La Moneda entregó su respaldo al subsecretario de Gobierno, Rodolfo Baier, quien aparece como uno de los nombres que eventualmente estarían en la nueva denuncia del Servicio de Impuestos Internos contra Soquimich, por delitos tributarios que involucrarían utilización de boletas ideológicamente falsas.
Desde el Gobierno confirmaron la existencia de la boleta por 6 millones de pesos, y explicaron que este documento se debe a un plan comunicacional de relaciones comunitarias en el proyecto Nueva Víctoria de Pozo Almonte.
El ministro del Interior, Rodrigo Peñailillo, entregó su respaldo, llamando a no realizar una ‘caza de brujas’ y solicitando respetar la honra de la personas. “Eso se tendrá que despejar. Es importante que las instituciones, en este caso el SII, haga el trabajo que tiene que hacer. Lo que más mal le puede hacer al país, es que a través de filtraciones de situaciones de ese tipo podamos, lamentablemente, afectar la honra de las personas”, señaló.
En esta línea el vocero de Gobierno, ministro Álvaro Elizalde, entregó la postura oficial de La Moneda, y junto con reconocer la existencia del pago por los servicios del subsecretario cuando trabajaba en el ámbito de las comunicaciones, indicó que no hay irregularidades en torno a esta boleta.
“Cumplió servicios profesionales con la empresa Soquimich a fines del año 2012. Según lo que me ha informado, estos servicios fueron contratados, realizados y remunerados conforme a la legislación”, indicó.
“Se trata de un destacado profesional, no tengo ninguna razón por lo cual podría poner en duda lo que él me ha planteado (…) él ha dado cuenta de este informe, se trata de servicios que efectivamente se otorgaron”, agregó.
Asimismo, el ministro Elizalde reiteró que Baier no tiene relación con Pecado Kapital, de la ya querellada periodista Cristina Zuñiga, luego de que se dieran a conocer rumores que lo vinculaban como un directivo de dicha empresa.
Finalmente llamó a no sacar conclusiones anticipadas y respetar el trabajo del Servicio de Impuestos Internos junto a la Fiscalía y, en último término, los tribunales.