Tras el caso de una mujer detenida en Osorno por tener dos plantas de marihuana en su patio, la presidenta de la Fundación Daya, Ana María Gazmuri, manifestó su rechazo a lo que considera “una mala aplicación de la ley 20 mil”.

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“El despliegue económico y de esfuerzos de Carabineros o la PDI, al Estado le cuesta al menos $600 mil y son miles de detenciones al año”, explicó basada en datos de “Movimental”.

La activista sostiene que se trata de procedimientos “totalmente inútiles poque al final no quedan en nada”.

En conversación con BioBioChile, Gazmuri anunció que se reunirán el próximo 12 de abril con el fiscal nacional, Jorge Abbott, para analizar los procedimientos de los fiscales y las policías. El planteamiento de la Fundación buscaría defender que el consumo personal es un derecho ya consignado en la ley, sea para fines medicinales o no.

“Lo que busca perseguir la ley es el tráfico, no el consumo personal. Eso lo ha dicho la Corte Suprema con toda claridad. Hoy en día hay juicios ordinarios donde se está aplicando correctamente la ley y estas personas quedan libres”, sostuvo.

La conocida actriz explicó que como Fundación se han dado cuenta de que las policías “no conocen la ley realmente”.

“Es una violación de derechos gravísima”, finalizó.