Cuando comenzaron a operar en Chile las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP), se prometió una revolución en el sistema de pensiones que tendría como principales beneficiados a los jubilados. Pero pasó el tiempo, y las cifras actuales no dejan contentos a quienes aportan con el capital para el funcionamientos de estas empresas que han acumulado fondos que ascienden a los 160 mil millones de dólares.
Esta problemática fue abordada en el último reportaje del programa “En la Mira” de Chilevisión, que promedió 10 puntos de rating según datos entregados por @Fotechcl. La investigación abordó la diferencia entre el monto en promedio que reciben los jubilados, que no supera los 185 mil pesos, en relación a las ganancias de las aseguradoras.
Según datos indagados en el reportaje del periodista Rodrigo Pérez, por cada 20 millones que una persona logre ahorrar, recibirá $100 mil mensuales de jubilación. Esto genera preocupación en los trabajadores, que en su mayoría deberían recibir una pensión cercana a los $150 mil pesos tomando en cuenta variables como el salario mínimo.
El sistema genera desigualdades tan insólitas, como por ejemplo los casos de dos jubilados que reciben actualmente $200 de pensión, debido a que según el cálculo que hace la AFP, una persona a los 70 años tiene una esperanza de vida de 50 años más.
Según el experto del Cenda Manuel Riesco, “en realidad no es un sistema de pensiones, porque los sistemas de pensiones lo que se recauda se usa para pagar pensiones. En este sistema lo que se recauda se desvía hacia los mercados de capital, es decir, es un sistema de ahorro forzoso”.
Según Klaus Schmidt-Hebbel, economista y director de AFP Habitat, el problema pasa por la baja tasa de contribución, es decir, los bajos montos que se descuentan de los sueldos para el ahorro previsional. En ese sentido propuso elevar dicha tasa de 10% a un 13%.
Incluso, algunos como el ex ministro de Hacienda Felipe Larraín, postuló que el problema está en que que los chilenos viven más tiempo del previsto, junto con las denominadas “lagunas previsionales”, para lo cual deberían trabajar más tiempo.
Pero no sólo eso es parte de lo cuestionado a las Aseguradoras de Pensiones, sino que además el dinero recaudado es invertido en empresas -un 17,5%-, banca 18,5%- y en empresas del Estado -22,5%-, por montos que van de los 28 millones de dólares a los 36 millones. Esto último, sin que los clientes tengan alguna opción de elegir dónde se destina el dinero, arriesgando fuertes pérdidas, como lo sucedido con el denominado Caso La Polar.
El reportaje causó de inmediato reacciones, especialmente luego que la investigación revelara que los funcionarios de Fuerzas Armadas no fueron incluidas en el nuevo sistema de AFP creadas en dictadura, y que actualmente pueden recibir pensiones de hasta 3 millones de pesos, dependiendo del rango que hayan alcanzado.
Por otro lado, el anuncio del Gobierno de Michelle Bachelet de crear una AFP estatal para “competir” con las otras aseguradoras, también provoca críticas aunque no de parte del creador del sistema, José Piñera, quien en un seminario “agradeció” a la mandataria “por darme otro hijo”. Por otro lado, también salió al tapete la denominada Comisión Bravo, que debe presentar una propuesta para implementar la idea de Bachelet.
No obstante, tres de sus integrantes podrían tener conflictos de interés: Martín Costabal, Ricardo Paredes y Jorge Tarziján.
El problema cobra aún más relevancia cuando las estadísticas demográficas muestran un paulatino envejecimiento de la población, con lo cual para el 2025 podría generarse un colapso en el sistema. En ese sentido, ¿será una solución pasar a un sistema de reparto como el que ha funcionado sin inconvenientes para los efectivos de las Fuerzas Armadas?, probablemente la problemática seguirá siendo tema de políticos y actores sociales en los próximos años.