Los nexos familiares y políticos de los notarios nombrados por el ministro Jaime Campos

Al menos cinco, de los más de 14 notarios que ha nombrado hasta ahora el ministro de Justicia, tienen importantes vínculos familiares con personas del Poder Judicial o el mundo político. En algunos casos, incluso, las bajas calificaciones en sus exámenes no fueron problema para ser designados en sus cargos. Radio Bío Bío revisó los 401 cargos en ejercicio entre notarios, archiveros y conservadores, y encontró a 135 personas que están vinculadas familiarmente con funcionarios de cargos relevantes de algún poder del Estado.

Cuando Jaime Campos asumió como ministro de Justicia el 19 de octubre del año pasado, el conflicto de interés se instaló con a él. Morpho, la polémica empresa francesa a cargo de la elaboración de los pasaportes y cédulas de identidad del Registro Civil, es asesorada legalmente por Francisco Zuñiga, un viejo amigo abogado de Campos con quien compartía una denominada comunidad de techo. El vínculo entre ambos fue denunciado por la oposición y cuestionado por el Colegio de Abogados. Pero Campos se defendió, dijo no tener relación profesional con Zuñiga y lanzó un reto: “cuélguenme en la plaza pública” si encuentran algún acto a favor de Morpho.

Las solicitudes de renuncia llenaron los titulares por eso días, pero Campos mantuvo su puesto. Hoy, sin embargo, su reto cobra fuerza y podría ser puesto a prueba nuevamente, aunque en otro caso. Se trata de las más de 100 notarías, archiveros y conservadores que quiere crear y los polémicos nombramientos que ha hecho desde que asumió como ministro de Justicia.

Los cuestionamientos han surgido desde la Corte Suprema, parlamentarios, candidatos presidenciales y el mundo legal, y tienen que ver con el carácter reservado del plan, pero también con cómo y a quién nombra de notario, archivero o conservador. En efecto, pues todos estos cargos son ampliamente apetecidos por sus postulantes debido, básicamente, a dos elementos: su calidad de vitalicios y los altos ingresos que reportan. Esas regalías, precisamente, han sido objeto de tráfico de influencia en el pasado y actualmente están bajo estudio de la Fiscalía Nacional Económica (FNE).

Claudio Agostini, uno de los economistas que la FNE convocó para asesorarla en la revisión que inició de este mercado, ha dicho que un notario en Santiago puede llegar a ganar hasta $60 millones mensuales. El sueldo de un conservador o un archivero, en tanto, es mucho más alto. Agostini, quien es fuertemente resistido por el gremio de notarios, calculó que el Conservador de Bienes Raíces (CBR) de Santiago puede llegar a ganar hasta $180 millones al mes. En 2009, sin embargo, en una entrevista en Tolerancia Cero, el CBR de Santiago, Luis Alberto Maldonado Croquevielle, dijo que su sueldo mensual era de unos $60 millones.

Como sea, los nombramientos y sueldos asociados a estos cargos siempre han sido polémicos. En el gobierno de Sebastián Piñera, de hecho, varios fueron los nombres cuestionados por tratar de quedarse con una notaría. Entre ellos, el exdiputado (UDI), Enrique Estay; y Jorge Ulloa, el hijo del diputado (UDI) del mismo nombre. Ambas postulaciones fracasaron, tras las denunciadas de la prensa.

Un estudio de 2007 del economista Ricardo Paredes calificó esta actividad como un “monopolio legal”, dominado por relaciones familiares. Una extensa investigación de Radio Bío Bío, que incluyó la revisión en el Registro Civil de todos los cargos de notarios, archiveros y conservadores del país, puso a prueba esa hipótesis. ¿El resultado? De los 401 cargos que actualmente están en ejercicio entre notarios, archiveros y conservadores, 135 tienen algún tipo de relación familiar con miembros del Poder Judicial, Ministerio Público, Congreso o el gobierno. Lo anterior representa el 34% del total y varios de ellos han sido nombrados por Jaime Campos. (Descarga acá el mapa de relaciones familiares de los notarios, conservadores y archiveros, en formato Excel).

La familia política

La carrera notarial de Eduardo Rodríguez Burr parece ir en ascenso. En septiembre de 2016 fue nombrado notario del archipiélago de Juan Fernández y cinco meses después, fue transferido como notario de Renca, un puesto de mayor relevancia al que accedió tras superar a otros 70 postulantes. El abogado había iniciado su carrera varios años antes, como Procurador del Número de Rancagua, un cargo auxiliar, y sus dos recientes nombramientos parecen el producto de una carrera meritocrática en el sistema judicial. Su trayectoria y círculo familiar, sin embargo, muestran algo más.

Desde 2010, al menos, Rodríguez trabajó para diversos ministerios como asesor legal. Sus últimas cuatro paradas fueron en los ministerios de Minería, Defensa, Educación y Trabajo. Precisamente, la exministra de Trabajo y luego de Justicia, Javiera Blanco, fue quien lo nombró como notario de Juan Fernández, un apetecido cargo que ha sido definido como “trampolín” para notarías de mayor envergadura e ingresos. Jaime Campos, el actual ministro de Justicia, fue quien lo promovió en mayo de este año a notario de Renca.

Campos ha dicho que en los ocho meses que lleva como ministro de Justicia no ha nombrado a ningún notario por sus contactos políticos. Pero el caso de Rodríguez, entre varios otros, llama la atención. El notario de Renca, de acuerdo a fuentes de Radio Bío Bío, obtuvo 8 puntos de un máximo de 30 en su evaluación de conocimientos para acceder al cargo. Pese a ello, logró integrar la terna y luego ser nombrado como notario.

El padre de Rodríguez es Eduardo Rodríguez Guarachi, un reconocido e influyente miembro de la Democracia Cristiana (DC) con contactos políticos y comerciales en varios países. Rodríguez Guarachi fue embajador en Japón y Argentina y actualmente se desempeña como miembro del Consejo Superior de la Universidad Diego Portales (UDP) y socio del estudio Rodríguez Mattar Abogados. Su proyecto más ambicioso en la actualidad y por el cual lleva años realizado gestiones a nivel político, es el Consorcio Corredor Bioceánico Aconcagua (CCBA), una polémica iniciativa ferroviaria de baja altura que pertenece a la Corporación América, el holding que reúne las inversiones del magnate argentino, Eduardo Eurnekian.

El caso de Rodríguez no es aislado, pues se suma al del nuevo notario y conservador de bienes raíces de Pirque, Ricardo Moyano, exjefe de gabinete del ministro de Agricultura y militante del Partido Socialista (PS), Carlos Furche. El ministro Campos nombró a Moyano como notario de Pirque, puesto que estaba vacante, y agregó a dicho cargo el de conservador, el cual hasta esa fecha no existía en la zona.

Un extenso intercambio de oficios con la Corte de Apelaciones de San Miguel da cuenta de cómo Campos primero pidió crear siete notarías en esa jurisdicción y, tras obtener esa aprobación, agregó la creación de otro cargo más: el de conservador de Pirque. Campos hizo todo eso el mismo día que nombró como notario a Moyano en esa comuna, quien finalmente tendrá el doble cargo de notario y conservador, lo que implica una fuerte alza en sus ingresos. Su doble nombramiento no sólo es polémico por la creación del cargo de conservador; también lo es por sus capacidades para ejercer en el mismo. El exjefe de gabinete del ministro de Agricultura obtuvo el puesto 43 de los 91 postulantes al cargo. Pero de todas formas integró la terna que la Corte de Apelaciones le entregó a Campos. Su nombramiento, en todo caso, ya está siendo revisado por la Corte Suprema.

Los otros nombramientos de Campos

Antes de cumplir un mes como ministro de Justicia, Jaime Campos nombró al primero de lo más de 14 notarios que hasta la fecha ha designado en su cargo. Se trata de Francisco Fuenzalida Rodríguez, quien asumió en la 2° Notaría de Viña del Mar. Fuenzalida, al igual que Moyano y Rodríguez, tiene vínculos familiares, pero en este caso con el Poder Judicial, ya que es hijo del exministro de la Corte de Apelaciones de Valparaíso, Hugo Fuenzalida Cerpa, quien presidió la instancia en 2006.

Constanza Quintana Jaramillo también fue nombrada por Campos, pero como notaria, conservadora y archivera de Coelemu, el 30 de marzo pasado. Quintana es hija del notario suplente de Concepción y exjuez del 2° Juzgado Civil de Chillán, Jorge Quintana Miranda. Tanto Fuenzalida como Quintana, como se aprecia, tienen vínculos familiares con personas de sus mismas jurisdicciones, es decir, de las regiones de Valparaíso y Bío Bío, respectivamente.

El 14 de julio pasado, Campos hizo otro nombramiento de notario con nexos políticos. Se trata de Pamela Quinteros López, exrelatora de la Corte de Apelaciones de Puerto Montt, quien asumió como notaria, conservadora y archivera de Maullín tras ganarle a otros 98 postulantes. Quinteros es hija del senador del PS de la misma región, Rabindranath Quinteros.

Ricardo Paredes, el economista que definió como un “monopolio legal” la actividad en su estudio de 2007, expuso de la siguiente manera la red de relaciones familiares y políticas que se ha dado históricamente en el cargo de CBR: “Santiago Enrique Rodríguez Cerda (exconservador de Santiago) fue yerno del senador José Francisco de la Cerda, y de Emiliano Figueroa Larraín, quien también fue conservador y llegó a la Presidencia de la República en dos ocasiones. El CBR en 1925, Aníbal Rodríguez Herrera, fue diputado y ministro de Estado, hijo del senador Juan Esteban Rodríguez Segura; Ignacia Herrera Gallegos, que era pariente directo de senadores y diputados; y Herman Chadwick Valdés, hijo de Roberto Chadwick Castro, amigo personal del ex Presidente Gabriel González y cuñado de José Piñera Carvallo (padre de Sebastián Piñera), además senador”.

Herman Chadwick Valdés, el último CBR de Santiago al que hizo referencia Paredes en su estudio, fue nombrado en el cargo por Augusto Pinochet en 1977 y se mantuvo hasta 1997, un año antes de su fallecimiento. Es el padre Herman Chadwick Piñera, presidente de Enel, entre varias otras sociedades; y abuelo de Herman Chadwick Larraín, el cuestionado síndico de quiebras del caso Caval.

La trenza de relaciones familiares en torno al cargo de CBR, en todo caso, no ha cambiado en un siglo. Actualmente, el cargo de CBR de Santiago es ocupado por Luis Alberto Maldonado Croquevielle, hijo de Luis Maldonado Boggiano, expresidente de la Corte Suprema; padre de Luis Maldonado Concha, notario de La Cisterna; y primo hermano de Jorge Tampe Maldonado, notario de Santa Cruz.

Más del 30% con vínculos familiares

La última intervención del ministro Campos en esta materia fue el viernes 4 de agosto, cuando el Diario Oficial publicó el denominado decreto 1515, que establece la creación de 101 nuevos cargos de notarios, conservadores y archiveros. El centenar de nuevos cargos que introduce Campos llevará la cifra de notarios, conservador y archiveros del país a más de 500, pues actualmente existen 401 en ejercicio activo.

De acuerdo a la revisión de parentesco familiar con el Poder Judicial o políticos de esas 401 personas, Radio Bío Bío pudo determinar que hay 135 personas que tienen, o tuvieron en algún momento, algún tipo de vínculo familiar con funcionarios de cargos relevantes de algún poder del Estado, lo que representa el 34% del total. Es decir, de cada 10 notarios, conservadores y archiveros, tres de ellos tienen, o tuvieron, alguna vinculación con el Poder Judicial, gobierno o el Congreso.

El tipo de relaciones se distribuye de la siguiente manera:

Uno de esos casos es el del notario de la 15° Notaría de Santiago y actual presidente del gremio, Alfredo Martin. Su primo, Gonzalo Martin, es conservador y archivero de Puente Alto; y su padre, Ricardo Martin, quien falleció en 2005, fue ministro de la Corte Suprema y posteriormente senador designado.

“Toda persona que no se encuentre inhabilitada legalmente puede postular al cargo, si tiene los méritos que establece ley”, dice Martin, quien asegura que su red familiar no influyó en su nombramiento. “Ser discriminado por el hecho de tener algún parentesco resulta inaceptable. En otras palabras, no resulta legitimo relegar a segundo plano los méritos que una persona tiene por el sólo hecho de ser pariente de”, agrega.

Algo de razón tiene Martin. No todos los notarios, conservadores y archiveros que tienen familiares en el mundo político o judicial han llegado a sus cargos por pituto. Pero las historias de telefonazos desde el mundo político al judicial para conformar las ternas, o derechamente el ofrecimiento de notarías para pagar favores, se repiten y son conocidas en el ambiente.

“Es cosa de revisar algunos currículum de algunos notarios o conservadores para darse cuenta de que no tienen otro mérito que ser hijo de (…) o de haber tenido algún cargo político”, dijo a El Mercurio, el ministro de la Corte Suprema, Carlos Aránguiz.

Varias fuentes consultadas para este artículo coinciden en que las altas cifras de parentesco no son casuales ni inocuas para la actividad notarial. Por lo mismo, la modernización del sistema de nombramientos es una idea que toma cada vez más fuerza, incluso, entre notarios.

“Desde el primer momento apoyamos los exámenes que estableció la Corte Suprema”, dice Martin. “Nos parece que otorgar puntajes a exámenes de habilidad, conocimientos y corroborar antecedentes profesionales y personales de las personas, es sumamente necesario. Y, en lo posible, que sean vinculantes”, agrega.

Pero si de legislar sobre esta materia se trata, varios parlamentarios tendrán que abstenerse de participar en la discusión, pues tienen vínculo directo con los incumbentes.

La senadora de Amplitud, Lily Pérez, por ejemplo, está casada con Miguel Bauzá Fredes, notario de Coquimbo; el senador de Renovación Nacional (RN), Francisco Chahuán, en tanto, es hijo de la notaria de La Calera, Lidia Chahuán Issa; el diputado Gaspar Rivas (independiente, ex RN), es sobrino de la notaria de Los Andes, Marta del Carmen Rivas Schulz; la diputada del Partido por la Democracia (PPD), Cristina Girardi, está casada con el notario de Santiago, Francisco Varas Fernández; y el actual candidato al senado por la DC, Francisco Huenchumilla, está casado con María Antonieta Suárez, conservadora, archivera y notaria de Lautaro.