Poco después de que explotara en 2015 el llamado Milicogate, en el Ejército evaluaron publicar las declaraciones de patrimonio e intereses de su alto mando. Sería algo voluntario, ya que la ley sólo obliga al comandante en jefe a mantener disponible en la web el detalle de sus bienes, inversiones y deudas para quien quiera consultarlo. Pero decidieron no hacerlo y desde entonces, la información patrimonial de los otros 47 generales sólo es accesible si se pide a través de la Ley de Transparencia. Radio Bío Bío accedió a esos documentos y contrastó su contenido con lo que señalan distintas bases de datos públicas. Encontramos graves omisiones e inconsistencias que impiden conocer el patrimonio real y las áreas de interés de los altos oficiales. También una millonaria inversión en el Grupo Arcano e inmuebles, autos e incluso familiares que debían ser incluidos y no aparecen en los formularios.

Si se ordenara a los generales del Ejército según el volumen de sus inversiones, el comandante de la División de Adquisiciones, el general Germán Schell, quedaría en el tercer lugar. Según él mismo indicó en su declaración de patrimonio, tiene más de $163 millones repartidos en una cuenta corriente en dólares y un depósito y una cuenta de ahorro en la Jefatura de Ahorro para la Vivienda de la misma institución (JAVE). Pero pudo haber sido más si no fuera porque gran parte de su patrimonio se esfumó en lo que hoy la justicia investiga como un millonario fraude piramidal.

El general Schell (en la foto) tenía cerca de $193 millones invertidos en empresas del Grupo Arcano, el holding que fundó y dirigió Alberto Chang, y que hoy es objeto de una investigación judicial por estafa y lavado de activos. De hecho, entre febrero de 2014 y diciembre de 2015, el oficial realizó a lo menos 10 operaciones con montos que variaban entre los $10 millones y $55 millones, la mayoría de ellas con una rentabilidad garantizada de 1,3% mensual, más del triple de lo que ofrece el mercado formal. Y al igual que las 700 personas que confiaron su dinero a Arcano, cuando Chang se fugó a Malta en marzo de 2016, Schell perdió su plata. Eso a pesar de que apenas dos meses antes el Ejército había enviado a todo el país una circular recomendando a sus militares no invertir en ese tipo de empresas.

El general ahora es demandante en una causa contra Arcano que se tramita en el 25° Juzgado Civil de Santiago. Además, su nombre aparece en una lista de personas que invirtieron con Chang y que el fiscal Carlos Gajardo envió al Servicio de Impuestos Internos (SII) para que sean investigados por el posible no pago impuestos (ver lista). Es por eso que ese dinero no aparece detallado como una inversión en su declaración de patrimonio. Tampoco como un pasivo. Schell lo declara en un apartado especial como una “potencial fuente de conflicto de interés”.

Al igual que los otros 47 generales que conforman el alto mando del Ejército, Schell está obligado por ley a declarar su patrimonio y las áreas donde pueda tener algún tipo de interés. Sus inmuebles, vehículos, sociedades, inversiones y deudas; todo debe quedar inscrito con detalles en un formulario dispuesto especialmente para eso. Un trámite que resulta clave para poder aplicar mecanismos de control y evitar no sólo conflictos de interés, sino también el posible enriquecimiento ilícito o incluso negociaciones incompatibles.

De hecho, en el Ejército dicen estar realizando una revisión de las declaraciones de sus oficiales para definir patrones que les permitan identificar a futuro movimientos patrimoniales irregulares e injustificados. Pero para la ciudadanía son documentos difíciles de encontrar.

A menos de dos años de haberse detectado el millonario fraude con fondos provenientes de la Ley Reservada del Cobre y a un año de que un reportaje de Informe Especial revelara el explosivo e irregular aumento patrimonial del ex comandante en jefe, el general (r) Juan Miguel Fuente-Alba, sólo dos de esas declaraciones están disponibles en la plataforma Infoprobidad, el sitio web dispuesto por la Contraloría para publicar las declaraciones de patrimonio e intereses de todas las reparticiones públicas y así convertirlas en información accesible de forma inmediata para toda la ciudadanía.

Sólo están publicadas las declaraciones del actual comandante en jefe de la institución, el general Humberto Oviedo, y la del comandante de la Primera Brigada Acorazada “Coraceros”, el general Helmut Kraushaar. La primera, según señalan en el Ejército, fue publicada porque así lo exige la ley. La segunda, en cambio, está disponible en la web “por un error de sistema”.

Que las otras declaraciones no estén publicadas no es algo irregular ni ilegal. Si bien la Ley de Probidad establece que todas las declaraciones son de acceso público, en el caso del alto mando de las Fuerzas Armadas y de Orden sólo unos pocos están obligados a publicarlas: los comandantes en jefe del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea, y el general director de Carabineros. Todos los demás oficiales de alto rango deben efectuar sus declaraciones, pero luego de entregarlas quedan archivadas, y sólo salen a la luz si algún particular las requiere a través de una solicitud de acceso a información pública.

Radio Bío Bío solicitó a la Contraloría las declaraciones de los generales que este año conforman el alto mando del Ejército. Mientras esperábamos la respuesta, reconstruimos por nuestra cuenta el patrimonio de cada uno de ellos y sus cónyuges con información disponible en distintas bases de datos públicas y abiertas: consultamos sus informes comerciales, revisamos su situación tributaria en el Servicio de Impuestos Internos (SII), sus sociedades en el Diario Oficial, sus inmuebles inscritos en distintos conservadores de bienes raíces y los vehículos asociados a su nombre en el Registro Civil. La información que encontramos fue luego contrastada con lo que ellos mismos incluyeron en sus declaraciones. Y encontramos varias omisiones e inconsistencias que impiden conocer en plenitud su patrimonio real y sus áreas de interés.

Por ejemplo, inmuebles y vehículos que no figuran en las declaraciones y que, según los registros oficiales, aún son propiedad de generales del Ejército o de sus cónyuges. También, sociedades activas que no están declaradas. Siete generales se definen como jefes de servicio, y como tales, estarían obligados a declarar sus redes familiares: sus padres, hermanos, hijos, cuñados y nietos. Pero sólo tres lo hicieron. Otros 11 debían incluir el patrimonio de sus esposas por estar casados en sociedad conyugal, pero hubo tres que simplemente lo omitieron. Y de los ocho que sí pusieron esa información, la mitad dejó algún dato afuera.

Entre todos suman 100 propiedades que equivalen a un patrimonio inmobiliario cuyo avalúo fiscal se alza por sobre los $5.728 millones. Algunos no tienen ningún inmueble, mientras que otros tienen hasta cinco. El mismo número de bienes raíces que figuran inscritos a nombre de algún general y que no están consignados en ninguna de las declaraciones. En cuanto a vehículos, los registros oficiales dan cuenta de 55 autos, camionetas o motos inscritos a sus nombres, pero en los formularios sólo aparecen 47. Declaran acciones en empresas que transan en la bolsa y unas pocas sociedades donde desarrollan actividades comerciales. Otros omiten trabajos que tienen por fuera de la institución o no los detallan lo suficiente como para saber si podrían o no implicarle algún tipo de conflicto.

Radio Bío Bío envió una carta a cada uno de ellos, detallando lo que habíamos encontrado y preguntándoles si la información era correcta y si había sido o no incluida en sus declaraciones. En caso de haber omisiones, se les pidió que explicaran por qué. Ninguno de ellos respondió nuestras consultas.

Lo que sigue es el detalle con todos los bienes, platas y deudas que poseen los generales y que el Ejército ha optado por no publicar.

Omitir a la familia

El primero en dejar fuera información obligatoria en su declaración de patrimonio fue el comandante en jefe del Ejército, el general Humberto Oviedo (ver declaración). Como no registra actividad económica, no ha emitido boletas. No tiene vehículos registrados a su nombre ni sociedades. Lo que sí tiene son bienes raíces e inversiones. De hecho, no es sólo el de más alta jerarquía entre los generales activos del Ejército, sino también uno de los que registra mayor patrimonio inmobiliario.

Oviedo (en la foto) posee cuatro departamentos con sus respectivas bodegas y estacionamientos en Las Condes, Vitacura y Peñalolén, además de una oficina en Temuco, todo con un avalúo fiscal que supera los $329 millones. Declara también bonos del banco HSBC en Estados Unidos por US$ 40.000, un depósito en el Banco BCI por $21 millones y una renta mensual de $4,6 millones. No indica cuentas corrientes ni los montos que pudiera tener en ellas. Como está casado con separación de bienes, no incluye el patrimonio de su cónyuge, con quien comparte propiedad en algunos bienes raíces y quien sí tiene al menos un automóvil. Reconoce también dos deudas hipotecarias por más de $140 millones, una de ellas con el mismo Ejército como acreedor. Y según lo que señala en el documento, pareciera no tener hijos ni parientes cercanos. Pero no es así.

En mayo de 2016, Oviedo fue acusado de haber gestionado de forma irregular en 2010 pasaportes diplomáticos para que sus hijos Diego y Humberto viajaran a Estados Unidos, donde además obtuvieron pagos de la embajada chilena (ver artículo). El general, que por esos años era jefe de la misión militar de Chile en ese país, negó cualquier irregularidad. Independiente de lo que haya ocurrido con esos pasaportes, resulta extraño que ahora ni Diego ni Humberto, ni tampoco José Ignacio, su tercer hijo, sean mencionados en su declaración, a pesar de que se trata de información obligatoria.

El mismo formulario que llenó Oviedo establece que si se declara como jefe de servicio –como él y otros seis generales sí hicieron–, debe “declarar parientes por consaguinidad en toda la línea recta y en la línea colateral en segundo grado por consaguinidad como por afinidad, que se encuentren vivos”. Es decir padres, hermanos, hijos, nietos, cuñados, yernos y nueras; si los hay, debieran aparecer mencionados. Y él no los declaró.

En la carta que Radio Bío Bío envió al general Oviedo se le consultó por esa omisión (ver carta). Sin embargo, no emitió respuesta.

Como Oviedo, otros seis generales se identifican en sus declaraciones como jefes de servicio. Según explica el secretario general del Ejército, general José Manuel Llanca, eso se debió a un “error conceptual, ya que jurídicamente el único jefe de servicio de la institución es el comandante en jefe. Por eso la suya es la única declaración que debiera estar publicada en la web de la Contraloría. Fue un error de interpretación con el nuevo formato de las declaraciones”.

Error o no, entre esos seis hubo tres que, al igual que Oviedo, dejaron en blanco el espacio para declarar a su familia, y uno de ellos fue precisamente el general Llanca. Los otros dos fueron el comandante de Guarnición de la Región Metropolitana, Óscar Mezzano; y el jefe del comando de Personal, Germán Marx. Este último es quien actúa en la mayoría de las declaraciones revisadas por Radio Bío Bío como ministro de fe de la institución.

Los otros tres que también cometieron el “error” de declararse jefes de servicio, pero que sí cumplieron el requisito fueron el general Carlos Ricotti, jefe de la Dirección General de Movilización Nacional (DGMN), quien anotó a sus tres hijos, uno de ellos menor de edad; el general Rony Jara, director de las Fábricas y Maestranza del Ejército (FAMAE), que puso una lista de 12 personas; y el general Juan Durruty, director del Hospital Militar, quien entre padres, hermanos, hijos, suegros, cuñados y nietos, declaró una red de 17 familiares.

Publicar o no publicar

La ley que regula las declaraciones de patrimonio, en su génesis, establecía que todos los formularios, sin distinción, tendrían que estar disponibles de forma permanente en el sitio web de cada servicio público. De ese modo, se cumpliría plenamente el principio de transparencia, dejando todos los datos –salvo aquellos sensibles o personales que pudieran poner en riesgo su seguridad– a disposición de quien quisiera consultarlos en cualquier momento. Así estaba estipulado en mayo de 2011, cuando el proyecto de Ley de Probidad comenzó su tramitación en el Congreso (ver tramitación). Un proceso lento en el que poco a poco esa idea se fue restringiendo hasta dejar la mayor parte de esas declaraciones offline, guardadas y archivadas, entre ellas las del cuerpo de generales del Ejército.

En lo esencial, el proyecto se mantuvo casi intacto en su paso por la Cámara de Diputados, y fue en el Senado, cuando el proceso llevaba ya cuatro años en trámite, que cambió. La nueva propuesta: sólo serían publicadas en el sitio web de cada institución las declaraciones de “las autoridades superiores de los órganos del Estado y de los sujetos que se desempeñen como jefes de servicio”. Además, ralentizaba los procedimientos para que la Contraloría aplicara sanciones en caso de omisiones o información inexacta, otorgando más plazos para que la persona rectifique o complete la información antes de recomendar la aplicación de multas al correspondiente jefe del servicio (ver recuadro).

No hubo acuerdo en el Congreso y al final todo se zanjó en una comisión mixta. Era septiembre de 2015 y para entonces, la Comisión Asesora Presidencial Anticorrupción que encabezó el economista Eduardo Engel ya había emitido hacía varios meses su informe final, donde entre otras cosas recomendaba “publicar todas las declaraciones de intereses y patrimonio en el Portal de Transparencia del Estado de Chile”. Algo que la comisión mixta no recogió. El texto que resultó de esa instancia y que terminó por convertirse en ley en diciembre de ese mismo año excluyó a los oficiales superiores del Ejército y las demás ramas de las Fuerzas Armadas de la obligación de publicar sus declaraciones de patrimonio en la web.

Consultado por Radio Bío Bío, el contralor del Ejército, general Rodrigo Carrasco, reveló que a fines de 2015 el alto mando discutió sobre la pertinencia de hacer públicas las declaraciones de sus generales y altos oficiales. Por esos días el escándalo por el millonario fraude con recursos provenientes de la Ley Reservada del Cobre –el llamado Milicogate– agarraba fuerza y situaba a la institución castrense bajo un foco directo que alumbraba graves casos de corrupción y un profundo descontrol respecto al uso de los recursos. Podría entonces haber sido un acto para elevar sus propios estándares de transparencia. Se puso sobre la mesa la apertura a datos personales y el posible riesgo a la seguridad nacional, a pesar de que en sus declaraciones no hay ningún dato distinto que el de cualquier otro funcionario público. La opción final fue ceñirse estrictamente a lo que establece la ley.

Bienes, inversiones, acciones y omisiones

El jefe del Estado Mayor General del Ejército, general Ricardo Martínez, es el oficial más rico del alto mando. Declara un ingreso mensual de $3,8 millones, más bajo que el de varios de sus colegas generales (ver tabla de remuneraciones). Eso sí, recibe una remuneración extra como miembro del consejo directivo de la Mutualidad de Ejército y Aviación. Así lo señala en su declaración, aunque no indica cuánto y en los estados financieros de esa entidad tampoco se detalla el monto. Es dueño junto a su esposa en partes iguales de un sólo inmueble que compró en Las Condes en 2004, y que hoy tiene un avalúo fiscal de $119 millones. Y tiene también dos vehículos: una Nissan Pathfinder de 2006 y una moto Suzuki DL1000 de 2010, que suman un valor fiscal de $8,3 millones. Aunque, el grueso de su riqueza no está en sus ingresos ni sus bienes, sino en sus inversiones.

Martínez declara menos de un millón de pesos en acciones de Ripley Corp y dos fondos mutuos que representan $23 millones. Pero lo que realmente hace la diferencia son los $403 millones que posee en una cuenta de ahorro que mantiene en la Jefatura de Ahorro para la Vivienda del Ejército (JAVE). Sumando activos y restando pasivos –como no declara deudas, no hay nada que restar–, su patrimonio total estimado se alza sobre los $555 millones.

Ese cálculo, en todo caso, no es definitivo, ya que no considera el valor comercial de sus inmuebles y vehículos, sino sólo su avalúo fiscal, que es considerablemente menor. Sólo como un ejemplo: en enero de este año, el comandante de la Brigada de Aviación del Ejército, general Gustavo Núñez, compró un departamento con dos estacionamientos y una bodega en un exclusivo sector de Las Condes. Su avalúo fiscal es de poco más de $148 millones, pero el valor comercial que él pagó bordea los $318 millones.

“Lo que estas declaraciones pueden revelar como patrimonio real, no es tan así”, dice la abogada del Ejército, teniente coronel Macarena Arancibia.

Considerando esa diferencia, el segundo en la lista de generales con mayor patrimonio estimado es Juan Durruty, director del Hospital Militar. En su declaración de patrimonio incluye cinco inmuebles (un departamento y una casa en Lo Barnechea, una parcela en Los Vilos, una casa en Santo Domingo y un departamento en Peñalolén), cuatro vehículos y dos créditos hipotecarios que dan por saldo unos $523 millones. También declara la Sociedad Médica Doctor Juan Durruty y Cía. SpA –que anota bajo su nombre antiguo–, donde posee el 60% del capital y que de acuerdo a los registros del SII, explota el giro comercial de centros médicos. Y aunque en su declaración del 29 de marzo señaló actividades como traumatólogo, no consignó que esa actividad la realiza fuera de su horario funcionario en las clínicas Vespucio y Tabancura. Una relación a honorarios que mantiene no como persona natural, sino que a través de su sociedad. Sin embargo, Radio Bío Bío pudo corroborar que en los últimos días el general Durruty actualizó su formulario e incluyó la información que faltaba.

Hubo otros que no transparentaron o fueron imprecisos respecto a sus actividades por fuera de la institución. El director de Proyectos e Investigación del Ejército, general Hernán Araya, declara que presta servicios de ingeniería de forma remunerada, pero no indica dónde ni qué tipo de servicios. El general John Griffiths, comandante del Comando Conjunto Norte, indica que participa en la sociedad Asesorías e Inversiones Geo-Strategika Ltda., pero no en la sección destinada para ello, sino que como un breve enunciado que reconoce como una potencial fuente de conflicto de interés, sin detallar que es dueño del 50% de esa empresa, a qué se dedica ni cuál es el valor de su participación. Y el comandante general del Personal, general Luis Chamorro, reconoce actividades remuneradas desde 2015 como “director” sin identificar en qué institución.

Por su parte, el general Erwin Siebert, comandante de Bienestar del Ejército, registra un patrimonio estimado en $300 millones. No declara deudas, y es dueño de un fundo en Puerto Octay y de dos vehículos, que representan apenas un 30% de su patrimonio. El resto de sus activos están invertidos en acciones en IANSA, Watt’s y SM-Chile, además de un ADR (acciones que transan en EE.UU.) en SQM y ahorros en dólares emitidos por el Ejército y los bancos Deutsche Bank (Alemania) y Rendimiento (Brasil).

Siebert es uno de los 11 generales que por estar casados en sociedad conyugal, están obligados a incluir en el formulario el patrimonio de sus esposas. También es uno de los tres que debiendo haber hecho eso, en la casilla donde se pregunta si la declaración contempla los bienes, inversiones y deudas de su cónyuge, escribió “NO”.

Levantando un patrón

Considerando su declaración, es imposible estimar el patrimonio total del general Rodrigo Urrutia, comandante de la División de Mantenimiento del Ejército. Tiene un inmueble en La Serena cuyo avalúo fiscal se alza por sobre los $48 millones, aunque él lo declara con un valor de $0. Posee también tres automóviles y según puso en el formulario, uno vale “8,74” y los otros dos “5,2”. Lo mismo pasa con sus inversiones: en su cuenta corriente en dólares del Banco de Chile dice tener “7”, en su cuenta de ahorro en la JAVE declara “59,94” y una libreta de ahorro con un saldo de “4”.

No es el único que llenó su declaración con cifras inexactas, o poco claras. El director de Educación, Doctrina y Entrenamiento del Estado Mayor Conjunto, general Andrés Fuentealba, declara dos propiedades inscritas en el conservador de Valdivia, una con un avalúo fiscal de “80” y la otra de “50”. Sus autos, según indica, valen “7” y “3”, respectivamente. Y cifra el valor corriente de su Sociedad Agrícola y Ganadera Punucapa Ltda. en “80”. A través de esa empresa es dueño de uno de los inmuebles que declara, aunque ante el SII la sociedad aparece sin inicio de actividades. De acuerdo a los registros que consultó Radio Bío Bío, Fuentealba tendría además un tercer inmueble en Futrono que no figura en su declaración patrimonial y que estaba incluido en la carta que le enviamos y no respondió.

En el Ejército reconocen que lo único que se revisa de las declaraciones de patrimonio antes de ser subidas a la plataforma de la Contraloría es que cumplan en términos de forma: que se hayan realizado dentro de los plazos establecidos y que tengan los datos mínimos exigidos. Pero si la información está incompleta o es inexacta, no es materia de revisión. Y respecto a los errores, imprecisiones y omisiones, los atribuyen a distintas causas.

Respecto a los ocho vehículos que figuran en los registros oficiales y que no aparecen en las declaraciones, dicen que puede ser porque el mismo Registro Civil no ha dado de baja vehículos antiguos. Y en algunos casos pueden tener razón: dos autos que omitieron los generales Felipe Cunich y Jorge Rivas registran encargo por robo, y posiblemente el Fiat que adquirió en 1985 el general Rafael Piedra, el Renault que compró en 1989 el general René Bonhomme o el Austin Mini 850 que inscribió el general Rodrigo Díaz en 1994, ya ni siquiera existan. Aunque como ninguno respondió a la carta, la duda persiste. Lo mismo pasa con el Volvo B16 de 1962 –hoy considerado un auto clásico– que figura en los registros oficiales a nombre del general Edmundo Villarroel, y que no está consignado en su declaración.

Sobre las cifras inexactas, el contralor interno de la institución, general Rodrigo Carrasco, dice que se deben a fallas del sistema informático de la Contraloría donde se sube la información. Asegura que varios oficiales se percataron de que la plataforma les cambiaba los montos cuando llenaban el formulario. Le preguntamos si notificaron a la Contraloría sobre ese error, y su respuesta fue que no lo hicieron “porque son ellos quienes tienen que tomar las medidas correspondientes”. Aun así, dice que sí se tomaron acciones en el Ejército: a mediados de mayo el jefe de Estado Mayor ordenó a todos los oficiales revisar que las cifras puestas en sus declaraciones sean las que corresponden. “No que las arreglen, sino que las verifiquen”, puntualiza.

Por otro lado, los generales Carrasco y Llanca acusan también falta de capacitación ante el cambio de sistema que vino con la nueva ley, que reemplazó las plantillas impresas por un formulario en una plataforma online. Dicen que parte de los errores se pueden deber a que algunos no sabían qué poner ni qué botón apretar y que incluso por eso la declaración del general Kraushaar terminó por error publicada en la web.

A pesar de los errores y las faltas, en el Ejército reconocen que las declaraciones son clave como mecanismo de control, sobre todo después del fraude y los cuestionamientos por los irregulares movimientos patrimoniales de su ex comandante en jefe. Es por eso que la unidad que dirige Carrasco ha iniciado un proceso de revisión de esos documentos para establecer relaciones entre ingresos y bienes e inversiones y definir márgenes. Con eso el Ejército busca levantar un patrón que les permita identificar rápidamente posibles casos de enriquecimiento irregular o cambios patrimoniales bruscos e injustificados.

Esos márgenes pueden ser bastante amplios. Mientras que la suma y resta de algunos generales les permite amasar fortunas, otros parecen ahogados con las deudas. Según los datos disponibles, hay al menos 11 cuyo patrimonio termina en números rojos. Todo depende de sus ingresos reales, asignaciones especiales que hayan podido tener durante sus carreras o incluso su contexto económico familiar, factores que el Ejército pretende medir.

“Hemos cumplido la ley en el sentido de que las declaraciones fueron entregadas. Pero dadas las circunstancias en que estamos, debemos ir un poco más allá. Por eso estamos levantando este patrón que espero podamos tener dentro de poco”, dice Carrasco.

RECUADRO

Omisiones e información inexacta: las sanciones que establece la nueva ley

Con la nueva Ley de Probidad, se dotó a la Contraloría con herramientas para fiscalizar “la oportunidad, integridad y veracidad” de la información contenida en las declaraciones de intereses y patrimonio. Mientras que antes la entidad actuaba sólo como receptora y custodia de esos documentos, ahora tiene la misión de revisar que los datos que entregan los funcionarios públicos sean reales y precisos.

Para cumplir esa misión, la Contraloría podrá solicitar información a las superintendencias de Bancos, de Valores y Seguros y de Pensiones, al Servicio de Impuestos Internos, a los Conservadores de Bienes Raíces y al Registro Civil, entre otros órganos o servicios que le permitan corroborar que lo declarado es veraz. Y si detecta infracciones, puede actuar para que se apliquen sanciones, aunque ese proceso se fue ralentizando durante la tramitación de la norma en el Congreso.

En la versión original del proyecto de ley la cosa era simple: si alguien no hacía su declaración dentro de los plazos establecidos, omitía información o incluía datos inexactos, la Contraloría le daba 10 días para enmendar su situación. Si no lo hacía, se arriesgaba a una multa de 10 a 30 UTM, y si pasaban cuatro meses sin cambios, la sanción podía llegar a ser la destitución del cargo.

Pero lo que se imprimió en la ley final es más engorroso y lento. Tras detectar la infracción, la Contraloría dará un plazo de 10 días, ahora hábiles, para solucionar la falta. Si no cumple, ya no aplicaría una multa de forma directa, sino que se formularán cargos contra el infractor y le darán otros 10 días hábiles para presentar sus descargos. A eso le sigue un período probatorio de ocho días hábiles y luego de otros 10 para que la Contraloría decida si recomiendo o no una sanción, cuya aplicación queda a criterio del jefe de servicio respectivo. La multa quedó fijada entre las 5 y las 50 UTM y se mantuvo el riesgo de destitución en caso de no rectificar la falta.