Las propiedades y millonarias inversiones de los ministros de la Corte Suprema

De acuerdo a las declaraciones presentadas en el marco de la nueva ley de probidad, Patricio Valdés, María Eugenia Sandoval y Ricardo Blanco son los ministros del máximo tribunal con mayor patrimonio. Cada uno declaró $1.469 millones, $1.215 millones y $755 millones, respectivamente. Valdés y Sandoval, a su vez, también lideran la nómina de los “supremos” con mayor capital empresarial.

Hay una diferencia enorme entre el ministro de la Corte Suprema que mayor patrimonio declara y aquel que menos. Ordenados de mayor a menor, al tope de la lista se encuentra Patricio Valdés, quien casualmente es considerado como un juez de un marcado perfil empresarial. En 2012, el mismo año que asumió como presidente del Tribunal Calificador de Elecciones (TRICEL), fue acusado por un grupo de diputados de favorecer sistemáticamente al empresariado en los fallos en que participaba como presidente de la sala laboral del máximo tribunal del país (ver reportaje de El Mostrador). Decían que cuando él estaba, las empresas solían ganar, mientras que a la inversa, cuando se ausentaba, los sindicatos y trabajadores resultaban victoriosos.

Su relación con el mundo empresarial es antigua. En los ‘70 fue gerente general de la Sociedad de Fomento Fabril (Sofofa), entre 1985 y 1995 estuvo en el directorio de una AFP (la desaparecida Concordia) y entre 2005 y 2006 fue árbitro del Centro de Arbitraje y Mediaciones de la Cámara Chilena de Comercio. Pero además, él mismo invierte en una variada cartera de empresas. En total son 19, según su declaración de patrimonio actualizada que esta semana subió el sitio web del Poder Judicial.

Entre propiedades, acciones y derechos en empresas e inversiones en fondos mutuos, Valdés registra un patrimonio total que bordea los $1.470 millones. Es por lejos el ministro de la Corte Suprema que más activos tiene a su favor, y ninguna deuda.

Es socio en Frigorífico La Calera Ltda. y en Valdés Consultores y Asesores Ltda. y además posee acciones en 17 compañías distintas: la Sociedad Matriz Banco de Chile ($19,6 millones), Inversiones Aguas Metropolitanas -grupo controlador de Aguas Andinas- ($16,6 millones), Banco de Chile ($19,5 millones), Aguas Andinas ($17 millones), Enel Chile ($475.537), Banco Bice ($7,5 millones), Santelix (en Estados Unidos, $20.904), Feria La Calera ($9,5 millones), Iansa ($117.972), Invercap ($974.380), Copec ($700.000), Cap ($5,5 millones), Masisa ($16.254), Gasco ($567.817), CMPC ($6,9 millones), Sociedad Inmobiliaria de la Sofofa ($1,9 millones) y Camanchaca ($579.471). Esta última firma es considerada una de las mayores pesqueras industriales del país y ha sido mencionada en el marco de los casos Corpesca y Asipes, investigaciones que buscan dilucidar si hubo aportes irregulares a políticos.

Registra cinco inmuebles -algunos de ellos en copropiedad y en comunidad- avaluados en más de $666 millones y cuatro fondos mutuos por unos $307 millones. También una camioneta Toyota de 1995, tasada en apenas $1,2 millones.

La situación de Valdés es muy distinta a la que declara el ministro Carlos Aránguiz, quien se encuentra al fondo de la nómina como el magistrado con menor patrimonio. Él sólo registra un inmueble a su nombre, una casa en Rancagua avaluada en poco más de $42 millones. Al mismo tiempo anota dos créditos, uno hipotecario y otro de consumo, que suman $115 millones. Aunque también registra un vehículo Subaru de 2013 avaluado en $8 millones, en la suma y resta global termina en números rojos, con más de $63 millones en contra.

Los datos provienen de las declaraciones de patrimonio e intereses que, al igual que la gran mayoría de funcionarios públicos, los 20 ministros de la Corte Suprema tuvieron que actualizar debido a la nueva Ley de Probidad. El plazo para cumplir con ese trámite venció el 31 de marzo pasado, y toda la información correspondiente fue enviada por el Poder Judicial al día siguiente a la plataforma Infoprobidad.cl, creada por la Contraloría y el Consejo para la Transparencia para publicar la información patrimonial y de intereses de parlamentarios, ministros, subsecretarios, jefes de servicio, alcaldes y concejales, entre otros.

Radio Bío Bío revisó en detalle lo declarado por cada miembro de la Corte Suprema y encontramos que seis de ellos -incluido Valdés- registran patrimonios que superan los $500 millones. Muchos de ellos no registran ningún vehículo y cuentan con varios inmuebles. Entre los 20 reúnen unos 109 bienes raíces cuyo avalúo fiscal supera los $5.072 millones. Algunos tienen derechos de agua inscritos a su nombre y registran actividades en paralelo, la mayoría de las veces como docentes o académicos en universidades públicas y privadas, pero hay otros que apuntan intereses en áreas completamente distintas. Algunos, como Carlos Künsemüller, tienen gran parte de su dinero invertido en empresas. Otros, como Carlos Cerda, se dedican a otra cosa: él registra como actividad paralela “agrónomo” y en vez de automóviles, incluye dos tractores sin marca ni avalúo.

Jueces inversionistas

En cuanto a otros intereses, el 60% de los jueces de la Corte Suprema declara participar en alguna asociación, academia, fundación u otro tipo de organización. De ellos, seis reportaron acciones o derechos en alguna sociedad. Pero sólo tres, incluyendo a Valdés, destacan por tener la mayor parte de su patrimonio colocada en inversiones o en sociedades comerciales.

La ministra María Eugenia Sandoval es una de esas tres. Ella declara participar como socia en Inversiones Iguazú y Compañía, una sociedad dedicada a la inversión y renta de capitales mobiliarios que inició actividades en 1995. La creó ese mismo año junto a sus tres hijos, quedando ella con el 85% de los derechos. Aunque el capital de esa firma es de apenas $5 millones, Sandoval declara que el valor corriente de su participación ahí se alza por sobre los $293 millones. En su reporte también incluyó depósitos a plazos y fondos mutuos por otros $593 millones repartidos en tres instituciones financieras distintas (Santander, BBVA y Templeton). Eso sí, el 55,6% de ese último monto lo tiene invertido a través de su sociedad y no como persona natural.

Antes de llegar al Poder Judicial (2005), Sandoval trabajó casi 30 años en PricewaterhouseCoopers, donde actualmente realiza cursos de capacitación. También es docente de las universidades Católica de Chile, de Concepción y Gabriela Mistral y es socia del Colegio de Abogados. Posee seis inmuebles avaluados en $323 millones. Tampoco registra deudas, lo que la convierte, con más de $1.215 millones entre todas sus inversiones, en la segunda de la lista entre los ministros con mayor patrimonio de la Suprema.

El tercer ministro con amplia participación en el sector privado es el ya mencionado Carlos Künsemüller, quien reportó acciones en diez empresas distintas: Sociedad Anónima de Deportes Manquehue ($2 millones), SQM ($1,1 millones), Parque Arauco ($2,9 millones), Itau Corpbanca ($214.825), Empresas Hites SA ($2,9 millones), Enel Chile ($1 millón), Enel Americas ($1,3 millones), Almendral ($3,3 millones) y Aguas Andinas ($962.279). También declaró haber comprado $465.940 en acciones de Ripley Corp en 2006 y una segunda transacción por la misma cifra en 2007.

Künsemüller cuenta además con 20 cuotas de fondos mutuos por más de $382 millones, dos propiedades avaluadas en $160,6 millones y un Station Wagon por $12,4 millones. Este último, es el segundo vehículo más caro declarado por un ministro de la Suprema después de la camioneta 4X4 ($15 millones) de Hugo Dolmestch, presidente de la Corte. En el currículo publicado en el sitio web del Poder Judicial, Künsemüller sólo declara antecedentes académicos y su participación como miembro del foro para la reforma procesal penal y evaluador de proyectos de Conicyt.

Los otros “supremos” con presencia en empresas son Milton Juica, con sus 187 acciones de Azul Azul SADP que él avalúa en $157.080; Rosa Egnem, que declara dos sociedades donde ha invertido unos $48,8 millones; y Lamberto Cisternas, cuya participación como socio en el Instituto Virchow, de medicina integrativa, alcanza los $12 millones.

Por su parte, Ricardo Blanco es el ministro con mayor reserva en valores: $583 millones en un depósito a plazo en el Banco Edwards -Citi- del Banco de Chile. En contraposición a esa realidad, el más endeudado es Lamberto Cisternas, quien declaró créditos de consumo e hipotecarios por $206 millones -aunque cuenta con seis propiedades por $217,9 millones- y Manuel Valderrama con $184,5 millones en créditos hipotecarios y de consumo.

Posibles incumplimientos

Pese a estar casados por sociedad conyugal, seis ministros no declararon bienes de sus cónyuges. Se trata de Carlos Cerda, Sergio Muñoz, Héctor Carreño, Guillermo Silva, Manuel Valderrama y Milton Juica.

La Ley sobre probidad en la función pública y prevención de los conflictos de intereses establece que “la declaración de intereses y patrimonio deberá comprender los bienes del cónyuge siempre que estén casados bajo el régimen de sociedad conyugal”. Contrario a lo que ocurre en el caso de los ministros anteriormente mencionados, solo podrían ser reservados antecedentes “sensibles”, como el RUT. Sin embargo, existe una excepción. Si los bienes del cónyuge fueron adquiridos bajo el artículo 150 del Código Civil, no es necesario que se declaren. Lo anterior forma parte del artículo 23 del reglamento de la Ley 20.880.