La millonaria compra de un avión que abrió una nueva investigación contra Fuente-Alba

Era un miércoles a comienzos de abril pasado cuando Fabiola Jaque León llegó hasta una oficina de la Policía de Investigaciones (PDI), en Ñuñoa. Ella, ejecutiva de ventas de la empresa Importaciones y Exportaciones Airsealand Ltda., había sido citada a declarar ante la Brigada Investigadora de Delitos Funcionarios (Bridef), sobre una compra de un avión que realizó el Ejército en 2012 para que lo utilizara el Alto Mando, a petición del entonces comandante en jefe, Juan Miguel Fuente-Alba Poblete.

La firma en la que trabaja Jaque, que a su vez representa a la estadounidense DM Aircraft Services Inc, fue una de las 10 compañías invitadas a participar de la licitación privada mediante la que la institución castrense adquirió una aeronave en 9,3 millones de dólares.

Sentada en las dependencias de la PDI, Jaque tuvo que responder ante un policía si la empresa había participado de la subasta. También se le pidió que explicara el motivo, en caso de que la respuesta fuera negativa. “No se participó porque ninguna de las dos empresas comercializa aeronaves”, respondió Jaque de forma tajante, quien entregó su testimonio pese a que no estaba obligada.

Un día antes de la declaración de Jaque, había asistido a las mismas dependencias de la PDI Mauricio Henríquez Flores, gerente de proyectos de Servicios Aéreos y Terrestres Aviasur S.A., otra de las empresas invitadas a la subasta del Ejército. Durante su testimonio, que duró más de dos horas, Henríquez explicó por qué, pese a ser invitados, no pudieron participar del proceso a través del que la institución castrense buscaba adquirir un avión marca Cessna, modelo Citation 680 Sovereign.

“En el año 2012 no comercializamos aviones marca Cessna, sean nuevos o usados, por no tener la representación de dicha marca”, sostuvo Henríquez. “Los funcionarios del Ejército de Chile que participan en el proyecto y proceso licitatorio, tienen cabal conocimiento y creo que es así, que las empresas de este giro, no comercializamos aeronaves de marcas que no representamos. Por tal motivo desconozco por qué nos invitaron”, agregó.

Al igual que Aviasur, otra compañía que no pudo presentar una oferta para el proceso fue Aerocardal, pues tampoco comercializaba la marca Cessna. Así, tres de las 10 empresas que fueron invitadas por la entidad no poseían los requisitos mínimos para poder competir. De las restantes siete, seis se restaron de participar por distintos motivos y la única que presentó una oferta, la estadounidense Aircraft Sales Corporation, terminó adjudicándose la subasta. Esta empresa fue representada por Juan Guillermo Soto Campos, un exoficial del Ejército que trabaja desde hace varios años para Virgilio Cartoni, uno de los mayores proveedores de la institución y quien ha sido mencionado en diversos artículos periodísticos como cercano a Fuente-Alba.

Esta situación forma parte de los antecedentes que investiga el fiscal jefe de Santiago, José Morales, de la Fiscalía Centro Norte, para establecer si detrás de esa operación hay o no un posible fraude al Fisco. Radio Bío Bío accedió a detalles inéditos de esa investigación que aún no se formaliza y que surgió como una arista del caso sobre el injustificado crecimiento patrimonial de Fuente-Alba. De esta forma, ese eventual delito se suma a los que ya lo enfrentan a una indagatoria judicial: enriquecimiento ilícito y lavado de activos.

Fuente-Alba fue una pieza clave en la compra del avión. De hecho, fue él quien siendo comandante en jefe del Ejército pidió en 2011 que se iniciara un proceso para reemplazar el avión que utilizaba el Alto Mando, pues, según consignan los documentos que respaldan la subasta, era antiguo y presentaba fallas. Y después fue quien aprobó la adjudicación a Aircraft Sales Corporation, empresa ligada a Cartoni. Durante el desarrollo del proceso también jugó un rol importante el recién nombrado comandante en jefe del Ejército, Ricardo Martínez Menanteau, quien en su calidad de director de Proyectos e Investigación visó algunos pasos de la operación. Martínez, en tanto, había sido designado en ese cargo por Fuente-Alba a fines de 2010, cuando lo ascendió al Alto Mando.

La transacción ha sido objeto de varios cuestionamientos, los que están incorporados dentro de los antecedentes que maneja el fiscal Morales. Uno de los ámbitos bajo tela de juicio es el precio que pagó el Ejército: 9,3 millones de dólares. Esto, ya que tanto la Contraloría General de la República como la Bridef de la PDI han realizado cotizaciones de aviones de similares características al comprado, las que arrojaron precios inferiores al monto desembolsado. Estas diferencias, que en algunos casos superan el millón de dólares, podrían conllevar un eventual sobreprecio.

A ello se suma que un informe de la PDI profundizó en los nexos que tiene la empresa ganadora de la subasta con Virgilio Cartoni y apuntó a los líos judiciales en que se ha visto envuelto Mark Graubart, quien firmó el contrato en representación de Aircraft Sales Corporation.

En este contexto, fuentes que saben del tema aseguran que el Consejo de Defensa del Estado (CDE) está al tanto de la investigación de Morales y que está evaluando presentar una querella por eventual fraude al Fisco.

Radio Bío Bío envió varias consultas sobre el tema al Ejército, sin embargo, declinaron dar una respuesta. Tampoco quisieron dar sus versiones para este artículo el fiscal Morales, Juan Guillermo Soto, ni Virgilio Cartoni.

El sello de Fuente-Alba

En octubre de 2011, el entonces comandante en jefe del Ejército, Juan Miguel-Fuente Alba, sobrevolaba Arica en un avión Cessna, modelo Citation 650. Venía de una comisión de servicio al extranjero y se dirigía hacia Santiago. La aeronave presentó una falla y el piloto tuvo que aterrizar de emergencia en el aeropuerto de la ciudad nortina, lo que generó la molestia de Fuente-Alba.

El avión tenía más de 20 años de uso y mostraba un evidente deterioro.

“A raíz de esto, el general Fuente-Alba ordenó realizar dicho proyecto para la renovación del avión antes señalado. Debo hacer hincapié en que la orden fue generar dicho proyecto, sin especificar marca, año, modelo o empresa”, declaró el teniente coronel Claudio Fuentealba Acuña ante la PDI, el 31 de mayo pasado. Lo anterior, en el marco de la investigación que desarrolla el fiscal José Morales. Fuentealba Acuña se refería a la iniciativa que sentó los pilares y las bases para convocar a una licitación cuyo fin era adquirir un avión para uso del Alto Mando, de la cual fue designado como el encargado.

A fines de agosto de 2012, tras varios meses de elaboración, Claudio Fuentealba expuso la propuesta que había preparado junto a su equipo ante el Comité Permanente de Adquisiciones del Ejército. En esa instancia explicó la necesidad de renovar la mencionada aeronave y puso énfasis en que debía ser de marca Cessna. Esto, argumentó, ya que el personal de la Brigada de Aviación del Ejército (BAVE) poseía una experiencia de 30 años con esa línea y su unidad de mantenimiento tenía herramientas especiales que eran de esa marca. Junto con ello, especificó que el año de fabricación tenía que ser de 2005 en adelante.

También propuso que el precio a pagar por el Ejército debía ser de 9,3 millones de dólares; 9,2 millones de dólares por la aeronave y 100 mil dólares por el soporte de mantenimiento de ella. Estos recursos serían financiados con el Fondo Rotativo de Abastecimiento (FORA). A ello se sumaban 92.764 dólares para gastos administrativos correspondientes al protocolo de pruebas, habilitación de tripulaciones de la BAVE y el traslado del material aéreo desde el extranjero. Este monto, en tanto, provendría de los fondos presupuestarios con los que contaba la institución.

Tras escuchar el plan detallado por Claudio Fuentealba, los miembros del comité lo aprobaron y autorizaron que la Jefatura de Adquisiciones del Ejército realizara una licitación privada para adquirir el nuevo avión. Así lo consigna el acta de aquella reunión, que aparece firmada por el general Antonio Cordero, jefe del Estado Mayor General; el general Miguel Muñoz, director de Logística; el general Werther Araya, director de Operaciones; el coronel Ricardo Fernández, director subrogante (s) de Finanzas; y el coronel Andrés Moraga, director (s) de Proyectos e Investigación.

El proyecto aprobado por el comité llegó a manos de Fuente-Alba, quien le dio luz verde el 20 de septiembre de aquel año.

Con el camino despejado, la institución extendió la invitación a participar de la subasta a 10 empresas nacionales y extranjeras: Aeroservicio S.A.; DM Aircraft Service; C&M S.A.; Air Mate Trade Winds Aircraft Sales Inc.; Aviasur; Aerocardal; Aircraft Sales Corporation; Diamond Aircraft Leasing; Cessna Customer Care Cessna Aircraft Company; y Aircraftdealer.

En ese momento comenzaron a evidenciarse algunas inconsistencias, ya que como declararían algunos ejecutivos de las empresas años después ante la PDI, tres de las compañías no cumplían criterios mínimos para presentarse al proceso. En el caso de DM Aircraft Services, ni ella ni su representante en Chile, Airsealnd, vendían aviones. Mientras que Aviasur y Aerocardal comercializaban otras marcas con las cuales tenían exclusividad, por lo que no podían vender aeronaves de la línea Cessna.

Como sea, el 31 de octubre de 2012 se abrió el sobre con las ofertas de las firmas interesadas. De las siete que quedaban en carrera, solo tres se presentaron al proceso: Cessna Customer Care Cessna Aircraft Company, C&M y Aircraft Sales Corporation.

Sin embargo, C&M no dejó precisamente una oferta. “Lamento informar que en esta oportunidad nuestra empresa no podrá participar en esta propuesta”, escribió en una carta el director y socio de la empresa, Virgilio Cartoni, quien es conocido por ser uno de los mayores proveedores del Ejército y por sus vínculos con Fuente-Alba.

Cessna Customer también presentó una carta de excusa, por lo que la única empresa que hizo una oferta concreta fue la estadounidense Aircraft Sales Corporation. Así, con el camino despejado, su propuesta fue analizada el 12 de noviembre por el Comité Permanente de Adquisiciones, que le adjudicó la licitación sin formular ningún reparo sobre el proceso.

Dentro del comité había cinco miembros que tenían derecho a voto: el general Antonio Cordero, jefe del Estado Mayor General; el general Werther Araya, director de Operaciones; el general Jozo Santic, director de Finanzas; el general Ricardo Martínez Menanteau, director de Proyectos e Investigación; y el general Miguel Muñoz, director de Logística.

De todos ellos, hay dos que llaman la atención. Uno es Jozo Santic, quien aparece involucrado en investigaciones sobre millonarios fraudes al interior del Ejército (ver acá el artículo). El otro es Ricardo Martínez, quien en marzo próximo asumirá como el nuevo comandante en Jefe del Ejército. Martínez es cercano al general en retiro Fuente-Alba, ya que fue él quien lo ascendió al Alto Mando en 2010 y lo instaló como director de Proyectos e Investigación, cargo en el que, justamente, visó la cuestionada compra del avión.

Luego del visto bueno del comité, la decisión final quedó en poder del general Juan Miguel Fuente-Alba. Su aprobación, firmada el 15 de noviembre de ese año, selló la licitación a favor de Aircraft Sales Corporation (revisa acá los pasos de la operación).

El factor Cartoni

Después de que el fiscal José Morales separó la investigación de la compra del avión respecto de la que lleva a cabo sobre los eventuales delitos cometidos por Juan Miguel Fuente-Alba, en noviembre de 2016, le encargó a la Bridef que realizara diversas diligencias. Estas incluyeron tomar declaraciones a los involucrados en la subasta y la revisión de documentos, entre otras.

Luego de varios meses, la Bridef emitió un informe en agosto de este año, al cual accedió Radio Bío Bío. Dentro de las observaciones que formuló, una de las principales apuntó al papel que desempeñó en el proceso Juan Guillermo Soto Campos, oficial del Ejército en retiro (revisa acá el informe de la PDI).

Cuando las empresas invitadas a participar debían retirar las bases de la licitación, Soto Campos lo hizo en representación de C&M, la compañía donde Virgilio Cartoni es socio y director. Después también retiró en nombre de C&M las respuestas que dio el Ejército a las preguntas formuladas por las compañías.

Hasta ahí todo parecía normal. Sin embargo, ocurre que Soto Campos de forma paralela representó a Aircraft Sales Corporation, la firma que terminó adjudicándose la subasta.

“La representación de Juan Soto Campos, ahora para la empresa Aircraft Sales Corporation, se materializó mediante el poder especial que le fue otorgado con fecha 31 de octubre de 2012, por Michael Ángel Domínguez, gerente internacional de Aircraft Sales Corporation, en el que se registra como domicilio comercial de esta empresa (N° 8356, NW 30, Terrace, Miami, Florida, Estados Unidos), el mismo que figura asociado a la empresa C&M World Enterprises S.A., en su página web, en donde además se observa una vinculación de esta última con C&M Chile y www.cymchile.cl, ambas correspondientes a Comercializadora, Exportadora e Importadora CYM S.A., de la cual es socio Virgilio Cartoni Maldonado”, estableció el informe de la Bridef, firmado por el subcomisario Rodrigo Millán, quien fue el oficial investigador.

Es decir, la PDI estableció que, a través del rol desplegado por Soto, existía un vínculo directo entre la compañía ganadora de la subasta y Virgilio Cartoni, quien es conocido por ser uno de los más importantes proveedores del Ejército, principalmente de armas.

El histórico nexo de Cartoni con el Ejército, además, ha estado envuelto en varias polémicas. Una de las más difundidas está ligada al contrato por 16,5 millones de dólares que se adjudicó una firma representada por Cartoni para la provisión de más de 3.000 visores nocturnos. La primera licitación por este material se debía adjudicar en enero de 2013, pero se invalidó por supuestos errores administrativos.

Luego se abrió un nuevo proceso que se adjudicó la firma belga OIP Sensors, representada por Cartoni, luego de sortear una serie de cuestionamientos. Entre ellos, algunas de las compañías rivales acusaron que Cartoni se reunió con uno de los evaluadores del proceso, el coronel Alex Gluzman, unos días antes del anuncio de los resultados, lo cual estaba prohibido en las bases. Cabe precisar que en la licitación del avión Cessna, Alex Gluzman también tuvo injerencia: formó parte del comité permanente de adquisiciones, donde tenía derecho a opinar pero no a votar.

Viriglio Cartoni también ha sido sindicado como alguien cercano al investigado general en retiro Fuente-Alba, quien fue un personaje clave en la compra del avión Cessna. Según publicó Ciper en 2016, hay al menos tres nexos entre ellos. Uno de ellos consiste en que dos primos de Cartoni, los generales (r) Patricio Cartoni Viale y Alessandro Cartoni Pruzzo, coincidieron con Fuente-Alba en el Alto Mando del Ejército en 2005. De hecho, el general en retiro ha reconocido públicamente que Alessandro es uno de sus mejores amigos, aunque ha descartado algún tipo de amistad con Virgilio.

Otro de los nexos se generó cuando Fuente-Alba asumió como comandante en jefe en marzo del 2010, pues nombró como auditor general del Ejército al abogado Marcelo Felipe Cibié Bluth, quien tiene una sociedad con Cartoni en Miami desde 2005.

Los enredos de Soto

Para aclarar los evidentes nexos de Juan Soto Campos con Virgilio Cartoni y la empresa que se adjudicó la subasta, la PDI interrogó al primero el 10 de mayo pasado.

Soto relató en su testimonio, que se extendió por casi cinco horas, que ingresó al Ejército en 1975 y jubiló el 2000 con el grado de teniente coronel, al tiempo que egresó como ingeniero aeronáutico. De hecho, precisó que formó parte de la Brigada de Aviación durante los últimos años de su carrera. Posterior a su retiro, comenzó a realizar asesorías aeronáuticas de forma independiente y en un principio le prestó servicios a la empresa Aero Dealer.

“Mientras prestaba servicios a esta empresa, fui contactado por el señor Virgilio Cartoni Maldonado, a quien conocía anteriormente a través del Ejército de Chile y en circunstancias que yo desempeñaba funciones como ingeniero aeronáutico en Timor Oriental y él en su calidad de proveedor de repuestos de helicópteros”, contó Soto al subcomisario Millán. “El llamado de este señor fue con el objeto de que los asesorara administrativamente en el departamento de logística de su empresa C&M S.A., por cuanto existía un desorden generalizado”, añadió.

Así, desde el 2001 hasta la actualidad presta servicios a la empresa de Cartoni como asesor de ingeniería aeronáutica y también como asesor técnico, aunque, precisó, sin estar contratado y sólo a través de la emisión de boletas.

Cuando le preguntaron por la subasta convocada por el Ejército, el exoficial sostuvo que tras enterarse de ese proceso realizó un estudio de los aspectos que involucraba, entre ellos, los costos que debía asumir la empresa ganadora. Al presentárselo a Cartoni, aseguró, éste optó por no presentar una oferta pues consideró que las exigencias eran muy altas.

“Sin perjuicio de ello, debo manifestar que luego que C&M S.A. declinara participar en la licitación, yo continué con mis labores habituales y en estas circunstancias fui contactado por Horacio Peiro, según tengo entendido amigo de Virgilio Cartoni y a su vez, a quien conocí cuando yo trabajaba en el Ejército de Chile, y en circunstancias en que viajé a Estados Unidos a inspeccionar el motor de un avión y él me acompañó y brindó el apoyo de transporte, apoyando dicha visita a petición de Virgilio, como el proveedor de dicho servicio al Ejército”, señaló Soto.

Detalló que Horacio lo contactó “para que colaborara con Aircraft Sales Corporation en poder representarla y así participar en la propuesta y vender el avión requerido al Ejército de Chile y, por esa razón, se comunicó directamente conmigo, pero según su pregunta, no hablamos de honorarios, solo acepté para hacer un favor a los pilotos de la BAVE, supongo que Rossi y Fuentealba”. Soto se refería al teniente coronel Claudio Fuentealba Acuña, el jefe del proyecto para la compra del avión, y al teniente coronel Francisco Rossi Giacossa, ambos miembros de la Brigada de Aviación del Ejército en aquel entonces.

El exoficial continuó su relato y reveló que “recibí en las oficinas de C&M S.A., quizás a través de empresas de courier, el poder o mandato entregado por la empresa Aircraft Sales Corporation, no sé qué persona precisamente lo suscribía, para presentar la oferta técnica y económica ante el Ejército de Chile. Dicho eso, participé en dicha reunión presentando dicho documento, además de otros, con el personal respectivo”. Sin embargo, acotó, “debo manifestar que el avión que sería ofertado por Aircraft Sales Corporation ya había sido observado y analizado técnicamente por los pilotos antes señalados y en mi caso ayudaría solo en la formalidad representando a esta empresa en Chile, para cumplir con los protocolos de la licitación”.

Dudas sobre el precio

La primera pista que despertó el interés del fiscal José Morales sobre la compra del avión a Aircraft Sales Corporation fue un informe reservado que emitió la Contraloría General de la República en enero de 2014. El ente contralor elaboró este documento en base a la auditoría que hizo a las adquisiciones de bienes y servicios efectuadas por el Comando de Apoyo a la Fuerza (CAF), unidad del Ejército que fue la encargada de concretar la adquisición de la aeronave.

Radio Bío Bío accedió a detalles del informe reservado que están ligados a la polémica licitación, donde se aprecian algunas observaciones formuladas por la Contraloría.

Una de las más relevantes tiene que ver con el precio que pagó el Ejército en la transacción: 9,3 millones de dólares.

“A fin de verificar la pertinencia del valor de la transacción, la comisión fiscalizadora consultó el precio publicado en la web para aeronaves de similares características, constatándose que este oscila entre US$7.295.000 a US$7.975.000, monto menor al de la transacción analizada”, consigna el documento firmado por Patricia Arriagada Villouta, contralora general subrogante.

En vista de la diferencia por al menos 1,3 millones de dólares que arrojó esta revisión respecto del monto que desembolsó la institución, la Contraloría le preguntó al Ejército cuáles eran las razones que explicaban aquello.

La respuesta que dio la entidad, según se consignó en el informe, fue que “el material fue adquirido ocho meses antes de la fecha en que la comisión fiscalizadora efectuó la consulta por internet e incluyó una serie de prestaciones que en esa misma referencia no se considera”. Pese a ello, el ente fiscalizador remarcó que tanto “en el transcurso de la auditoría como en el oficio de respuesta, la entidad no proporcionó los antecedentes que tuvo en cuenta para fijar el valor estimado de la aeronave a adquirir, ni tampoco las variables previamente citadas en su respuesta”.

Pero la Contraloría no fue el único organismo que formuló observaciones sobre el precio pagado. El informe que elaboró el subcomisario Millán de la PDI también abordó este factor.

“En la presente investigación, bajo este mismo tipo de procedimiento (consulta en internet), constató un rango de precios para el mismo tipo de aeronave, año 2005, que fluctúa entre US$5.495.000 y US$8.100.000, aproximadamente”, se determinó en el documento. De todos modos, matizaron que para la brecha existente entre estos valores y lo pagado por el Ejército había considerar la depreciación de los aviones en razón del desgaste y del tiempo transcurrido.

En este contexto, fuentes que saben de la investigación del fiscal Morales comentan que el persecutor busca establecer si las diferencias de los valores podrían conllevar un sobreprecio.

Otro antecedente incluido en el informe de la PDI y que incrementa el manto de dudas que hay en torno a la operación, son los líos judiciales en los que ha estado involucrado Mark Graubart. Él fue quien firmó el contrato en representación de Aircraft Sales Corporation, el 21 de noviembre de 2012, mediante el cual se concretó la venta del avión al Ejército.

Graubart, quien además era presidente de Aircraft, fue sentenciado en 2013, en Estados Unidos, a cumplir 1 año y 1 día de cárcel después de admitir que usó números de registros para aviones que no le pertenecían. Lo anterior, con el objetivo de asegurar cerca de 3 millones de dólares en préstamos bancarios para financiar su negocio.

La versión de Fuente-Alba

La defensa de Juan Miguel Fuente-Alba, aludido en este artículo, envió una carta a Radio Bío Bío para expresar su opinión respecto a lo publicado. El contenido íntegro de dicha carta puede revisarlo a continuación:

En relación al reportaje publicado el día de hoy 20 de diciembre, en el portal web de radio Bío Bío, titulado: “La millonaria compra de un avión que abrió una nueva investigación contra Fuente-Alba”, y atendido que ni a los suscritos ni a nuestro representado se le dio oportunidad de entregar versión sobre el reportaje, solicitamos aclara lo siguiente:

1.- La investigación por enriquecimiento ilícito contra el general Juan Miguel Fuente-Alba, a cargo del Fiscal Sr. José Morales, se inicia en diciembre del año 2.014. Luego de cientos de diligencias investigativas, y lo más importante, la más total y absoluta cooperación de la defensa del General Fuente-Alba, prestando declaración y autorizando la apertura de todas las cuentas y productos bancarios, tanto en Chile como en el extranjero, se ha demostrado que todo el patrimonio del general Fuente-Alba está absolutamente y legítimamente justificado. La misma justificación de todo el patrimonio e inversiones se tuvo que realizar ante el SII, cuya acuciosa fiscalización concluyo sin ningún reproche o reparo respecto nuestro representado. Atendido lo anterior es que el General Fuente-Alba no ha sido objeto de formalización ni menos cargo de ninguna especie.

2.- El reportaje en comento sugiere que el General Fuente-Alba, como comandante en Jefe del Ejercito, habría tenido intervención en el proceso de compra del avión, donde tendría vinculación con la empresa vendedora, Virgilio Cartoni, “… cercano a Fuente-Alba”.

3.- Lo concreto es que ambas afirmaciones no se ajustan a la realidad. El general Fuente-Alba sólo respaldo la opinión técnica del Comando de Aviación del Ejercito que sugirió renovar un avión viejo, defectuoso y con evidente deterioro (como lo califica el propio reportaje), que arrojó múltiples fallas, entre ellas un grave aterrizaje de emergencia en Arica, con el propio Fuente-Alba de pasajero. Sin embargo, no tuvo injerencia alguna, como lo acredita el informe de la PDI y de la Contraloría, en la elección del modelo de avión a comprar, precio y demás condiciones de la licitación, menos en el proceso de adjudicación, que estaba a cargo del Comité de Adquisiciones del ejército, compuesto por varios oficiales generales de la institución. A nuestro representado solo le cabía ratificar lo obrado por las instancias técnicas del Ejercito.

4.- Tampoco es cercano a Virgilio Cartoni, como lo señala el reportaje, que funda dicha afirmación en 2 hechos. El primero, que Fuente-Alba fue compañero de generación en el ejercito de los primos de Virgilio Cartoni, con uno de los cuales mantiene amistad. Evidentemente la amistad con una persona no permite afirmar seriamente que eso es prueba de cercanía con sus parientes. El segundo antecedente que esgrime el reportaje es que Fuente-Alba, cuando asumió como Comandante en jefe el año 2.010, nombró como Auditor General del Ejercito a Marcelo Cibie, quien tendría una sociedad con Cartoni. La verdad es que Cibie fue nombrado como Auditor por el antecesor de Fuente Alba, el General Izurieta, siendo reemplazado por el General Martinez, nombrado por Fuente-Alba el año 2010.