Dos funcionarios del Ministerio de Educación acumularon más de 360 millones de pesos en tres años. Las ganancias fueron obtenidas a través de la venta indiscriminada de más de 5.500 mil certificados de estudios falsos. Los documentos eran generados por los servidores públicos, alterando los sistemas internos del Mineduc.
De acuerdo con antecedentes judiciales recabados por BBCL Investiga, el entramado estaba liderado por Rodrigo Morales Pereira. El funcionario de la Unidad de Ayuda de la cartera está acusado de haber aprovechado las atribuciones propias de su cargo para levantar una entidad ilícita junto a su pareja y la también empleada gubernamental, Constanza Garín.
El negocio —según la indagatoria— no sólo ayudaba a extranjeros que no cumplían con los requisitos educacionales necesarios para obtener una licencia de conducir, sino también les permitió a ambos imputados amasar una fortuna y hacerse de una casa para ambos por más de 110 millones de pesos.
Los funcionarios y sus captadores fueron formalizados esta semana por los delitos de cohecho, soborno y lavados de activos. Quedaron en prisión preventiva.
EL ORIGEN
Según consta en el expediente judicial, el tinglado para la venta de certificados de estudio tiene su origen en otra banda criminal. Se trata de una organización montada al interior de la Dirección del Tránsito de Requínoa, en la región de O’Higgins. Sus clientes eran extranjeros que, para realizar el tramite con éxito, necesitaban, por ley, acreditar estudios en Chile o al menos haberlos convalidado.
Para solucionar esta problemática, sostiene el Ministerio Público, el grupo de Requínoa estableció un nexo —mediante un imputado que realizaba labores de captación de potenciales beneficiarios— con dos funcionarios públicos del Mineduc: Rodrigo Morales y Constanza Garín.
Así fue como ambos servidores —dice el ente persecutor— comenzaron a emitir certificados a diestra y siniestra a cambio de dinero. Según conoció BBCL Investiga, de ese total de más de 5.500 certificados, al menos 1.069 casos terminaron en la emisión de licencias de conducir en la región de O’Higgins, dentro de las cuales se encuentran incluso permisos especiales y profesionales.
La independencia
A partir de este vínculo, —según se desprende de los archivos judiciales— Morales y Garín habrían visto una clara oportunidad de negocios. Así, dice la fiscalía, crearon una organización propia, dedicada exclusivamente a la producción de certificados educacionales ideológicamente falsos que operó de manera impune en el país durante tres años.
Su líder —Rodrigo Morales, de acuerdo a las pesquisas— estableció una estructura jerárquica con funciones claras que se basó fundamentalmente en la manipulación del sistema interno de la institución.
Para generar los certificados —abusando de sus funciones publicas— la dupla de funcionarios gestionó la digitación de información fraudulenta en los canales informáticos ministeriales: asignaron años falsos a las actas remitidas por los colegios y completaron calificaciones de promedio general con cualquier número.
Morales además gestionó una alianza con tres personas externas a la institución para que actuaran como captadores en terreno. Tenían la misión de reclutar clientes y recaudar el dinero de cada intercambio monetario.
EL EQUIPO EN TERRENO
Los captadores justamente eran los encargados de ejecutar con éxito una arista importante de la trama. El equipo estaba compuesto por tres personas: Joshua Zúñiga, Niober Martínez y Roger Duarte. Estos dos últimos corresponden a ciudadanos venezolanos, mientras que el primero era el representante legal de la Escuela de Conductores Zual Limitada, ubicada en la región Metropolitana.
La función de los captadores radicaba en la negociación en terreno. Es decir, buscaban clientes para la colectividad. Bajo esta misma figura, también se les encomendó la misión de efectuar los cobros de los certificados ideológicamente falsos a los interesados y —según información a la que accedió la Unidad de Investigación de Bio Bio—, actuaban como caja pagadora. En simple, recibían el dinero en sus cuentas para posteriormente transferirlo a Rodrigo Morales.
De acuerdo a documentos judiciales, Zúñiga le envió un poco más de $118 millones al líder; Martínez otros $203 millones; y Duarte hizo lo propio al depositar casi $38 millones. Estos montos —en suma— dan una cifra total de 360 millones que Morales acumuló en su cuenta bancaria por pagos correspondientes a los ilícitos.
ADQUISICIÓN DE BIENES
La indagatoria apunta a que desde la asociación criminal inyectaron sus ganancias de manera progresiva al sistema financiero formal. Esto, con el objetivo de disimular y ocultar el origen del dinero generado en el mercado ilícito.
Así lo detalló el fiscal jefe de Alta Complejidad de O’Higgins, Javier von Bischoffshausen.
—En este caso, hemos logrado incautar diversos vehículos, inmuebles e incluso lograr la retención de los dineros que estos imputados hayan podido percibir y que tengan actualmente en las cuentas corrientes de sus distintos bancos —aseveró.
Según la investigación, las ganancias fueron repartidas entre Rodrigo Morales y Constanza Garín. En total, el primero le transfirió a la segunda un poco más de $207 millones, repartidos en 202 operaciones entre 2019 y 2022.
En concreto, para blanquear el dinero proveniente del negocio ilegal —versan los cargos formulados por el persecutor— los funcionarios ministeriales compraron una casa por $110 millones el 24 de mayo del 2021.
Además, se acreditó que Morales —para los mismos fines del lavado— adquirió un Peugeot modelo 2008.
MEDIDAS INTERNAS
En conversación con BBCL Investiga, la subsecretaria de Educación, Alejandra Arratia, asegura que fueron ellos quienes estamparon la primera denuncia por estos hechos.
—Paralelamente, aplicamos medidas de control preventivo, como cambios en los accesos a las plataformas de certificación, exigencia de contraseñas más robustas, trazabilidad de las cargas y separación de funciones en el proceso de búsqueda y carga de certificados de estudio —agregó.
En la actualidad —según sus propios dichos— existe un sumario en curso que se encuentra en su etapa final y una auditoría interna que confirmó las irregularidades.
Consultada por medidas internas hacia los funcionarios, la autoridad educacional aseguró:
—Desde el primer hallazgo en diciembre de 2022 adoptamos todas las medidas pertinentes de modo inmediato, como por ejemplo inhabilitar todos los certificados sin respaldo que fueron identificados junto con suspender las labores de los dos funcionarios implicados.
Rodrigo Morales y Constanza Garín quedaron en prisión preventiva luego de ser formalizados por los delitos de falsificación de instrumento público, cohecho agravado y lavado de activos. Los dos captadores venezolanos corrieron la misma suerte.
ESTE ARTÍCULO DESCRIBE UN PROCESO JUDICIAL EN CURSO
Existe la posibilidad de que los cargos sean desestimados al finalizar la investigación, por lo cual NO se debe considerar al o los imputados como culpables hasta que la Justicia dicte sentencia en su contra.
(Artículo 04 del Código Procesal Penal)
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