El caso Penta vivirá un nuevo hito este lunes 22 cuando en el Octavo Juzgado de Garantía se formalice a un grupo de actuales y ex congresistas por su participación en el financiamiento ilegal de la política, situación que tiene a los partidos sumidos en una grave crisis institucional.
Se trata del ex senador y ex presidente de la UDI, Jovino Novoa, el ex diputado RN Alberto Cardemil, el ex alcalde de Santiago, Pablo Zalaquett, el actual senador Iván Moreira y el diputado Felipe De Mussy (los tres de la UDI).
Los cinco serán imputados en calidad de autores de delitos contemplados en el artículo 97, N°4, inciso final del Código Tributario, donde se sanciona a quienes facilitan documentación tributaria falsa. Para la Fiscalía, se trata de ilícitos de carácter de consumado y, en el caso de Novoa, también de reiterado.
Por esta razón, el ex timonel del partido de la Alianza arriesga hasta 10 años de presidio en caso de ser hallado culpable, mientras que el resto de los políticos pueden obtener una pena de presidio menor en su grado máximo (hasta cinco años), por lo que podrían obtener una pena remitida.
En tanto, eventualmente podrían ser formalizados por apropiación indebida, pero no por el delito de cohecho.
La génesis
La revelación del caso Penta se debió a otra investigación, el caso FUT, una especie de caja de Pandora que terminó por revelar distintas formas de financiamiento a la política.
Todo comenzó en 2012 cuando al interior del Servicio de Impuestos Internos (SII) se descubrió que 122 contribuyentes habrían obtenido devoluciones indebidas de impuestos, a través de una mala utilización del Fondo de Utilidades Tributables (FUT), por lo que se inició una investigación interna.
La operación era liderada por Iván Álvarez, funcionario del SII que encontró una falla en el sistema electrónico del organismo para alterar las declaraciones de renta, utilizándola para que empresas obtuvieran mayores devoluciones de impuestos.
Uno de esos contribuyentes era Hugo Bravo, ex director del Banco Penta. Por esto, el SII presentó una querella en su contra en julio del año pasado, acusándolo de irregularidades que superarían los $260 millones.
Pero eso era sólo la punta del iceberg. Al iniciarse la investigación al interior del Grupo Penta se descubrió que los controladores del holding, Carlos Alberto Délano y Carlos Eugenio Lavín, habrían utilizado de forma indebida boletas de honorarios falsas emitidas por sus esposas por trabajos no realizados, esto para pagar menos impuestos a la renta de la sociedad de inversiones Penta III Limitada. Por esto, en agosto de 2014 el SII se querelló en contra de ambos.
La arista política
De ahí la historia es más conocida. En sus declaraciones a la justicia, Hugo Bravo reveló que el mecanismo de las boletas habrían servido para financiar campañas políticas de personajes como Laurence Golborne, Andrés Velasco y Ena von Baer, además de Iván Moreira y Pablo Zalaquett.
La información, revelada en septiembre de 2014, generó un terremoto en la política ya que la aparición de personajes vinculados a estas irregularidades iría in crescendo.
Jovino Novoa, Alberto Cardemil, Felipe de Mussy, Felipe Kast y el ministro Alberto Undurraga fueron otros de los nombres que aparecieron en la indagación, junto con el de Pablo Wagner, subsecretario de Minería del gobierno de Sebastián Piñera, quien habría recibido dineros de Penta mientras estuvo en ese cargo. Esto motivo a que el SII también se querellara en su contra.
Lo de Wagner cobra gran trascendencia ya que, al ser investigado por el caso Penta, se descubrió una boleta por $7 millones y medio hecha por su cuñada, María Carolina de la Cerda, a la empresa SQM. Esto motivó a que la Fiscalía pusiera sus ojos en la minera no metálica, hallando una serie de boletas por asesorías que implicaban a miembros de todo el espectro político. El más reconocido es el ex ministro del Interior, Rodrigo Peñailillo, cuestionado por la forma en que se financió la precampaña de la presidenta Michelle Bachelet. Pero esa es otra historia.
El fin del secreto y el inicio de las formalizaciones
El 2015 partió con el levantamiento del secreto de la investigación, lo que llevó a los medios a revelar nueva información sobre el caso Penta. Por ejemplo, se conocieron los correos electrónicos que Von Baer y Moreira enviaron al holding para solicitar dinero.
Ambos, quienes hasta enero de este año habían negado irregularidades en sus campañas, se vieron obligados a reconocer públicamente que solicitaron fondos al holding de Délano y Lavín. La revelación de los secretos de la investigación llevó a que la UDI pidiera públicamente disculpas al país por este hecho.
La indagación, que en primer término fue liderada por el fiscal Carlos Gajardo, pero que desde febrero está encabezada por el fiscal nacional Sabas Chahuán junto a un equipo de perseguidores constituido por el mismo Gajardo más Iván Norambuena y Emiliano Arias, logró sus primeros 10 formalizados en marzo pasado.
Se trata de los controladores del grupo Penta, Carlos Délano y Carlos Lavín, además de Hugo Bravo, Marcos Castro, Iván Álvarez, Juan Alberto Martínez, Manuel Antonio Tocornal, Pablo Wagner, Samuel Irarrázaval y Carlos Bombal. Los cargos que imputó el Ministerio Público fueron los de delitos tributarios, cohecho, soborno y lavado de activos.
La indagación no se ha detenido. Esta miércoles 17 hubo nuevas formalizaciones por la arista de los contratos forward, contratos a futuro que sirvieron para evadir impuestos.
Los que recibieron nuevos cargos por este tema fueron Lavín, Délano, Hugo Bravo, Marcos Castro, Manuel Antonio Tocornal y Pablo Wagner. A ellos se sumaron los ejecutivos de CB Consultorías y Proyectos, Iván Rojas y Edgar Pinto.
Este lunes se vivirá un nuevo episodio de formalizaciones, el más político hasta ahora de todas las investigaciones que se llevan por el financiamiento ilegal de la política, como la de SQM y la de Corpesca. Por lo mismo, las escenas que veremos hoy se repetirán muy pronto con otros personajes públicos, quienes deberán sentarse en el banquillo de los acusados para responder por los actos que se les acusan.