Seis recursos de reclamación contra el proyecto de central de pasada Mediterráneo en Cochamó, región de Los Lagos, se han presentado en la Corte de Apelaciones de Puerto Montt.

Recordemos que el 28 de marzo se inició el período de reclamaciones en un plazo de 30 días hábiles, para que organizaciones con personalidad jurídica o personas naturales que presentaron observaciones durante la evaluación del estudio de impacto ambiental pudieran realizar sus trámites ante la Corte de Apelaciones.

Esto con la finalidad de revocar la medida, que posterior a ello será analizada en un Comité de Ministros, según indican los artículos 20 y 29 de la Ley 19.300 de Bases Generales del Medio Ambiente.

A la fecha se han presentado seis reclamaciones. La primera fue realizada por la comunidad indígena de Cayún, a causa de la falta al convenio 169 de la OIT, que protege los derechos de los pueblos originarios.

La segunda es efectuada por la Fiscalía del Medio ambiente (FIMA) en contra de la notificación adoptada por la Resolución de Calificación Ambiental (RCA), lo que también afecta a la comunidad de Cayún.

A esto se suma el recurso interpuesto por los colonos y lugareños y apoyada por la Agrupación Mujeres Sin Fronteras, en contra de la forma en que se citó a la reunión en el Servicio de Evaluación Ambiental, instancia que definió la aprobación del proyecto hidroeléctrico.

El informe consolidado de evaluación (ICE) también recibió una reclamación, cuyo primer alegato tuvo lugar el pasado miércoles 23 de abril en la Corte de Apelaciones de Puerto Montt.

En dicha oportunidad estuvieron representadas el SEA, FIMA y la empresa Mediterráneo, cuyo fallo puede demorar un par de meses una vez finalizados los alegatos, explicó Carolina Fuentes, representante de la Coorporación Puelo Patagonia.

El quinto recurso fue presentado por la Corporación Puelo Patagonia, a causa de las ilegalidades en la forma en que fue aprobado este proyecto, cuyos informes recibieron el apoyo de ciertos servicios públicos.

El último recurso fue llevado a la Corte por el abogado Jorge Correa Sutil, ex subsecretario del Interior en el Gobierno de Ricardo Lagos, quien se manifestó en defensa de lo pactado en las Juntas Binacionales en relación al Protocolo Específico sobre Recursos Hídricos Compartidos que se mantiene con Argentina, a fin de proteger el tipo de cuencas como la de los ríos Puelo y Manso.