Con el precio del cobre promediando los $2,67 dólares (en este año) y con un margen muy estrecho de lo que implica el costo de producción, Codelco solo está apostando por el fin de la movilización de los trabajadores contratistas sin involucrarse en los alcances de la negociación por el Acuerdo Marco.

Este año correspondía la cuarta negociación de este acuerdo entre las empresas que prestan servicios a la cuprífera y los trabajadores, y la historia de este documento apunta a la movilización que la Confederación de Trabajadores del Cobre (CTC) desarrolló en 2007, que se prolongó por un mes y una semana.

Para comprender primero la importancia de tener trabajadores contratistas es vital entender el manejo de los costos de Codelco: mientras uno de estos trabajadores les cuesta mensualmente alrededor de USD$2.500, uno que integre directamente sus filas va por el orden de los USD$5.000 según afirmó a La Tercera el presidente del directorio de la empresa, Óscar Landerretche.

Entonces, el acuerdo marco, signado con el objetivo de zanjar la mencionada movilización de 2007, dejó a la estatal como la encargada de velar por las garantías de los beneficios que la empresas contratistas entregarían a sus trabajadores.

Entre los citados beneficios se fija la creación de un fondo de becas para los hijos de los empleados externos, asignación de bonos, fijación de reajustes de acuerdo a la variación semestral del IPC, entre otras materias, muchas de ellas reguladas en las bases de licitación de los subcontratos.

¿Cuál es el costo de este acuerdo marco? Nelson Pizarro, presidente ejecutivo de Codelco, cifró este aspecto en 1.000 millones de dólares “a largo plazo”. Esto, teniendo en cuenta que la misma empresa calcula que las condiciones del actual acuerdo les implican un costo de USD$120 millones anuales.

“Un incremento de estos beneficios y sus costos asociados, no son compatibles con las actuales condiciones del mercado del cobre, de la realidad económica del país y la sustentabilidad de los proyectos estructurales“, aseguró Pizarro, por lo que la postura de la compañía ha sido la de facilitar el diálogo entre las empresas y los trabajadores, pero desmarcándose de cambiar el acuerdo marco vigente.

El plan de inversiones de Codelco también ha sido uno de los puntos de preocupación para la estatal, luego que el Ejecutivo le pidiera ajustar el plan de inversiones que superaba los USD$23.000 millones de gasto entre 2015 y 2019. Ello obliga a reordenar la agenda de prioridades al interior de la cuprífera, teniendo en cuenta que en ese plan la mitad de los recursos apuntan a proyectos estructurales.

La movilización, en una suerte de “efecto colateral”, pone de nuevo el foco sobre el futuro de la división El Salvador. Si bien Nelson Pizarro descartó que se evalúe el cierre de ésta, sí dejó en claro que no se puede garantizar su continuidad ya que, según afirmó este martes, se opera con pérdidas agravadas por las movilizaciones.

Bajo la incertidumbre y presión sobre una de sus divisiones, sumado a la muerte de Nelson Quichillao por la acción de Carabineros, la movilización de los contratistas aún no presenta visos de ser resuelta mientras la estrategia de Codelco se mantiene a la distancia del conflicto.