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Un terremoto sacude actualmente a la política chilena, que está lejos de terminar con cada nueva información que surge sobre el caso Penta y que ha llevado a replantear la forma en que se financian las candidaturas electorales.
El fraude tributario que habría cometido el grupo Penta, holding liderado por Carlos Alberto Délano y Carlos Eugenio Lavín, habría servido para dar aportes irregulares a las campañas de Ena von Baer, Iván Moreira, Andrés Velasco y Alberto Undurraga, entre otros. Además, se investigan pagos al ex subsecretario de Minería, Pablo Wagner, imputado por lavado de activos y cohecho.
Chile se ha caracterizado por ser un país con bajos niveles de este tipo de delitos. Según el Índice de Percepción de la Corrupción 2014, elaborado por la organización Transparencia Internacional, Chile es el país menos corrupto de Latinoamérica con 73 puntos, recuperando el primer lugar que había sido arrebatado por Uruguay el 2013.
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Pese a ello, ningún país está libre de ser víctima de estos sucesos que sólo consiguen hacer perder la confianza en la ciudadanía hacia quienes están en el poder. De hecho, en los últimos 15 años no son pocos los casos que han manchado la labor de quienes conducen el país. Aquí seleccionamos cinco de los que más impacto causaron en la ciudadanía, aparte del caso Penta.
Caso MOP-Gate y los sobresueldos
Sebastián Rodríguez | Agencia Uno
Se trata de uno de los casos de corrupción más recordados por la opinión pública. Todo partió con un autorrobo perpetrado en la empresa Gate (Gestión Ambiental Territorial S.A.), lo que destapó un vínculo con el Ministerio de Obras Públicas (MOP).
Sara Oliva, secretaria de la compañía, fue quien cometió el autorrobo y tras ser descubierta confesó que el dueño de Gate, Héctor Peña, obtenía licitaciones para financiar campañas políticas. Esto llevó a que la Contraloría revisara dos contratos adjudicados a Gate por el MOP que sumaban $1.440 millones, con los que se pagaron sobresueldos a alrededor de 79 funcionarios del Estado.
En la investigación, salieron al ruedo otras empresas que ganaban licitaciones del MOP y que también pagaban sobresueldos. Es el caso de Auditorías Ambientales Limitada y Asyr Contadores.
Entre los acusados por fraude al fisco estuvo el mismísimo ministro de Obras Públicas del gobierno de Ricardo Lagos, Carlos Cruz, quien asumió el 2000 y dejó el cargo en 2002 cuando estalló el escándalo. También se procesó al ex jefe de Finanzas de Vialidad del MOP, Sergio Cortés, quien recolectaba fondos al interior del ministerio para poder financiar la campaña municipal de la Concertación durante el 2000.
La sentencia definitiva de la causa seguida por la jueza Gloria Ana Chevesich salió el año pasado y condenó a Cruz a tres años de pena remitida y a pagar una multa de $799 millones. Cortés, en tanto, fue condenado a pasar 5 años con libertad vigilada y a pagar una multa de $777 millones. Mientras, el dueño de Gate sólo obtuvo 61 días de presidio remitido y una multa de $777 millones.
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Según una pericia contable, el perjuicio fiscal de este caso llegó a los $1.253 millones sólo en la causa principal, tal como consignó el Centro de Derechos Humanos de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile.
El impacto de esta defraudación junto con el caso coimas terminó por llevar a que el presidente Ricardo Lagos lograra un acuerdo en enero de 2003 con el entonces timonel de la UDI, Pablo Longueira, con el fin de modernizar el Estado, mejorar la transparencia del Poder Ejecutivo y poner un reglamento más estricto al financiamiento de campañas electorales.
Caso coimas
Patricio Tombolini | Maribel Fornerod | Agencia Uno
Paralelo al caso MOP-Gate, otro gran fraude al fisco salió a la luz. Se trata del caso coimas. Todo comenzó a fines del 2002 cuando el empresario Carlos Filippi denunció haber pagado $15 millones al subsecretario de Transportes de la época, Patricio Tombolini, para el funcionamiento de una planta de revisión técnica en Rancagua. Todo esto bajo la intermediación del entonces diputado del PPD, Víctor Manuel Rebolledo.
El hecho llevó a que los diputados DC Cristián Pareto y Jaime Jiménez filtraran documentos que comprometían a Rebolledo y Tombolini. Su jugada no salió bien ya que se descubrió habían recibido $20 millones por parte de Iván Sánchez, con el fin de que denunciaran el pago de coimas, para poder recuperar la planta de revisión técnica.
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El hecho terminó con la carrera política de Pareto, Jiménez y Rebolledo, quienes perdieron la posibilidad de ejercer cargos públicos, aunque el último siguió participando activamente en el PPD. Tombolini, en tanto, fue condenado a tres años y un día de cárcel y a pagar una multa de $36 millones por el delito de cohecho, en el juicio seguido por el juez Carlos Aránguiz. Pero, el 2007 fue absuelto de cargos por parte de la Corte Suprema.
Caso Inverlink
Sebastián Rodríguez | Agencia Uno
Otro bullado caso fue el de Inverlink, que saltó a la palestra a principios de 2003, cuando la opinión pública todavía estaba bajo el impacto de lo ocurrido con las coimas y el MOP-Gate.
Carlos Massad, presidente del Banco Central, halló en febrero de ese año un correo electrónico rebotado en su bandeja de entrada con información confidencial dirigido al gerente general de Inverlink Corredores de Bolsa, Enzo Bertinelli. El e-mail fue enviado por la secretaria de Massad, Pamela Andrada, quien recibió $42 millones por filtrar datos.
Pero, eso sólo era la punta de iceberg. El mismo mes, el jefe de tesorería de Corfo, Javier Montoya, robó y vendió 159 documentos a plazo de la institución por medio de la administradora de fondos mutuos de Inverlink, a cambio de $150 millones. Los documentos tenían un valor que superaba los $29 mil millones.
Las sentencias definitivas de este caso en la arista tributaria se conocieron en 2010, cuando la Corte Suprema confirmó que el presidente del hoy desaparecido grupo Inverlink, Eduardo Monasterio, junto con los ejecutivos Enzo Bertinelli, Ignacio Wulf, Pablo Schaffhauser y Patricio Reyes, fueron condenados a 541 días de pena remitida y a pagar una multa.
Por la filtración, se condenó a Andrada a 4 años de cárcel por ser autora de cohecho. Bertinelli y Monasterio también tuvieron penas de 800 y 300 días en prisión, respectivamente, debiendo ambos devolver $11.400.000 y sumando además otra condena por 3 años y un día. En tanto, por la venta de títulos de Corfo hubo absoluciones.
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El perjuicio al fisco habría superado los $3 mil millones según los peritajes realizados en 2003.
Este caso es recordado además por una teoría lanzada por el entonces presidente, Ricardo Lagos, conocida como la teoría del jarrón. “Es como si entraran a mi casa, me robaran un jarrón y después lo llevan a un reducidor. Ese es el rol de Inverlink. Lo llevan a un reducidor y después se descubre el jarrón. Obviamente, lo voy a recuperar, porque el jarrón es mío. Es exactamente lo que ha ocurrido en la Corfo”, dijo.
Caso Chiledeportes-Publicam
Guido Girardi | Maribel Fornerod | Agencia Uno
Durante 2006 se desató un nuevo escándalo político, luego de que la Contraloría detectara irregularidades cometidas a fines de 2005 en 70 de 77 proyectos financiados por Chiledeportes, que llegaban a los $417 millones. Esto obligó a una querella del Consejo de Defensa del Estado (CDE) por los delitos de fraude al fisco, falsificación de instrumento público y uso malicioso de instrumento privado.
El director metropolitano del ente, Juan Michel Salazar, fue declarado culpable por malversación reiterada de fondos públicos, mientras que su primo Mario Salazar fue hallado culpable por estafa reiterada al fisco tras apropiarse de $23 millones recibido por proyectos de asignación directa.
Luego, en enero de 2007, se reveló que 114 proyectos más tenían irregularidades, los que fueron adjudicados en 2005, en plena campaña presidencial y parlamentaria. Los gastos no justificados llegaban a $104 millones.
Otro procesado fue el funcionario del Servicio de Impuestos Internos, Luis Jofré, quien estaba conectado con otro caso de corrupción: Publicam.
Dicha empresa, cuyo dueño era Manuel Arancibia, operaba vendiendo facturas falsas a empresas que querían evadir impuestos. Algunas de ellas fueron descubiertas en los proyectos de Chiledeportes que no se ejecutaban. Pero, la arista más polémica también se registró en las campañas electorales.
Según el Centro de Derechos Humanos de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, en la campaña senatorial de Guido Girardi realizada en esa época, la declaración de gastos de campaña contenía dos facturas falsas de Publicam, lo que el militante PPD reconoció, pero argumentó que se hizo sin su consentimiento, por lo que fue absuelto.
El que sí fue hallado culpable por defraudar al fisco fue Ricardo Farías, administrador electoral de Girardi, quien fue condenado a 541 días de pena remitida y a pagar una multa de 21 UTM.
Caso EFE
Juan Guerrero | Agencia Uno
En el primer gobierno de Michelle Bachelet se reveló otro caso de corrupción ocurrido bajo el mandato de Lagos y que afectó a la Empresa de Ferrocarriles del Estado (EFE). En 2007 la Contraloría informó de irregularidades en el plan trienal 2003-2005, que contemplaba inversiones para modernizar el tramo Santiago-Temuco además de extender el servicio a Puerto Montt.
Según el ente fiscalizador, se perdieron 38 millones de pesos por fraude al fisco, se contrató a una empresa por un trabajo que no se hizo y se compraron trenes de baja calidad a España por 8 millones de dólares.
Además, en la Cámara de Diputados se estableció una comisión investigadora que descubrió que el presidente de EFE, el DC Luis Ajenjo, recibió pagos adicionales por participar en directorios de empresas filiales de Ferrocarriles, lo que estaba prohibido. Por esto, se configuraron los delitos de fraude al fisco y de estafa por parte de varios gerentes y jefes de áreas de la empresa, lo que fue perseguido con una querella por parte del CDE.
Según el organismo, el monto del fraude al fisco llegaría a casi los 12 millones de dólares, por sustracción de bienes y abultamiento de la contabilidad durante la gestión de Ajenjo.
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Finalmente, el año pasado se confirmó la sentencia del ministro en visita Omar Astudillo en contra de Ajenjo, condenándolo a tres años de libertad vigilada más el pago del 20% de lo defraudado personalmente.
