el Ministerio Público presente una “inhibitoria de competencia” para que ese tribunal le pida a la Fiscalía Militar que se declare competente y le pida los antecedentes al juez del Tribunal de Garantía de Temuco.

Mientras tanto, la otra opción es que el abogado en representación del o los investigados se presente ante el juez de garantía de Temuco y que pida se declare incompetente y remita los antecedentes a la Fiscalía Militar, paso que se conoce como “declinatoria de competencia”.

Formalizado cualquiera de estos pasos, se solicitaría a la Corte Marcial un ministro en visita, lo que en este caso tendría lógica por la connotación de los hechos denunciados y la investidura de los involucrados.

En tanto, si el Tribunal de Garantía de Temuco rechaza la incompetencia, automáticamente serán remitidos los antecedentes a la Corte Suprema en Santiago, donde la sala penal deberá resolver, lo que se conoce como “contienda de competencia”.

Casos como estos han ocurrido en el pasado. En febrero de 2014, la Fiscalía Militar tomó conocimiento de una investigación que lideraba únicamente el Ministerio Público, respecto a la muerte de Jorge Aravena Retamales, quien apareció sin vida en la parte trasera de un furgón de Carabineros.

Aravena, que había sido detenido por los uniformados 6 horas antes de su deceso, debió haber quedado en libertad, según instrucción del fiscal adjunto que tomó conocimiento de la detención. Sin embargo, el personal policial olvidó sacarlo del carro y el hombre murió de “asfixia por aspiración de contenido gástrico”, según informó el Servicio Médico Legal (SML).

En este caso, la fiscalía terminó sólo investigando lo relacionado con la muerte del hombre, mientras que la falsificación de documentos públicos, con que se buscó eximir de responsabilidad a los uniformados, fue indagada por la justicia militar por constituir un daño a la fe pública militar.