El reciente informe anual de Amnistía Internacional muestra un panorama sumamente preocupante para los derechos humanos. Conflictos armados que afectan mayormente a la población civil, millones de personas desplazadas y buscando refugio huyendo de estos conflictos, ataques crecientes a la libertad de expresión y una reducción de espacios para la sociedad civil.

En este brutal panorama, el capítulo sobre Chile del mismo informe puede parecer que sólo contiene buenas noticias. Pero es necesario hacer un análisis de mayor detalle para no celebrar prematuramente.

En primer lugar, es llamativo que si uno revisa el mismo capítulo en informes anteriores, los temas que aparecen destacados para Chile son siempre los mismos. Los avances y deudas para eliminar la impunidad por crímenes de la dictadura, los derechos de los pueblos indígenas y la violencia policial en comunidades mapuche, preocupaciones generales en lo relativo al actuar policial en el control de manifestaciones y denuncias de uso excesivo de la fuerza, los derechos sexuales y reproductivos y la criminalización total del aborto y la discriminación a la diversidad sexual.

Este año el informe reporta buenas noticias en varios de estos temas, algunos de los cuales han sido asuntos pendientes de larga data. Pero estas buenas noticias deben tomarse con cautela.

En lo relativo a la impunidad por crímenes de la dictadura, siguen abiertos más de 1000 juicios y ha habido nuevas condenas. El gobierno anunció su apoyo y urgencia al proyecto de ley que anularía al fin el Decreto Ley de Amnistía, lo que permitiría incluso -como debe ser- reabrir los casos en que éste se haya aplicado.

Pero ¿se dará realmente a esto el impulso legislativo que se necesita para llevarlo a término? ¿Cómo se compatibiliza esto con el proyecto de ley enviado a fines de 2014 que interpreta las normas sobre amnistía y prescripción, y que pareciera tener sólo efectos hacia el futuro?.

El Gobierno también ha anunciado la intención de enviar al Congreso un proyecto de ley para tipificar el delito de tortura en Chile, dado que hoy en nuestra legislación sólo existe un delito de “apremios ilegítimos”, cuya definición no está en línea con los tratados internacionales de derechos humanos. Pero, si bien este anuncio se hizo en junio del año pasado, todavía no se ha enviado un proyecto de ley ni ha habido un compromiso con fecha para hacerlo. ¿Se enviará realmente un proyecto en el corto plazo?.

Otra buena noticia es que Carabineros hizo públicos sus protocolos de actuación en el control de manifestaciones, tras resistirse a publicarlos por muchos años, dando una señal de transparencia y posibilitando cierto control ciudadano. Pero, ¿qué pasa realmente si en la práctica un policía viola estos protocolos? ¿Qué consecuencias reales tendrá al interior de Carabineros, qué controles se establecerán y qué mecanismos de denuncia tiene la ciudadanía que detecte estas vulneraciones?.

Y relacionado con lo anterior, las denuncias de violencia policial que llegan a la justicia, con frecuencia son vistas ante la justicia militar; que no da garantías de total independencia e imparcialidad.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos ordenó a Chile modificar esta normativa, en un fallo que este año cumplirá 10 años sin haberse terminado de implementar. Recientemente, tanto el Tribunal Constitucional como la Corte Suprema han fallado traspasando algunos de estos casos a la justicia ordinaria. Además, el Gobierno ha expresado su intención de enviar un proyecto de ley para al fin concretar esta reforma.

Pero, ¿qué prioridad legislativa se le dará realmente? Me pregunto esto, pues pese a su importancia esto no parece estar entre las “grandes reformas” que cuentan con la mayor atención pública. Y una vez que se presente un proyecto de ley, ¿avanzará realmente su tramitación en el Congreso?.

Algo similar ocurre con la reforma a la Ley de Migraciones, en la que el Gobierno ha estado trabajando. ¿Qué prioridad real se le dará una vez que ésta llegue al Congreso? ¿Qué atención se le dará a las normas internacionales de derechos humanos? ¿Se les mantendrá en el centro de la discusión?.

En materia de diversidad sexual, se ve como avance la aprobación del Acuerdo de Unión Civil, que al fin permite dar un reconocimiento legal a parejas del mismo sexo. Pero, ¿existirá voluntad para avanzar hacia una total igualdad para todas las parejas en las normas sobre matrimonio y filiación? Se ha avanzado también en la tramitación de la Ley de Identidad de Género, pero algunos/as parlamentarios/as han presentado indicaciones que resultan en sí mismas discriminatorias y contrarias al propósito de la ley. ¿Será posible que el resultado sea una ley que reconozca debidamente el derecho a la identidad de género de manera alineada con los derechos humanos?.

Finalmente, una excelente noticia es la presentación de un proyecto de ley que despenaliza y regula el acceso al aborto en algunos casos extremos. Esto es un primer paso importante a abrir un debate fundamental, dado que la criminalización total del aborto que hoy tiene Chile es contraria a los derechos humanos, y así lo han hecho ver diversos organismos de derechos humanos de Naciones Unidas. Pero, ¿estará el Congreso a la altura de este debate? ¿Qué riesgo tenemos de que se apruebe una ley extremadamente reducida, o que regule restricciones tan estrictas que en definitiva no tenga mayor aplicabilidad y, por tanto, no genere efectos reales en la vida de las mujeres afectadas?.

Sin duda hay buenas noticias, pero claramente es pronto para celebrar. Podemos acoger y apoyar los avances, pero eso no es incompatible con mantener una actitud vigilante. La atención que se de desde la ciudadanía será fundamental para asegurar que los anuncios se conviertan en proyectos de ley, que los proyectos de ley se transformen en leyes realmente alineadas con los derechos humanos, y que las leyes se implementen de manera que generen cambios reales en la vida de las personas en Chile.

Ana Piquer
Directora Ejecutiva de Amnistía Internacional Chile