En las últimas semanas presenciamos, una vez más, levantarse el debate en torno al aborto a raíz de un caso particularmente estremecedor. Esta vez, se trataba de una niña, a sus 13 años estaba embarazada producto de una violación. Habría sido violada por su hermanastro. El feto se diagnosticó como inviable, se sabía que no podría sobrevivir fuera del útero y, de hecho, falleció a los pocos días. Después de esto, no sabemos qué pasará con esta niña.

Ella sólo tuvo sólo una opción: vivir el trauma de la violación, mientras avanzaba el embarazo que fue su consecuencia, sabiendo además que tenía que esperar parir y luego ver morir a su hijo. ¿Es eso lo que ella hubiera querido? ¿Es esto lo que otras mujeres quieren vivir? ¿Es esa la mejor manera para que esta niña pueda recibir la reparación y rehabilitación que necesita para rearmar su vida tras ser violada? Lamentablemente, al parecer, ni siquiera vale la pena preguntárselo, pues la opción de interrumpir el embarazo no está sobre la mesa, sin arriesgarse ella y el profesional que lo practique a enfrentar la justicia penal.

En definitiva, a una mujer o una niña en esta situación, el Estado la está obligando a continuar su embarazo, independientemente de la opinión de ella acerca de cuál sería su mejor manera de sobrellevar el dolor.

Ha habido voces contrarias a la despenalización del aborto, que señalan que el aborto no es “la solución” en ningún caso. Que es necesario adoptar medidas de prevención, por una parte, para limitar la cantidad de embarazos no deseados y, por otra parte, medidas de acompañamiento a las mujeres embarazadas en situación vulnerable, de manera de permitirles un mejor embarazo y apoyarlas en la decisión de criar a su hijo/a o darlo/a en adopción. Y se plantea como una alternativa: “si hacemos todo esto, no será necesario despenalizar el aborto”.

Pero la posición a favor de despenalizar el aborto nunca se ha planteado como un asunto de “esto o lo otro”. No es “aborto o prevención”, “aborto o adopción”, “aborto o servicios a la mujer embarazada”. La adecuada protección a los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres requeriría contar con todo esto y más: una adecuada educación sexual; apropiado acceso a información y servicios en distintas formas de anticoncepción, incluyendo la anticoncepción de emergencia; la protección contra la violencia de género y la discriminación; una adecuada atención de salud durante el embarazo, incluyendo salud mental, y toda la gama de servicios sociales y de otro tipo necesarios para acompañar a la mujer embarazada, especialmente a las más vulnerables. Pero también requiere despenalizar el aborto, y contar con la provisión de servicios seguros y asequibles en caso de peligro de vida o salud de la mujer, inviabilidad fetal y en caso que el embarazo sea el resultado de violación o incesto.

No se trata de promover el aborto como “solución”. Se trata de que en casos tan extremos como éstos, exista la opción, y que cada mujer pueda decidir, libre e informadamente, qué camino quiere seguir en esos casos, qué es lo mejor para ella, desde sus convicciones y su manera particular de afrontar lo que está viviendo.

Por ejemplo, ¿qué pasa si el peligro para la vida de una mujer no es inminente, pero sabe que de continuar su embarazo lo probable es que llegue a un punto en que su vida estará en juego? ¿Debe estar obligada a esperar a que esté al borde de la muerte para poder interrumpir el embarazo? En el caso de un feto inviable, ¿debe estar obligada a llevar a término dicho embarazo, sabiendo que sólo será para ver morir a su hijo? Cuando el embarazo es resultado de una violación, ¿debe estar obligada a continuar un embarazo, incluso cuando éste le recuerde, cada día, el trauma de la violación que vivió?

Nuevamente: no se trata de promover el aborto como “solución en estos casos”. Se trata de que cada mujer, en sus circunstancias específicas, debe poder tomar esa decisión libre e informadamente. Puede haber mujeres que opten por continuar y llevar a término su embarazo en todos los ejemplos anteriores, y si existieran servicios y acompañamiento adecuado, puede que sean muchas más. Pero puede haber mujeres que, teniendo toda la información sobre la mesa, sin discriminación ni temor a ser criminalizadas, prefieran interrumpir su embarazo.

Y siendo así, al obligarlas a continuar embarazadas contra su voluntad, al impedirles decidir por sí mismas, el Estado les está infligiendo un trato cruel, inhumano o degradante; una violación a sus derechos humanos.

Ana Piquer
Directora Ejecutiva de Amnistía Internacional Chile