Durante la noche del lunes fue oficializada la propuesta de La Moneda para reemplazar a Ramiro Mendoza en el cargo de Contralor General de la República, el cual se encuentra vacante desde abril pasado. Se trata de Enrique Petar Rajevic Mosler, Director Jurídico del Consejo para la Transparencia y hombre cercano a la Democracia Cristiana y al actual ministro de Interior, Jorge Burgos.

A través de un oficio enviado al Senado, la mandataria propuso a este abogado, que además es Licenciado en Derecho por la Pontificia Universidad Católica de Chile y Máster en Política Territorial y Urbanística de la U. Carlos III de Madrid. Sin embargo, dicha propuesta fue analizada con cautela, según publicó en agosto pasado el medio digital El Líbero.

Lo anterior, porque los antecedentes de Rajevic no son del todo pulcros. De hecho, tuvo a su haber una demanda que fue interpuesta en 2010 por el Consejo de Defensa del Estado, debido a una millonaria deuda que el actual candidato a la entidad contralora tenía con el Fisco a través del Ministerio de Planificación y Cooperación (Mideplan).

Dicha deuda respondía al pago de una beca que le fue entregada por el Mideplan para que pudiera realizar un programa conducente a un Doctorado en Derecho en la Universidad Carlos III de Madrid, esto entre los años 2000 y 2003.

La beca cubría tres años de estudios con un un subsidio mensual de 820 dólares, el pago de matrículas y gastos de la universidad, una asignación anual de 300 dólares para libros, otra asignación anual de 700 dólares para seguro de salud y el pago de pasajes de ida y vuelta entre Chile y España, entre otros costos.

Esto era cubierto económicamente por el Mideplan, debido a su condición de administrador del programa de becas con dinero del Fisco, entidad que fue representada por el Consejo de Defensa del Estado a la hora de entablar la demanda contra Rajevic.

Según el documento judicial que fue ingresado el 17 de Mayo de 2010 en el 21º Juzgado Civil de Santiago, la beca exigía mantener un alto nivel de rendimiento en los estudios, cumplir todas las exigencias académicas de los cursos y regresar a Chile al término del periodo, para integrarse a universidades, entidades de investigación, o la administración pública por el doble de tiempo de lo que permaneció en el extranjero.

Sin embargo se registraron incumplimientos a estas exigencias, que facultaron al Mideplan para poner término al beneficio, exigir el pago del dinero que se había remesado y entablar la demanda exigiendo la restitución de los montos, que ascendían a $31.133.145.

Actualmente la causa se encuentra archivada y la deuda ya estaría saldada. Sin embargo, el antecedente existe en los registros del Poder Judicial, y fácilmente podría convertirse en una brecha para futuros cuestionamientos a Rajevic, en el caso de ser seleccionado como nuevo Contralor General de la República, es decir, el encargado de la entidad que vela por la gestión institucional eficiente en resguardo de la probidad, la transparencia y, precisamente, el correcto uso del patrimonio público.

Demanda CDE