Ayer se aprobó en la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados la despenalización del aborto en caso de embarazo como resultado de una violación. Este debate en la Comisión, dio pie a múltiples expresiones en relación a la violación, muchas de las cuales revelan enorme desconocimiento, prejuicios y estereotipos que todavía tristemente persisten frente al tema. Ante esto, cuesta quedarse en silencio y pasar por alto dichas menciones.

En primer lugar, la violación siempre es un hecho grave. Aparte de ser la máxima expresión de discriminación contra la mujer, es una forma brutal e inexcusable de violencia hacia ellas. Sin matices ni excepciones, ni explicación de circunstancias.

El Estado tiene la obligación de dar protección a las mujeres contra la violencia. A una mujer violada, el Estado ya le falló en una primera instancia: hubo mecanismos de prevención que no le permitieron recibir la protección a la que tiene derecho. Esa mujer tiene derecho a que se haga justicia en su caso, que se investiguen los hechos, sin revictimizarla, y que se sancione a los responsables.

Ninguna mujer sale indemne de una violación, haya o no haya secuelas físicas. Es una vulneración brutal a su autonomía y tiene derecho a una reparación, incluyendo el apoyo estatal en cuanto a servicios y atención que requiera para sobrellevar la situación de la mejor manera posible.

Si una mujer queda embarazada como producto de una violación, la reparación debe necesariamente incluir la posibilidad de decidir si continuar o no su embarazo, tal como lo ha solicitado Amnistía Internacional en el contexto de la campaña “Chile no protege a las mujeres. La criminalización del aborto viola los derechos humanos”. No es el Estado a través de la ley, ni terceras personas como médicos o sicólogos, quienes deben decidir eso por ella, definiendo qué sería más o menos traumático para ella. Una mujer violada sigue siendo una persona autónoma sujeta de derechos que puede decidir por sí misma qué es mejor para su recuperación: continuar su embarazo o abortar. Obligarla a continuar dicho embarazo en estas circunstancias y contra su voluntad, es equivalente a tortura.

Esto no debiera estar sujeto a plazos de gestación artificiales ni a exigencias especiales de denunciar judicialmente la violación. ¿Es esto contradictorio con asegurar que la violación no quede en la impunidad? Por ningún motivo.

El derecho de la mujer a acceder a la justicia para que se persiga el horrible crimen del que fue víctima no se debe ver de ninguna forma supeditado a su decisión de abortar o no. Si bien ambas cosas se integran en el marco del derecho a justicia y reparación de una mujer víctima de violación, no puede una depender de la otra.

Se ha dicho que la aprobación de esta ley deja solas a las mujeres, que el Estado da la señal de que no hará nada por esta violación. No veo de qué forma puede interpretarse esto. La aprobación de la causal no altera de ninguna forma las normas penales y procesales relativas al delito de violación. Esto es una norma que complementa dicha normativa, y que no deja solas a las mujeres, muy por el contrario: les dice que ahora, si deciden interrumpir su embarazo, ya no tendrán que hacerlo solas, escondidas como criminales y muchas veces en sitios clandestinos e inseguros, sino que lo podrán hacer en condiciones adecuadas y con acceso a acompañamiento.

Se ha dicho que el aborto serviría para esconder pruebas y facilitar la impunidad. Esto es falso derechamente. Si la mujer quiere perseguir judicialmente la violación, y ha abortado de manera segura en un centro de salud, existirán registros de su embarazo y de la intervención realizada. En caso contrario, cuando el aborto está prohibido y, por lo tanto, se realiza en la clandestinidad, obviamente no existirán dichos registros. En la actualidad, las mujeres no tienen opción.

Finalmente, se ha dicho que debe exigirse una denuncia puesto que de lo contrario el aborto en caso de violación serviría como puerta al aborto libre, porque cualquier mujer podría mentir y decir que fue violada para acceder a un aborto. Esta afirmación está cargada de prejuicios: sigue la visión de desconfianza hacia las mujeres, a quienes se les ve como “locas” que escondidas en una supuesta “ideología de género” quieren tener sexo libre e irresponsable, y luego podrán mentir descaradamente para abortar cuando se les ocurra. Estoy haciendo una caricatura, es cierto. Pero a veces parece que es esta caricatura la que está detrás de ciertas opiniones.

Finalmente, todas estas posiciones parten de la base de estereotipos que ven a la mujer como alguien de quien se debe desconfiar: desconfiamos de su responsabilidad e inteligencia para “cuidarse”, desconfiamos de si acaso tuvo o no responsabilidad en su propia violación, desconfiamos de su capacidad para decidir por sí misma lo que es mejor para ella.

No perdamos el foco: el centro en esta discusión es la mujer, sus derechos humanos, su protección en situaciones vulnerables, su autonomía y su posibilidad de tomar decisiones por sí misma acerca de sí misma. Proteger a la mujer pasa primero por proteger sus derechos.

Ana Piquer
Directora Ejecutiva de Amnistía Internacional Chile