25 millones de peces -equivalentes a 39.942 toneladas de biomasa muerta- fue el saldo final de la emergencia provocada por el bloom de algas en 45 centros de cultivo de la región de Los Lagos, específicamente en el Seno de Reloncaví y la zona norte de Chiloé, según informó el director nacional de Sernapesca, José Miguel Burgos.

Según la autoridad, el retiro de los peces concluyó el pasado 24 de marzo, proceso que fue supervisado por Sernapesca para asegurar el cumplimiento de las medidas de bioseguridad tanto en la carga de la mortandad, como en su transporte a los distintos puntos de disposición final.

Burgos detalló que el 57% de los salmones fue procesado en plantas elaboradoras de harina de pescado, mientras que otro 30,3% se desechó en vertederos en tierra.

Asimismo, Sernapesca informó que se autorizaron 11 vertimientos en el mar, en la zona segura autorizada por la Armada a 75 millas -alrededor de 140 kilómetros – de la costa de la región de Los Lagos. “En total, se arrojaron alrededor de 4.659 toneladas de salmones en el punto de descarga, en una maniobra que fue monitoreada en todo su trayecto por Sernapesca”, informó el director nacional.

Burgos añadió que “el control de esta situación sólo fue posible gracias a la acción oportuna de Sernapesca en coordinación con otras instituciones del Estado, como la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura, la Autoridad Marítima, la Intendencia de la región de Los Lagos y la Seremi de Salud, así como la colaboración de gran parte de la industria ante los plazos establecidos”.

En ese sentido, desde Sernapesca informaron que sólo un centro de cultivo – propiedad de la empresa Australis Mar – no cumplió con los plazos establecidos por la entidad, que obligaba al retiro de las mortalidades en un plazo de 5 días, por lo que se realizarán las denuncias ante la Superintendencia de Medio Ambiente conforme lo establece la normativa.

Esta acción se suma a las denuncias presentadas previamente contra dos centros de cultivo de la empresa AquaChile y el mismo centro de Australis Mar, por incumplimiento del artículo 5 del Reglamento Ambiental para la Acuicultura, específicamente por no ejecutar oportunamente los planes de contingencia.

Al respecto, Burgos adelantó que “es necesario poner atención en los problemas que se evidenciaron durante el desarrollo de este evento, especialmente en lo relacionado con la logística de la industria, por lo que abriremos una mesa de trabajo público-privada para abordar este tema en forma integral, con el fin de tener mayor capacidad de respuesta ante eventos ambientales o sanitarios similares que pudiesen suceder en el futuro”.