Las comunidades afectadas por los diferentes proyectos energéticos deben acceder a los beneficios que tales inversiones producen.

En la sala solemne del ex Senado en Santiago, este último miércoles de abril, se realizó un interesante encuentro, de una composición muy especial. Estaban diferentes actores interesados en contribuir al diálogo e implementación de una política de Estado, que permita encarar el desafío energético que tiene el país.

Hay un ámbito del intercambio de ideas que me interesa abordar. Las comunidades afectadas por los diferentes proyectos energéticos deben acceder a los beneficios que tales inversiones producen. Ello se debiese concretar por la vía de un porcentaje de las ventas realizadas. Así lo propuse en una indicación que presenté hace más de un año, para ser incluida en las disposiciones de una ley enviada por el anterior gobierno.

Conversé esta idea, entre otros, con el ex ministro Cristian Larroulet, quien me respondió con una ironía al señalar que escuchaba algo parecido al “capitalismo popular” del régimen militar.

No tuve el respaldo del Ejecutivo y, por tratarse de una materia en que la iniciativa de ley es facultad exclusiva del Presidente de la República, la indicación presentada en conjunto con el senador Antonio Horvath, fue declarada inadmisible.

Ahora resurge esta idea. En el propio Ministerio de Energía y en círculos parlamentarios se retoma esta posibilidad. Las razones son más que atendibles.

Hoy las comunidades situadas en las cercanías de estas enormes inversiones reciben daños, perjuicios o problemas de diversa índole. Ante ello, debiesen crearse Corporaciones de esas mismas familias, grupos humanos o personas involucradas en que se depositase el porcentaje de las ventas que sí tiene que aprobarse por ley. Con ello se contaría con una masa de recursos para emprender mitigaciones efectivas, inversiones de envergadura que impacten en las comunidades que están instaladas en torno de estos proyectos.

Debe quedar claro que la construcción de una sede social o de cualquier otro gasto menor, no es despreciable, pero no va al fondo del tema en cuestión; las comunidades requieren planes de largo plazo para su desarrollo y no simples “mejorales” para demandas ocasionales.

Así lo he dialogado con diferentes actores sociales, en las regiones de Los Lagos y del Bío Bío; no se puede seguir con un esquema en que se generan centenares de millones de dólares y en el entorno en que se produce esa riqueza queda la contaminación, los problemas respiratorios y el impacto en el ecosistema. La desigualdad no debe seguir creciendo.

Con un nuevo gobierno, la idea propuesta algún tiempo atrás puede tener mejor destino.

Camilo Escalona, presidente del Instituto Igualdad y ex presidente del Senado .