Quien negoció en 2010 la bajada de Barrancones no fue el expresidente Piñera, sino uno de sus amigos cercanos: el empresario Juan Claro. Lo hizo a petición suya. Él también tenía profundos intereses en el sector. Es reconocido como el miembro más influyente de la Comunidad Agrícola Los Choros, la CALCH, una entidad heterogénea donde participan pescadores y agricultores, pero también grandes empresarios, muchos de ellos con estrechos vínculos con el entonces mandatario: un hermano, un par de amigos, un socio y los dueños de una de las empresas que le manejaban sus fideicomisos ciegos. Ellos son los dueños de los terrenos donde se instalaría Dominga, el proyecto donde invertía la familia Piñera Morel. Y cuando se pactó la retirada de la termoeléctrica, ya tenían contratos firmados desde hacía meses. Al final, de una u otra forma, todos los involucrados en la bajada de Barrancones tenían negocios con Dominga.

La primera llamada para negociar en agosto de 2010 la bajada de la Central Termoeléctrica Barrancones no salió desde La Moneda ni la hizo el entonces Presidente Sebastián Piñera. Tampoco fue alguno de sus ministros, un subsecretario o algún funcionario de gobierno. Ni siquiera un asesor. Quien llamó a los directores de la empresa franco belga Suez Energy (hoy Engie, la mayor generadora del norte de Chile) y comenzó las tratativas para retirar el megaproyecto ya aprobado por la institucionalidad medioambiental, fue un amigo personal del mandatario, y lo hizo por encargo directo de él. Su nombre: Juan Claro, empresario, exdirigente gremial y actual presidente de Embotelladora Andina. Su rol fue clave en ese proceso.

La versión que por esos días publicó la prensa decía que Claro se comunicó primero con Piñera para manifestarle su preocupación por la reciente aprobación de Barrancones en la Corema de Coquimbo (ver reportaje de La Tercera). Consultado por Radio Bío Bío, hoy niega que haya ocurrido así y dice que fue desde el gobierno que se comunicaron con él para pedirle su opinión y que actuara como intermediario ante Suez. ¿Por qué con él y no a través de un funcionario del gobierno? Fue una pregunta que Claro no supo responder.

Lo cierto es que el proyecto energético en base a carbón obtuvo luz verde en una controvertida votación el 24 de agosto de 2010 y la llamada entre Claro y Piñera se dio un día después. Aunque él lo niega, fuentes que conocieron el proceso señalan que le habría propuesto al Presidente la opción de reubicar Barrancones en otro lugar, algo que en la práctica era virtualmente imposible dado que el permiso ambiental es para un lugar en específico. Como sea, fue entonces que Piñera le encargó ponerse en contacto con los directivos de la empresa, sondear su disponibilidad para echar por la borda dos años y medio de tramitación y una inversión cercana a los US$ 15 millones, y comenzar a negociar.

Fue así que, con un acuerdo informal vía telefónica, Juan Claro se convirtió en el emisario presidencial para bajar una termoeléctrica que ya estaba aprobada y que amenazaba los ecosistemas protegidos cercanos a Punta de Choros, en la IV Región.

El empresario tenía un interés particular en la zona. Y no era sólo por una casa a pocos kilómetros del poblado de Punta de Choros, como señaló la prensa de la época. Desde hace casi 40 años que Claro y su familia forman parte de la Comunidad Agrícola Los Choros, más conocida como la CALCH, una entidad que desde 1978 es dueña de unas 68.000 hectáreas ubicadas en Punta de Choros y sus sectores aledaños. El terreno, que se extiende desde la línea de playa hasta los cerros de la Cordillera de la Costa, se reparte en 184 derechos de uso permanente, de los cuales Juan Claro tiene tres y sus hermanos -Susana y Luis Gabriel- poseen cuatro más.

Como familia, son quienes concentran la mayor cantidad de ‘goces singulares’, una figura establecida en la ley de comunidades agrícolas que, si bien no los convierte en propietarios, sí les otorga el derecho de uso exclusivo y permanente sobre una porción del terreno. Eso los sitúa entre los mayores terratenientes de la zona.

Según varios comuneros consultados por Radio Bío Bío, los Claro son la familia más influyente al interior de la CALCH, con fuertes lazos con su directiva. Quizás por eso fue que -según reveló el mismo Juan Claro- Suez Energy lo contactó para hacer un primer acercamiento con dirigentes pesqueros y agrícolas de la zona, cuando la termoeléctrica recién empezaba a tomar forma.

“Nunca tomé partido a favor ni en contra del proyecto (Barrancones), ni en privado ni en público, porque como miembro de la Comunidad Agrícola Los Choros por 40 años, me pareció que eran ellos los llamados a decidir la posición a tomar”, respondió Claro a través de un correo electrónico.

Más adelante, la CALCH se opondría fuertemente a Barrancones. Sobre todo por el impacto marítimo del puerto que pretendían construir y para el cual la empresa necesitaba una concesión marítima. Fue tema de conversación en varias de sus asambleas durante 2009 y 2010. Su mayor logro fueron las gestiones realizadas ante la Subsecretaría de Marina para oponerse a la entrega de esas concesiones, acciones que la CALCH efectuó a través de un abogado del estudio Montt y Cía., que llegó allí por recomendación de Susana Claro (bajar a recuadro).

A pesar de los fuertes intereses personales de Juan Claro en la zona, el entonces Presidente Piñera -pasando por encima de toda la institucionalidad medioambiental- lo puso a la cabeza de las primeras negociaciones para bajar Barrancones. Un acto oficial a cargo de alguien que nada tenía que ver con el gobierno y del cual no quedó ningún registro. Pero el conflicto podría ser incluso mayor.

Radio Bío Bío descubrió que para entonces, la CALCH ya tenía desde hace meses contratos firmados con Minera Andes Iron para abrir camino al proyecto minero y portuario Dominga. El mismo donde la familia Piñera Morel invertía desde abril de 2009 y que hoy indaga el Ministerio Público y una comisión investigadora de la Cámara de Diputados (ver reportaje).

Los contratos eran clave, ya que gran parte del mineral que pretendían explotar estaba bajo tierras que pertenecen a la CALCH, una comunidad donde además de Claro, participan familiares, amigos y socios del exmandatario, entre los cuales también se cuentan los dueños de una de las empresas que le administraban los fideicomisos ciegos.

Ésta es la historia de cómo se gestionó la bajada de Barrancones al tiempo que silenciosamente Dominga se empezaba a instalar en la zona mediante tres contratos para sondajes y servidumbres firmados entre marzo de 2010 y octubre de 2014, los que a la larga, le allanarían la vía al proyecto minero y le terminarían reportando a la CALCH miles de millones de pesos y derechos de agua que le serían entregados sólo si el proyecto era aprobado. Una posibilidad que aún no está del todo cerrada.

Cómo bajar una termoeléctrica en dos días

La alegría que se generó entre directores, ejecutivos y trabajadores de Suez Energy tras la aprobación de Barrancones fue rápidamente aplacada por el descontento ciudadano. A pocas horas de haberse votado a favor el megaproyecto, miles de personas salieron a las calles en Santiago y La Serena en protesta por el riesgo en que quedaban los santuarios naturales Isla Damas y Pingüino de Humboldt, ubicados muy cerca de Punta de Choros, a apenas 25 kilómetros de donde se instalaría la termoeléctrica.

Aunque cumplía con todas las exigencias de la legislación vigente, había un amplio consenso en que el impacto sobre las zonas protegidas podría ser devastador. Se trata de un sector que el mismo Sebastián Piñera había visitado por última vez en 2008, invitado por su amigo Juan Claro a sus terrenos en la CALCH. Bucearon juntos en esa oportunidad. Por eso durante su campaña de 2009 para llegar a La Moneda, anticipó que si ganaba las elecciones, se opondría a Barrancones, así como a “toda termoeléctrica que atente gravemente contra la naturaleza, las comunidades y la calidad de vida”.

Nadie lo sabía, pero ya entonces él y su familia invertían en lo que más adelante sería Minera Dominga, que pretendía instalarse en el mismo sector.

Un alto ejecutivo de Suez Energy que pidió reserva de su nombre señaló a Radio Bío Bío que la respuesta ciudadana los desbordó, y que de inmediato intentaron contactarse con Ricardo Raineri e Ignacia Benítez, ministros de Energía y del Medio Ambiente, respectivamente, para buscar una salida. Según publicó El Mercurio, la instrucción que el Presidente les había dado era defender la institucionalidad y remarcar el compromiso del gobierno “con el desarrollo sustentable”.

A esa altura, por la tarde del martes 24 de agosto de 2010, con la aprobación recién salida de la Corema, ningún escenario consideraba bajar el proyecto.

En La Moneda se barajaban tres opciones: un recurso de nulidad, un recurso de protección o un pronunciamiento administrativo desde la Conama; pero ninguna resolvía el problema antes de un mes. Mientras, la empresa habría planteado la posibilidad de aumentar la inversión para aplicar mejores tecnologías y así disminuir lo más posible el impacto, como utilizar enfriadores de aire y no de agua de mar, que eran los que contemplaba el proyecto aprobado, y la reducción progresiva de las emisiones contaminantes.

El mismo ejecutivo de Suez Energy dice que a la mañana siguiente la comunicación con los ministros se cortó, que sus teléfonos estaban apagados o fuera de línea. Raineri, al menos, habría estado en una zona sin señal, cerca de Calama. Fue entonces que Piñera y Claro se comunicaron y acordaron que los siguientes pasos estarían en manos del empresario. Partía la verdadera negociación.

Claro, el emisario

“Una persona muy influyente quiere que se baje Barrancones”. Una fuente que conoció muy de cerca el proceso asegura que eso fue lo que Juan Claro le dijo por teléfono a Manlio Alessi, por esos días director de Suez Energy, cuando lo llamó el miércoles 25 de agosto de 2010 y puso sobre la mesa por primera vez la opción de reubicar el proyecto. Agrega que en ese primer contacto, el nombre de Sebastián Piñera no fue mencionado, pero que en la empresa no tardaron en inferirlo.

Alessi, a quien Claro había conocido hacía un tiempo, vivía en Lima, Perú. Estaba a cargo de las operaciones de la firma franco belga en ese país y a punto de embarcarse en un vuelo a Europa. Él habría transmitido el mensaje a quienes estaban a cargo en Chile: el CEO de la firma a nivel local, Juan Clavería, y el de Latinoamérica, Jan Flachet. También a Pascal Brancart, encargado de proyectos de la compañía. Ellos serían los interlocutores que tendrían que llegar a acuerdo con el emisario del Presidente.

“Fue muy extraño que nos llamara alguien que no era del gobierno. Nunca lo esperamos. En ese minuto nos dimos cuenta que el escenario para invertir en energía en Chile ya no era tan seguro como se pensaba y que ahora, con la nueva administración, se había vuelto discrecional”, dice un exejecutivo de la empresa.

Ya con Flachet, Clavería y Brancart al otro lado de la línea, Juan Claro habría sido más directo: les reveló que actuaba en representación del Presidente Piñera y que para él era muy importante bajar el proyecto y reubicarlo en otro lugar. ¿Dónde? No estaba claro, pero ya habría tiempo de discutirlo. ¿Plazos para hacerlo? Tampoco. ¿Algún tipo de indemnización? Ninguna. Tenían que tomar la decisión dentro de las siguientes 24 horas.

En Suez Energy sabían que lo de la reubicación era sólo un discurso, porque de concretarse, significaba partir de cero, buscar un nuevo lugar, invertir en estudios y hacer de nuevo todo el proceso de evaluación ambiental, sin ninguna garantía de éxito. Además, demoraría años. Pero no había mucho margen. El precio para la empresa de enfrascarse en una pelea con La Moneda era mucho más alto que sacrificar los cerca de US$ 15 millones ya invertidos en Barrancones, que en una cartera de miles de millones de dólares en proyectos en todo el mundo, era un costo casi marginal.

Esa noche, mientras el Presidente Piñera compartía en su casa una cena con el entonces gobernador de Buenos Aires y actual mandatario argentino, Mauricio Macri, y oía a parlamentarios oficialistas que le comentaban el costo político de haber aprobado la termoeléctrica, se podía sentir tranquilo: antes de salir del palacio de gobierno, Claro le habría avisado que las conversaciones con Suez Energy avanzaban.

A la mañana siguiente, mientras Piñera viajaba en un avión rumbo a La Araucanía, Claro se puso en contacto con ellos y cerraron el pacto. Barrancones oficialmente se bajaba. Después afinarían lo de la supuesta relocalización, cosa que nunca se concretó. El Presidente lo anunció poco después desde Temuco y al mediodía de ese 26 de agosto de 2010, el ministro del Interior, Rodrigo Hinzpeter, invitó a los directores de la firma a La Moneda para agradecerles públicamente.

Días después, Piñera llamó a Flachet para darle las gracias. Nunca más habría conversaciones entre las partes.

Nada se mencionó sobre las inversiones de la familia Piñera Morel en el proyecto Dominga, que se proyectaba en la misma zona donde se iba a instalar la termoeléctrica. Tampoco se dijo que su amigo, a quien encomendó la negociación, era uno de los comuneros más influyentes de la CALCH, una comunidad agrícola que tenía negocios cerrados hacía meses con esa misma empresa minera ni que era dueña de parte de los terrenos donde ya estaban haciendo los primeros sondajes. Y mucho menos que en esa comunidad participaban un hermano, un socio y otros amigos del Presidente.

Los dueños de la tierra

Era una noche de 2004, arriba de un cerro en la comuna de La Higuera, en la IV Región. El geólogo Iván Garrido estaba con dos personas más realizando sondajes, en medio de un programa de exploración minera para una empresa inglesa llamada Latin American Copper (LAC). Buscaban vetas de oro, cobre y fierro en la Cordillera de la Costa. Hicieron varios intentos, pero sólo uno fue exitoso, a 30 metros de profundidad. Así fue, según una fuente de Andes Iron, que nació Dominga.

Un año después Garrido conoció a Italia Masuero, presidenta desde hace más de 15 años de la Comunidad Agrícola Los Choros, la CALCH. Ella era por esos años concejal de la UDI por La Higuera, y le alegaba porque hacía sondajes sin autorización en terrenos de la comunidad. Fue su primer acercamiento.

Las concesiones mineras son, según el Código Minero, “un derecho real e inmueble; distinto e independiente del dominio del predio superficial”. Eso significa que el dueño de un terreno no posee necesariamente lo que hay debajo de él. Si alguien inscribe a su nombre lo que hay en el subsuelo en el Registro de Minas, la concesión pasa a ser suya, y no importa lo que diga el dueño del terreno superficial.

En este caso, Garrido y LAC eran dueños de las concesiones, mientras que el terreno superficial estaba en manos de dos propietarios distintos. La parte sur era por esos años de Ricardo Ariztía, empresario, expresidente de la Sociedad Nacional de Agricultura (SNA) y de la Confederación de la Producción y el Comercio (CPC), quien en el gobierno de Piñera sería nombrado director del Instituto de Desarrollo Agropecuario (INDAP). Y la parte norte era de la CALCH, una comunidad heterogénea conformada por 158 comuneros distintos, entre los que se cuentan pescadores artesanales, agricultores y emprendedores turísticos, pero también grandes empresarios, varios de ellos muy cercanos al expresidente Piñera (ver nómina de comuneros).

En esa lista el primero que destaca es Juan Pablo Piñera Echenique, su hermano, quien fue además gerente general del Banco Central durante su gobierno. También ahí figura un viejo amigo de sus años en el Colegio Verbo Divino y exsocio en el banco de inversiones CMB Prime, Ignacio Guerrero, cuyas oficinas están en el mismo edificio que las de Bancard, sólo que un piso más abajo.

Otro de sus amigos miembro de la CALCH es Jorge Errázuriz, actual miembro de Ciudadanos y por entonces controlador de Celfin (hoy BTG Pactual), una de las cuatro empresas que desde abril de 2009 administraban sus fideicomisos ciegos. El otro exdueño de esa firma y actual presidente de la Bolsa de Comercio de Santiago (BCS), Juan Andrés Camus, también está en la nómina de comuneros.

A todos ellos se suman varios de los ejecutivos condenados por el fraude de la corredora de bolsa de Tomás Serrano y sus familias; el notario de Santiago, José Alberto Mozó; el exgerente general del Banco BHIF, Jorge Prieto; el exsocio de IM Trust, Carlos Valdivieso; y el exdirector de la BCS, Gonzalo van Wersch; entre otros.

Si Garrido y sus socios querían llegar en algún momento a instalarse a trabajar y explotar el mineral sin problemas y sin tener que recurrir a la justicia, tendrían que hacerlo con el consentimiento de los dueños.

Pasó el tiempo y LAC, la empresa británica que era titular de las concesiones, perdió a su principal financista, la norteamericana Phelps Dodge. Empezaron a deshacerse de proyectos y Dominga estaba en esa lista. Pero Garrido tenía allí puestas sus fichas. Era 2006. Pidió una nueva oportunidad para perforar en la zona y según él mismo relató a El Mercurio, le dieron tres sondajes más. Encontraron mineral de alta ley. La firma se valorizó en la Bolsa de Londres y fue vendida con todos sus activos, entre ellos, las concesiones de aquel cerro en la comuna de La Higuera.

Con lo que obtuvo tras esa venta, Garrido se independizó y junto a dos socios armó un nuevo modelo en Chile: un fondo de inversión privado (FIP) que levantara capital nacional para desarrollar proyectos mineros y luego venderlos en etapa temprana. Lo hicieron junto a LarrainVial, y así armaron primero la Compañía Minera Santa Dominga (CMSD), mediante la cual recuperarían en 2008 las concesiones vendidas. Luego, en enero de 2009 crearon Minería Activa y dos meses después, Minería Activa Uno SpA, donde terminarían invirtiendo el family office de Piñera, su amigo Carlos Alberto Délano y el empresario José Antonio Garcés -compañero de Juan Claro en el directorio de Embotelladora Andina y socios en varios otros proyectos energéticos-, entre otros accionistas (ver pacto inicial de accionistas).

Ellos formaron Minera Andes Iron y dieron forma al proyecto minero y portuario Dominga. Iván Garrido quedó como su presidente ejecutivo. Y desde esa posición comenzó a preparar con la CALCH el terreno para instalarse definitivamente, casi al mismo tiempo que su principal accionista asumía la Presidencia de la República.

Tres contratos para el aterrizaje de Dominga

Fueron dos actos los que dieron cuenta que Dominga ya estaba aterrizando en La Higuera a comienzos de 2010. El primero fue en febrero, cuando Garrido inició los trámites para obtener una concesión marítima para un futuro puerto, lo que contradice la versión de Administradora Bancorp: que abandonaron el negocio antes de iniciar cualquier tramitación ante algún organismo estatal (ver reportaje en The Clinic). El segundo fue poco después, el 22 de marzo, cuando la CMSD y la CALCH firmaron un primer contrato para realizar trabajos de prospección en su propiedad a cambio de $3 millones mensuales y el compromiso de “recomponer los terrenos que intervenga o remueva”.

A través de ese documento que firmaron Masuero y Garrido, se autorizaba a la minera a efectuar perforaciones y sondajes por los siguientes seis meses (ver contrato). El trabajo quedaría a cargo de una firma externa: Terra Service, la misma empresa que poco después trabajaría con el gobierno en el rescate de los 33 mineros atrapados en la Mina San José, en la región de Atacama. Su principal accionista y director es Heriberto Urzúa, ex hombre de Piñera en los 80’, cuando dirigía Citicorp, y que cuando se firmó el acuerdo a inicios de 2010 era miembro de la mesa directiva que encabezaba Juan Claro en Embotelladora Andina.

Ese contrato estaba plenamente vigente cuando Claro actuó en representación del Presidente Piñera en la bajada de Barrancones.

En noviembre de ese año, un mes antes de que la familia del Presidente vendiera su participación en Dominga, Masuero dijo en una asamblea de la CALCH que la única empresa que a la fecha había pedido servidumbres mineras era la CMSD, y que ya había cancelado por ello. El acta de esa sesión está caratulada por error con otra fecha -julio de 2010- y es la única de las que revisó Radio Bío Bío que no señala cuántos comuneros participaron.

Ese segundo contrato, esta vez para el uso de servidumbres mineras de ocupación y tránsito, fue aprobado por la asamblea de la CALCH en marzo de 2011, poco después de que la empresa ingresara al Sistema de Evaluación Ambiental (SEA) su plan de prospección y exploración. Se firmó el 1 de junio de ese mismo año. Con eso, Minera Andes Iron quedaba autorizada para estar ahí los siguientes tres años que durara esa primera etapa, realizando todos los trabajos necesarios para “confirmar o descartar la existencia de un recurso minero susceptible de ser explotado desde un punto de vista técnico y económico”.

No podrían remover cercos, talar árboles ni alterar el terreno, “salvo cuando resulte indispensable”. Y se comprometían a restituirlo a su condición natural “en la mayor medida de lo posible”. A cambio, la firma pagaría a la CALCH una indemnización mensual de 229,3 UF, que en el período que estuviera vigente el contrato alcanzaría una cifra cercana a los $ 180 millones.

Casi todos los comuneros consultados para este reportaje dijeron desconocer la existencia de estos dos primeros contratos.

En Andes Iron señalan que en ambos casos los términos fueron negociados con la directiva de la CALCH, donde Masuero era quien llevaba la batuta. Consultada por Radio Bío Bío, la dirigenta se negó a responder: “Son contratos entre privados y no tengo por qué entregárselos ni decirle nada”, dijo.

Respecto a esos mismos contratos, Juan Claro señaló: “No participé en su negociación. Puede ser que les haya facilitado algún abogado cercano para que se asegurarán de hacer bien el contrato. Esto es algo que hago normalmente para apoyar a la directiva, dado sus escasos recursos y como una forma de colaborar, pero en verdad no recuerdo si esto ocurrió en este caso”.

Donde sí participó Claro fue en el tercero de los contratos, que se firmó en octubre de 2014 (ver contrato). No sólo puso un abogado, sino que lideró una comisión especial que negoció los términos con los gestores de Dominga.

Negociar con agua

Cuando Andes Iron empezó a concretar su llegada a terreno, la propiedad de la tierra había cambiado. La CALCH seguía, pero Ricardo Ariztía había vendido la antigua Estancia La Higuera en 2007. Los nuevos dueños: la minera canadiense Barrick. El negocio poco tuvo que ver con los terrenos mismos y mucho con los derechos de agua asociados.

En los registros de la Dirección General de Aguas (DGA), Barrick Chile figura con 12 inscripciones distintas en La Higuera, que en total suman un flujo de poco más de 1.000 litros por segundo al mes. En una zona donde el agua regularmente escasea, su posición es dominante. La CALCH apenas tiene 32 litros por segundo al mes.

Con cada propietario Andes Iron negoció distinto. Con Barrick acordaron una opción de compra. Así pudieron entrar a su terreno y hacer uso de sus derechos de agua. Una movida que la CALCH aprovechó en su última negociación.

En septiembre de 2013, Andes Iron ingresó a trámite ante el SEA su proyecto de explotación. Era tiempo de cerrar un nuevo contrato con la CALCH, esta vez por todo el tiempo que durara el proyecto. Pero ahora la negociación no sería con la directiva, sino con una comisión negociadora elegida especialmente para velar por los intereses comunes de la CALCH. La dirigiría Juan Claro, y la conformarían también su presidenta, Italia Masuero; el abogado condenado en 2014 por fraude y uso indebido de custodias en el caso de la corredora de bolsa Serrano Mac Auliffe, Ernesto De Val; y el empresario Verya Abd El Kader, el único en la comisión que representaba a los comuneros contrarios a la instalación de Dominga.

“Toda la negociación partió de la base de que el proyecto sería aprobado en el SEA. Nunca se contempló otro escenario posible”, dice Abd El Kader.

Se reunieron tres veces con Garrido y un abogado de Andes Iron. No hubo problemas y el acuerdo fue rápido: si la empresa quería instalarse, circular y ponerse a trabajar en los terrenos de la CALCH por los siguientes 22 años, tendría que sumar a su oferta económica derechos de agua. Y así lo acordaron.

El contrato final estableció cuatro modalidades de pago según la etapa del proyecto: 1) $167,7 millones como pago inicial; 2) 229,3 UF mensuales desde la firma del contrato hasta el inicio de la construcción de las instalaciones; 3) 34.481 UF bianuales desde que comience la construcción hasta el fin de las faenas; y 4) la transferencia de derechos de agua equivalentes a 500 litros por segundo, que se haría efectiva tras la notificación de construcción del proyecto o al cumplirse dos años de una Resolución de Calificación Ambiental (RCA) aprobatoria.

“Llegamos a un acuerdo satisfactorio que superó las expectativas de la asamblea. En lo esencial permitiría a la comunidad agrícola disponer de ingresos para el desarrollo de la zona y recibir en propiedad los derechos de aguas de la Cuenca de Los Choros, necesarios para regularizar y expandir la actividad agrícola. El acuerdo además dejaba constancia explícita de que la comunidad no se obligaba a apoyar ni se inhibía de representar asuntos medioambientales que estimara pertinentes. A esto se limitó mi participación y no conozco si hubieron posteriores interacciones”, señaló Claro a Radio Bío Bío.

Aunque una comisión evaluadora rechazó a comienzos de marzo el proyecto en el SEA, ese último contrato sigue vigente. Pero su ejecución completa sigue pendiente, a la espera de una resolución favorable que aún puede llegar.

Andes Iron ya está preparando su apelación para recurrir a un Comité de Ministros que podría revocar la decisión del SEA y dar luz verde a Dominga. Mientras eso no ocurra, los pagos y los derechos de agua comprometidos seguirán en los bolsillos de la minera. Por eso, para una parte importante de la comunidad agrícola donde participan varios amigos del ex Presidente Piñera, es altamente conveniente que se apruebe el megaproyecto.

El viejo sumario que enfrentó la subsecretaria por las concesiones de Barrancones

Aun cuando había sido aprobada por el sistema de evaluación ambiental y ya tenía luz verde para operar, al megaproyecto termoeléctrico Barrancones le faltaba una pieza clave: las concesiones marítimas para instalar el puerto donde atracarían los barcos que la surtirían de carbón.

Su tramitación por esos días estaba estancada, ya que el proceso se había enturbiado por completo durante el penúltimo año del primer gobierno de Michelle Bachelet. Todo había partido con una denuncia anónima en mayo de 2008 por irregularidades y supuestos pagos de coimas y siguió con un sumario que instruyó Carolina Echeverría, que en esa época era subsecretaria de Marina y estaba encargada de entregar o rechazar esas concesiones. La indagatoria se terminó volviendo sobre ella misma y su marido.

La investigación administrativa tenía por foco las gestiones que realizó Suez Energy para obtener esas concesiones marítimas, pero sobre todo, el papel que jugó en ese proceso la empresa Osorio & Echeverría Consultores Asociados. La sociedad había sido contratada por los gestores de Barrancones para realizar un estudio de uso de suelo, requisito importante para obtener las concesiones marítimas y los permisos ambientales. El problema es que la empresa pertenecía en partes iguales a la subsecretaria y su esposo, Clobis Osorio (ver reportaje en CIPER).

Además de los pagos por ese servicio, la indagatoria detectó una serie de correos en que Osorio se comunicaba con subalternos de su esposa para averiguar sobre el avance de la tramitación de las concesiones, y en uno de ellos la misma Echeverría actuó como intermediaria.

Como las concesiones no se entregaron, el sumario terminó sin formulación de cargos y la determinación de si se entregarían finalmente o no se pateó para que fuera responsabilidad del gobierno siguiente, el de Sebastián Piñera. Cuando Bachelet volvió a La Moneda en 2014, nombró de nuevo a Echeverría como subsecretaria para las Fuerzas Armadas (que reúne a las antiguas subsecretarías de Guerra, Marina y Aviación). Volvía a estar a cargo de las concesiones marítimas. Sin embargo, renunció pocos días antes de asumir, tras la polémica que se generó por los vínculos de su padre, el coronel (r) del Ejército, Víctor Echeverría, en casos de violaciones a los derechos humanos durante la dictadura.