El Tribunal de Garantía de Valparaíso leyó este martes las sentencias contra los ex funcionarios de la Intendencia de Valparaíso procesados por malversación de fondos y fraude al Fisco, en lo que se conoce como el segundo Caso Fraude.

De esta forma, la justicia determinó una pena efectiva de 8 años de presidio mayor en su grado mínimo a Sergio Núñez, ex jefe de finanzas del Gobierno Regional, por el delito de malversación de caudales públicos. En tanto se le otorgó la remisión condicional de la pena por fingir profesión y la falsificación de instrumento público.

El abogado Jaime Silva, defensor de Núñez, manifestó sentirse conforme con la sentencia que está dentro del tramo que esperaban. De igual manera estudiarán el fallo para que el procesado también pueda acceder a una pena con beneficios.

Mientras que para Enrique Kittsteiner, ex jefe de gabinete de la Intendencia, se dictó una pena de 5 años de presidio menor en su grado máximo como cómplice de malversación de caudales públicos, a lo que se suman 3 años y un día como autor de fraude al Fisco. Sin embargo, para estos efectos se le aplicó la pena sustitutiva de libertad vigilada.

En tanto para Claudio Uribe, presidente de la organización “Valparaíso Joven” y a la cual se le destinaron los fondos desviados, se lo condenó 5 años de presidio menor en su grado máximo como cómplice de malversación de caudales públicos, aunque también se le aplica la pena sustitutiva de libertad vigilada.

Uribe, a la salida del tribunal, señaló que el proceso le servirá como lección para su vida, junto con reconocer que sus errores personales lo llevaron a vivir esta situación. “El dolor que lleva la familia atrás es lo que más le afecta a uno”, sostuvo.

El fiscal Claudio Reveco valoró la condena impuesta por el tribunal para los tres imputados, señalando que con esto se reprocha severamente la actuación de los ex funcionarios que aseguraban ser inocentes.

Gonzalo Rojas Mery, abogado del Consejo de Defensa del Estado, indicó que ellos han realizado una averiguación de bienes para poder rematarlos pronto y saldar en parte la deuda por el monto defraudado.

En el ámbito civil, los imputados fueron condenados a restituir parte del monto defraudado, lo que equivale a cerca de $44 millones en efectivo entre los tres acusados, más un proceso de embargo de propiedades y bienes para ser rematados y así intentar recuperar lo más de $134 millones defraudados al Gobierno Regional.