Los testaferros y operaciones de los oficiales de Carabineros para esconder su patrimonio

Los padres del teniente coronel (r) Héctor Nail salieron a las 9:00 desde Talca rumbo a Santiago. Fue el pasado 11 de marzo, y como era sábado, no demoraron mucho en llegar. Tres horas después ya estaban en el departamento de su hijo, ubicado en pleno Barrio Italia, en Providencia. En el living los esperaban sus otros dos hijos y la pareja de Héctor, Elizabeth Palma. Todos fueron convocados por el ex oficial de Carabineros para hacerles una confesión: que estaba involucrado en el enorme desfalco a Carabineros y que lo sindicaban como uno de los líderes de la organización criminal. Ese mismo día durante la tarde, Nail fue detenido por personal del OS-7.

Palma era la única que ya lo sabía. “Toma asiento que tenemos que conversar”, le dijo Nail una semana antes. Luego le contó todo: que había un problema grave en su oficina, que tenía que ver con platas, que él había metido sus manos y que ella también estaba involucrada, porque había depósitos en su cuenta corriente que provenían del fraude. Elizabeth entró en pánico. Fue así que se enteró de que su nombre estaba en una nómina de familiares y conocidos que los gestores de la estafa habrían utilizado para ocultar el dinero que obtuvieron de forma ilícita. O sea, que su pareja la había usado como testaferro y que ahora el Ministerio Público la investigaba como cómplice de una millonaria estafa.

En 2014 recibió el primer depósito: $30 millones que le transfirió el carabinero David Vega. Nail no le habría dado ninguna explicación. Luego, en diciembre de ese año, recibió un segundo traspaso. Esta vez el dinero lo había depositado Jaime Valenzuela, un empresario nortino que formaba parte de la red de “palos blancos” que articuló su pareja junto a otros oficiales para extraer el dinero de Carabineros sin que sus nombres se mancharan (ver reportaje). A Valenzuela le imputan haber recibido a lo menos $487 millones por concepto de “remuneraciones” de Carabineros sin siquiera pertenecer a la institución.

“Héctor me dijo que ese dinero era de cosas que estaba viendo con Jaime Valenzuela. Por lo que sabía de Jaime, asumí que se trataba de un negocio, no sabía cual. Luego Héctor me dijo que transfiriera $10 millones a la señora de Jaime Valenzuela -Carla González Guerra- y $10 millones a su Inmobiliaria Nava SpA”, declaró Elizabeth Palma a mediados de abril.

Héctor Nail era socio en esa inmobiliaria junto al mayor (r) Nelson Valenzuela, su amigo hace más de 20 años. La sociedad radicada en Villarrica posee un Jeep Wrangler avaluado en $22 millones y fue constituida con un capital de $15 millones que ambos pagaron al contado en partes iguales.

En esa misma declaración, Palma relató la gestión que realizó Nail para comprar una camioneta con capacidad para 10 personas. Él quería inscribir el vehículo a nombre de la empresa Ventas Henp SpA, inscrita a nombre de su pareja y que registra cuatro vehículos adquiridos entre 2016 y 2017. La compra no resultó. “Me dijeron que Héctor no podía comprar el vehículo para mi empresa, que eso no se podía realizar, entonces Héctor me pidió que la compre no más y que la pague con cheques de mi cuenta corriente. Los cheques serían cubiertos con el dinero que me habían depositado David Vega y Jaime Valenzuela”, dijo a los fiscales Patricio Macaya y Jorge Marín.

Todas esas operaciones fueron consideradas por el 7° Juzgado de Garantía de Santiago cuando accedió a embargar 89 inmuebles y 160 vehículos de los formalizados por el millonario fraude. El argumento del fiscal regional de Magallanes, Eugenio Campos -quien lidera la investigación judicial-, fue que muchos de esos bienes podrían haber sido obtenidos con dinero ilícito, adquiriendo incluso inversiones a nombre de terceras personas. Allí se cuentan al menos 28 vehículos, 25 inmuebles y 12 sociedades que pertenecen a las cuatro personas que estaban en la parte más alta de la estructura que llevó a cabo el fraude, y a unos pocos cercanos.

Además de Héctor Nail, ese grupo lo conformaban el general (r) Flavio Echeverría, el coronel (r) Jaime Paz y el mayor (r) Nelson Valenzuela. Los tres primeros tuvieron cargos de jefatura en distintos momentos en la sección de Finanzas de Carabineros, mientras que el cuarto fue pieza clave para burlar el sistema informático y aprovechar sus debilidades para extraer el dinero. Según la fiscalía, son ellos los principales ideólogos de la denominada “mafia de la intendencia”.

Radio Bío Bío accedió a diversos antecedentes de la investigación del Ministerio Público que muestran cómo los cuatro escondieron las ganancias de las operaciones ilícitas a través de una red de testaferros y múltiples acciones financieras. Lo hicieron a través de familiares, amigos y colaboradores cercanos que se vieron involucrados -algunos sin siquiera saberlo- a través de sociedades, vehículos y/o inmuebles inscritos a su nombre con el fin de lavar el dinero defraudado. Hoy todos son indagados por la fiscalía para reconstruir la ruta de los fondos robados.

Sólo Nail y su círculo más cercano poseen 18 vehículos, 16 propiedades y siete sociedades. Nelson Valenzuela, acumula seis motos, tres autos, un jeep y una camioneta a su nombre, además de dos vehículos, cuatro inmuebles y siete sociedades que tienen inscritas entre él y su pareja, Rosmary Cruzat, también considerada en la investigación como miembro de la organización criminal. Al general (r) Flavio Echeverría le incautaron sus seis propiedades en el sector oriente de Santiago, además del auto y la casa en La Reina donde fue detenido, ambos inscritos a nombre de su esposa. Y el coronel (r) Jaime Paz y su cónyuge registran dos inmuebles y un vehículo que también forman parte de los bienes embargados.

Entre esos cuatro oficiales y sus parejas, acumulan 25 propiedades que tienen un avalúo fiscal que supera los $717 millones.

Unos millones en la bodega, otros para la familia

La noticia devastó a la madre de Héctor Nail. Mientras lloraba desconsolada, su esposo ayudó a sacar unas cajas que su hijo tenía en la bodega, en el subterráneo del edificio. Un frigobar, una cajonera, un mueble de madera, ropa y cascos de moto; todo fue cargado en la camioneta del padre del ex oficial para después llevárselo a Talca. Nail tenía escondidos en ese mismo lugar unos $600 millones, aunque su padre niega haberlos visto.

El 24 de marzo, Nail declaró al fiscal Campos que devolvió esos millones escondidos apenas estalló el caso y que no es efectivo que los haya usado para comprar una propiedad en La Serena, como planteaba el Ministerio Público. El dinero provenía principalmente de las cuentas institucionales utilizadas para el pago de remuneraciones y desahucios, y sólo en esta última, según reconoció Nail, se realizaron a lo menos ocho maniobras entre 2014 y 2015 por un total aproximado de $4.000 millones. La parte que le tocó al ex teniente coronel tuvo un destino variado: no todo terminó guardado en una bodega.

De una u otra forma, Nail se las arregló para involucrar en el fraude a varios de sus cercanos. Su madre reconoció que le ayudó a comprar al menos tres vehículos: una camioneta y dos furgones escolares que su marido utilizaba para transportar pasajeros. Eso sí, aseguró a los fiscales que fue un préstamo y que ya le devolvieron todo. Su hermano Christofer señaló que cuando se fue a estudiar un magíster a Valparaíso en 2015, Nail lo ayudó y le pagó el arancel anual completo. También dijo que le constaba que le había comprado un departamento a su sobrino, Maximiliano. Y no sólo eso. A fines de 2015, cuando salió de cuarto medio, le compró también un Audi A1 nuevo, avaluado en unos $14 millones. “No supe cómo lo compró ni cómo lo pagó. Yo vi el auto cuando llegó en él a casa”, declaró Elizabeth Palma en dependencias del OS-7.

A ella la fiscalía la persigue no sólo por los depósitos en su cuenta corriente, sino también por supuestamente haber ayudado a su pareja a ocultar y disimular parte del dinero mediante consejos e inversiones, al tiempo que trabajaba como analista en la corredora de bolsa Tanner. También hicieron negocios juntos. En 2015 planearon instalar una empresa estilo Cabify, y para ello crearon la sociedad Transportes Henp SpA, con un capital de sólo $3 millones que ambos aportaron en partes iguales. En todo caso, según su registro en Dicom, la firma sólo registra a su nombre un vehículo: una Hyundai Santa Fe modelo 2015.

La que sí registra más de un vehículo a su nombre es Ventas Henp SpA, donde Palma aparece como única accionista. Aunque en ningún caso parece una flota para explotar el giro de transportes. La sociedad tiene a su nombre tres vehículos: una moto BMW (2016) y dos station wagon, uno marca Mahindra (2017) y otro Chevrolet (2016).

De forma directa, Nail -quien recibía un sueldo de $1.400.000 mensuales en Carabineros- registra a su nombre cinco vehículos; tres departamentos en Providencia, Santiago y La Serena; dos sitios en Villarrica y uno en Colina; y un terreno agrícola en San Javier. Palma tiene dos terrenos en Lampa y también un predio agrícola en San Javier.

Otra línea que sigue la fiscalía apunta a los viajes que realizó Nail junto a Palma y otras personas al extranjero. Entre 2010 y 2015, Nail estuvo en Colombia, Argentina, Cuba, Perú y Brasil. Además, hubo dos viajes a Europa, uno en junio de 2015 y otro a mediados de 2016. Ambos los pagó Elizabeth Palma con el dinero que le habían depositado por medio de triangulaciones, pero que provenía de las cuentas de Carabineros. Ella asegura que no sabía de dónde venía esa plata.

En los dos viajes a Europa participaron también otros uniformados involucrados en el fraude. El de 2016 fue un viaje de parejas al que Nail y Palma fueron junto a otro al teniente coronel (r) Robinson Carvajal, acusado de reclutar “palos blancos” y recibir cerca de $200 millones como exceso de sueldo. El otro, el de 2015, fue un viaje de motoqueros, y a ese los acompañó alguien de extrema confianza, su socio y viejo amigo, el mayor (r) Nelson Valenzuela, el ingeniero informático sindicado como la persona que detectó y aprovechó las fallas del sistema para retirar platas desde cuentas institucionales.

Valenzuela, sus cabañas y las bolsas de papel

Héctor Nail y Nelson Valenzuela se conocieron a comienzos de los ‘90, cuando ingresaron juntos a la Escuela de Oficiales de Carabineros. Fue ahí que forjaron una amistad que hoy se entrelaza con varias cosas que tienen en común: su afición por las motos, propiedades, sociedades y vehículos. Una relación que hoy está bajo el foco de la fiscalía por la sospecha de haber servido como una vía para lavar el dinero obtenido ilegalmente.

Pagar menos impuestos era lo que atraía a Nelson Valenzuela a constituir sociedades inmobiliarias. Así él mismo lo reconoció a los fiscales. Por eso creó una en 2011, otra en 2012 y una tercera en 2014. Las últimas dos están radicadas en Villarrica, donde ha desarrollado un pujante negocio turístico.

Las cabañas ubicadas en la zona más exclusiva del balneario de Villarrica pueden ser consideradas como las inversiones mejor valoradas de Valenzuela: Borde Lago Ltda. ofrece hospedajes a sólo 100 metros del lago. La sociedad fue creada en 2012 junto a su ex pareja, Sonia San Martín, con un capital de $20 millones. Como ella no tenía dinero, Valenzuela se hizo cargo de su parte con la condición de tenerla trabajando en las cabañas como forma de pago. Poco tiempo duraron las buenas relaciones en el complejo turístico hotelero.

En 2014, Valenzuela llegó con cinco bolsas de papel a las cabañas de Villarrica. San Martín recuerda que le dijo que había hecho un negocio y que iba a guardar el dinero en uno de los cajones de la administración: $70 millones en efectivo. Finalmente, Valenzuela guardó ese dinero en un baño en desuso del segundo piso del complejo turístico, ignorando a San Martín que le aconsejaba depositarlo en el banco. Hasta que las encontró la empleada doméstica del lugar. San Martín salió de las cabañas con las bolsas con dinero en la mano para depositarlas a la cuenta de su empresa, pero la interceptó Valenzuela. “Me dijo que esa plata no la podía depositar y que no me metiera en webadas que no me correspondía”, declaró su ex pareja ante el capitán Tulio Muñoz, del OS-7.

Al año siguiente, ya estando separados, Valenzuela la pasó a buscar en su camioneta para liquidar la sociedad. Cuando San Martín se subió, él le preguntó si le creería que se había ganado el Loto. Incrédula, ella le dijo que no. Fue ahí que Valenzuela le mostró seis de las mismas bolsas de papel, con $100 millones en su interior. Le ofreció $3 millones de regalo. Cuando ella relató esto a los fiscales, aseguró que se negó a recibirlos y que entonces él le dijo: “Bájate, bájate weona”. Consultado por ese episodio, Valenzuela lo negó y precisó que en realidad eran $8 millones provenientes de negocios totalmente legítimos.

San Martín ingresaría después una denuncia ante la Contraloría General de la República para que se investigue el abultado patrimonio de su ex pareja, que a su juicio era incompatible con sus ingresos. Según ella, Valenzuela inscribió una parcela en la Región del Maule a nombre de su madre, y a su padre le compró una camioneta. Mientras, él tenía un departamento en Ñuñoa y una casa en Colina. Además, adquirió seis motos entre 2004 y 2016, y una camioneta y cuatro autos de colección completan su garaje. A todo eso se sumarían dos casas que supuestamente le habría comprado a Silvana Marisio, una teniente coronel que también ha sido vinculada al fraude y que fue desvinculada de Carabineros tras detectarse $80 millones injustificados en su cuenta corriente.

La otra sociedad que creó en Villarrica es la que comparte junto a Héctor Nail: Inmobiliara Nava SpA, que además del jeep, registra a su nombre una parcela en esa misma comuna.

Por otro lado, la actual pareja de Valenzuela, Rosmary Cruzat, figura como socia en cuatro empresas inscritas a su nombre, todas constituidas en 2016 junto a Marta Zúñiga. Además, posee un inmueble en Villarrica transferido por su pareja, cuyo avalúo fiscal es de $7 millones. A ella también la investiga el Ministerio Público por los negocios cruzados con Valenzuela y Nail.

Viajes sospechosos

Dos inmuebles y un vehículo le fueron embargados al coronel (r) Jaime Paz y su esposa, Gilbe Giovanetti, aunque la casa de ella, ubicada en Buin e inscrita a su nombre, fue en realidad adquirida con recursos de su marido, el ex jefe del Departamento I de Presupuesto y Finanzas de Carabineros. Así lo reconoció Paz: “Fue adquirida con un pie que di con recursos míos y con un crédito hipotecario que está a su nombre”.

Paz explicó a los fiscales que Giovanetti no mantenía ninguna actividad económica al momento de solicitar el crédito hipotecario y tampoco recibe recursos actualmente. Quien es considerado como uno de los líderes de la organización criminal que operó al interior de Carabineros, se refirió también a una parcela que tiene en Pucón. “Esa parcela, si bien está a nombre de mi cónyuge, fue adquirida con recursos míos”, aseguró.

Lo que Paz sí tiene a su nombre es otra propiedad en Buin, cuyo avalúo fiscal se alza por cerca de los $57 millones. Y también algunos viajes que, al igual que los de Nail y Valenzuela, la fiscalía tiene en la mira por posiblemente haber sido pagados con dinero proveniente del desfalco.

El coronel llegó a España el 20 de septiembre de 2011 y se devolvió a santiago 16 días después. Luego voló a Italia en agosto de 2015, y en esa oportunidad pasó 20 días fuera del país. Y hay un tercero: entre el 30 de septiembre y el 11 de octubre de 2016, Paz estuvo en Estados Unidos.

La sospecha del fiscal Campos respecto a los viajes no sólo apunta a que los gastos hayan sido cancelados con dinero malversado, sino que también considera la posibilidad de que parte de los recursos pueda haber sido invertida en cuentas o sociedades en el extranjero, sobre todo en paraísos fiscales. Por eso pidió a la Policía de Investigaciones (PDI) un informe detallado de las entradas y salidas de Chile de los principales implicados. Y es ahí donde aparecen los distintos viajes que realizó entre 2011 y 2016 el general (r) Flavio Echeverría a Cuba, China, España, Argentina y a otro destino que reafirma las aprensiones del fiscal.

Fue el último viaje del general el que más llamó la atención de Campos. En febrero de 2017, Echeverría pasó ocho días en Panamá. Fue apenas un mes antes de que estallara el caso y de que él mismo cayera detenido. Por eso la fiscalía explora la posibilidad de que haya desviado los fondos hacia presuntas inversiones offshore. Él, en todo caso, lo niega: “Viajé de vacaciones con mi esposa e hijas a Jamaica por ocho días”.

Al ser uno de los peces más gordos en el esquema, Echeverría era de los pocos que se quedaba con la totalidad del dinero que le llegaba a su cuenta. En 2009 utilizó parte de esos recursos para comprarse un Jeep Grand Cherokee negro. Al año siguiente, confesó recibir depósitos de al menos $70 millones en su cuenta corriente. “Tampoco devolví a nadie esos depósitos; me los quede en un 100%. Los invertía en fondos mutuos, en Banchile y los demás siempre ahí”, declaró el pasado 24 de marzo ante dos oficiales de menor rango, un mayor y un coronel. Las inversiones que Echeverría mantenía en la administradora general de fondos daban cuenta de depósitos por cerca de $416 millones entre 2010 y 2016.

A él, el tribunal le congeló cinco propiedades en Ñuñoa, además de una casa en La Reina. Su esposa, en tanto, tiene a su nombre una casa con un avalúo fiscal de $131 millones y un jeep de 2014. La justicia también los tiene bajo su tutela mientras dure la investigación.