Pagos corresponden a los planes de retiro que se hicieron efectivos entre enero de 2013 y mayo de 2014, e incluyen indemnizaciones legales y beneficios adicionales, según consigna una auditoría interna a la que accedió Radio Bío Bío. Resaltan 12 casos de trabajadores que superaron los $ 200 millones, de los cuales cinco rebasaron los $ 300 millones. La auditoría descartó delitos, fraude y daño patrimonial y desde Codelco explican que dichos planes de egreso implican un ahorro de US$ 210 millones en 10 años.

Un total de $ 28.213 millones (US$ 51 millones, según el tipo de cambio de la época) desembolsó Codelco para costear planes de egreso voluntario a los que se acogieron 237 trabajadores de la División El Teniente, entre enero de 2013 y mayo de 2014. Este monto incluyó la indemnización legal y los beneficios adicionales que contemplaban los mencionados planes de retiro.

En particular, la cuprera estatal desembolsó poco más de $ 23.092 millones por los planes de egreso de 209 trabajadores Rol B (operarios) y un poco más de $ 5.120 millones por los de 28 trabajadores Rol A (supervisores y profesionales).

Del total de los planes de egreso finiquitados, 164 casos superaron los $ 100 millones, con 143 trabajadores Rol B y 21 trabajadores Rol A. En el caso de estos últimos, hay 12 trabajadores que sobrepasaron los $ 200 millones, de los cuales cinco rebasaron los $ 300 millones.

Así lo constatan los documentos de una auditoría interna realizada sobre los planes de egreso de esa división, a los que accedió Radio Bío Bío. Esta revisión, cuyo informe final se emitió el 25 de julio de 2014, abarcó desde el 1 de enero de 2013 hasta el 31 de mayo de 2014, período en el cual se habían acogido a retiro 270 personas; 50 trabajadores Rol A y 220 trabajadores Rol B. Considerando que a la fecha en la cual terminó la auditoría se habían pagado 237 finiquitos, esto implicaba que aún faltaba que se le cancelara a otros 33 trabajadores (revisa acá el informe final de la auditoría).

Como sea, los US$ 51 millones pagados por los 237 planes de retiro equivalen al 12% de las ganancias registradas en esa división en 2013 (US$ 415 millones), al 11% de las utilidades de 2014 (US$ 459 millones) y a un 40% de las reportadas en 2016 (US$ 127 millones), según consignan las respectivas memorias anuales de Codelco. Además de ser la división más rentable, El Teniente, ubicada en Rancagua, es la que registra la mayor producción dentro de la cuprera (475.339 toneladas métricas de cobre fino en 2016) y a fines del año pasado tenía la dotación propia más alta: 4.524 personas.

Más allá de las abultadas cifras, la auditoría no detectó delitos, fraude ni daño patrimonial en los pagos efectuados por la firma. En efecto, el informe determinó que “el plan de egreso 2013-2014 opera bajo un sistema de control interno adecuado, sin perjuicio de presentar algunas debilidades de control”.

De hecho, en Codelco aseguran que dicho plan, implementado por la administración anterior a la del presidente de la cuprera, Nelson Pizarro (en la foto), fue beneficioso para la empresa y le permitió grandes ahorros. “Esta inversión ha permitido un ahorro de US$ 30 millones anuales, es decir, el costo se recuperó en tan solo un año y medio. Considerando que en promedio los trabajadores egresados redujeron en 10 años su estadía en la empresa, dicho plan significará un ahorro de US$ 201 millones (valor presente), es decir, cuatro veces la inversión inicial”, dijo Codelco, en una respuesta que entregó vía correo electrónico (revisa acá la respuesta completa de Codelco).

De acuerdo a la estatal, “los promedios de los planes de egreso que estamos analizando están en torno a los US$ 75 mil para el Rol B y los US$ 110 mil para el Rol A. En comparación con el resto de la industria de la gran minería, los montos y las modalidades contractuales de Codelco son menores”.

Los planes de egreso de Codelco, que se implementan desde la década del 80, tienen como objetivo mantener la competitividad de la empresa, de acuerdo a lo señalado por la estatal. Al respecto, aseguran que esto les ha permitido mantener controlada la dotación de trabajadores, mientras la producción ha ido en aumento.

En 1990, por ejemplo, la compañía tenía 27.421 trabajadores para una producción de 1,1 millones de toneladas de cobre fino. En 2016, en tanto, la dotación fue de 18.605 trabajadores para una producción de 1,7 millones de toneladas de cobre fino. Lo anterior, explicaron desde Codelco, “significa un aumento de 42% de la producción con una dotación 32% menor”.

La polémica con Contraloría

Los antecedentes que Radio Bío Bío da a conocer aparecen justo en medio de la fuerte polémica que han protagonizado Codelco y la Contraloría General de la República en las últimas semanas, después que el ente contralor cuestionara la indemnización por $ 511 millones que la estatal pagó a Augusto González, exsupervisor y exdirector de Codelco, luego que éste se acogiera a un plan de egreso voluntario en 2015.

En particular, la Contraloría detectó que Codelco infringió las disposiciones laborales sobre acumulación de feriados, establecido en el artículo 70 del Código del Trabajo, permitiendo que González acumulara vacaciones por sobre el límite respectivo. Además, el ente fiscalizador puso énfasis en los pagos hechos de forma errónea al trabajador, pues se le pagó por turnos que no había realizado, lo que se detectó en una auditoría surgida a raíz de denuncias de terceras personas, de acuerdo al dictamen emitido el 2 de mayo pasado (revisa acá el dictamen de Contraloría).

Luego que se dio a conocer dicho documento, desde la cuprera criticaron que, a su juicio, éste les exigía que funcionaran como un servicio público y no como una empresa. Por su parte, el contralor Jorge Bermúdez acusó en el Congreso que desde la compañía han caricaturizado la discusión y que el dictamen busca, entre otras cosas, que Codelco actúe bajo “los principios de eficiencia, eficacia y probidad” en el manejo de los recursos. Tras las declaraciones de Bermúdez, desde Codelco anunciaron que recurrirían a la Justicia para que dirima esta disputa y esta semana convocaron de manera extraordinaria al directorio para analizar el tema.

En paralelo, el Ministerio Público inició una investigación después que se diera a conocer una auditoría de Contraloría a Codelco que detectó irregularidades en algunos contratos realizados entre 2013 y 2015 por la compañía estatal y empresas relacionadas con ejecutivos y directivos de la cuprera, los que habrían sobrepasado los US$ 780 millones. En ese contexto, esta semana los fiscales a cargo del caso, Carlos Gajardo y Pablo Norambuena, de la Unidad de Alta Complejidad de la Fiscalía Oriente, enviaron un oficio a la Comisión Chilena del Cobre (Cochilco) pidiendo las auditorías realizadas por la entidad a la minera estatal en los últimos 10 años.

Las observaciones

Pese a que la auditoría a los planes de egreso en El Teniente no detectó delitos, fraude o daño patrimonial, durante el proceso sí se identificaron algunas situaciones que provocaron observaciones por parte de los auditores.

El último informe preliminar emitido el 21 de julio de 2014, cuatro días antes del informe final, consigna que de los 220 trabajadores Rol B acogidos al plan de egreso, 211 (96%) del total presentaron certificados que indicaban una incapacidad laboral mayor al 15%. Esto implicaba, según lo estipulaba el determinado contrato colectivo, que cada trabajador en esta situación tendrían derecho a recibir $ 14 millones (revisa acá el último informe preliminar de la auditoría).

A su vez, de los 211 que acreditaron incapacidad laboral superior al 15%, 121 presentaron certificados médicos emitidos por el Hospital Clínico Fusat, de propiedad de Codelco. No obstante, esta entidad no estaba incluida dentro de las que establecía la Superintendencia de Seguridad Social (Suseso) para estos fines, ya que estos trámites debían ser realizados ante la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez (Compin). Esto implicó que Codelco pagara $ 1.694 millones (US$ 3,1 millones) de beneficios a personas que habían presentado documentos emitidos por una institución de salud inadecuada. En vista de todo esto, los auditores clasificaron esta situación como de alto riesgo para la empresa.

A partir de la observación se generó un acuerdo con la administración para mejorar el control interno, el cual debía implementarse a más tardar el 31 de agosto de 2014. “El gerente de recursos humanos, en consulta con los profesionales médicos de la gerencia de seguridad y salud ocupacional, determinará el porcentaje de ‘pérdida de capacidad de ganancia’ que se incluirá en eventuales planes de egresos futuros, el que deberá ser un elemento diferenciador y estar enfocado a trabajadores que efectivamente presenten un grado de incapacidad médica y/o laboral real. Asimismo, solo se considerarán válidos documentos emitidos por la Compin o entidad previsional”, detalla el documento.

Sin embargo, esta observación fue modificada en el informe final emitido el 25 de julio de 2014. En este documento se determina que el Hospital Clínico Fusat está incluido dentro de las entidades que pueden certificar una incapacidad laboral mayor o igual a 15%, según se estableció en el acuerdo complementario del convenio colectivo del sindicato Rol B, pero no había sido firmado por personal de la División El Teniente.

Tras este cambio se estableció que se realizaron pagos de beneficios, que alcanzaron US$ 3,1 millones, con un acuerdo que no estaba formalizado. Por esta razón, se cambió el riesgo desde alto a medio. También se fijó un nuevo acuerdo con la administración: el gerente de recursos humanos gestionará la autorización formal del documento “Flujo certificación incapacidad absoluta o parcial permanente” (suscrito como aclaración del acta de acuerdo complementaria del convenio colectivo de los Rol B), por parte de personal facultado.