La molestia de los taxistas capitalinos por las aplicaciones Uber y Cabify aún no cesan, ya que reclaman fuga de clientes ante estos servicios que no están regulados por el Ministerio de Transportes.

Ahora un grupo de congresistas de Amplitud presentará un proyecto de ley para poder reglamentar la operación de estas alternativas de transporte que funcionan mediante teléfonos móviles y que conectan al usuario con el conductor de un vehículo para poder trasladarse.

Pedro Browne, diputado del partido opositor, declaró a la edición impresa de La Tercera que “lo que se ha logrado evidenciar es que este sistema (de transporte entre privados) ha traído beneficios, y que la gente valora que exista, por lo tanto, si ya existe y se puede perfeccionar, hay que hacerlo. Lo que no podemos hacer es oponernos a que hayan nuevas fórmulas o nuevos sistemas que buscan mejorar la calidad de vida de las personas”.

La iniciativa de ley contará con mecanismos de control especiales y condiciones para garantizar la seguridad de los usuarios.

Carl Meacham, gerente de asuntos públicos para el cono sur de Uber, valoró la iniciativa y señaló a La Tercera que “estamos convencidos que el diálogo y el trabajo en conjunto con las autoridades es el camino”.

Gobierno asegura que mantendrá multas

Pero el Ministerio de Transportes se mantiene firme en su posición de no permitir este tipo de servicio que considera ilegal.

El ministro Andrés Gómez-Lobo declaró a la edición impresa de El Mercurio que continuará la fiscalización contra los automóviles realicen este tipo de transporte informal, que continuarán las multas que oscilan entre las 15 y 20 UTM y que seguirán retirando los vehículos “como cualquier vehículo pirata”.

“Este es un sistema pirata con conductores que no tienen licencia profesional. Son vehículos privados que no tienen los seguros correspondientes (…) Le diría a la gente que tenga cuidado, que están usando vehículos no calificados para transporte público”, aseguró el secretario de Estado, quien se declaró usuario de la aplicación SaferTaxi, parecida a Uber, pero que ocupa taxis “techo amarillo”.

Estas declaraciones molestaron a Agustín Guilisasti, gerente general de Cabify en el país, quien sostiene que los 10 mil conductores que trabajan en la aplicación están amparados en el decreto 80 del Ministerio de Transportes, que regula el transporte privado de pasajeros.

“Los inspectores están fiscalizando este tipo de autos y los están multando igual. El transporte privado es muy distinto a un taxi de la calle, por lo que llamamos al gobierno a que por favor regule porque se le está sacando el mismo parte a vehículos que tienen el permiso como a los que no”, dijo a El Mercurio.

Vale la pena mencionar que el mencionado decreto 80 regula el transporte privado remunerado de pasajeros que no presta servicio al público, sino que a empresas particulares y turismo.