El abogado representante de la Fundación Ciudadano Inteligente, Pedro Orthusteguy, valoró que el tribunal a cargo de la formalización de los imputados del Caso Penta, declarara admisible la querella de la organización contra los políticos que han sido mencionados en la investigación.

La fundación se querelló en contra de Pablo Wagner, Iván Moreira, Ena Von Baer, Jovino Novoa, Alberto Cardemil, Ernesto Silva, Roberto León, Fulvio Rossi y quienes resulten responsables por el delito de cohecho o cualquier otra figura penal que se determine en la investigación de los casos Penta y Soquimich.

Durante la audiencia de formalización de los controladores de Penta, ejecutivos del grupo y ex fiscalizadores del SII, las defensas de los imputados habían pedido suspender el proceso para conocer el detalle de esta acción judicial y otras dos presentadas por el Consejo de Defensa del Estado, en las últimas horas. Solicitud que fue denegada por el juez Juan Miguel Escobar.

Orthusteguy calificó la postura de la defensa como “una maniobra dilatoria para demorar el inicio de la audiencia, porque la declaratoria de admisibilidad de una querella es inapelable”.

Lee también: Quiénes son los 10 imputados del Caso Penta

En defensa de la probidad en política

La organización, que se dedica a fiscalizar la probidad y transparencia de la administración pública y los políticos, fundamentó su querella en que el Código Penal permite acción pública para “delitos cometidos por un funcionario público que afectaren derechos de las personas garantizados por la Constitución o contra la probidad pública”.

Al respecto, Pablo Collada, director ejecutivo de la fundación señaló que “Ciudadano Inteligente está comprometido con la transparencia, y por asegurar que nuestra democracia sirva al interés general, y no el de grupos privilegiados que buscan influir. Nuestra motivación es 100% ciudadana, y buscaremos esclarecer los hechos no importando si afectan a partidarios del Gobierno o de la oposición”.

Agregó que para la fundación, los hechos ya son conocidos por la opinión pública “revisten la máxima gravedad, razón por lo cual hemos decidido colaborar con el trabajo que ha liderado la fiscalía. Lo que nos motiva es proteger la confianza en nuestras instituciones democráticas, pero una confianza que se construye desde la transparencia y la ética en el ejercicio de la función pública.”