El presidente de la Corte Suprema, Sergio Muñoz, aclaró que nuestras leyes no contemplan la pena de degradar a un militar que cometa delitos de lesa humanidad.

Sectores ligados a la defensa de los Derechos Humanos destacaron que las instituciones armadas y de orden tienen la facultad de quitar su rango a los condenados por estos ilícitos.

El presidente de la Corte Suprema se sumó al debate plateado por el ministro de Defensa, Jorge Burgos, quien ordenó a un equipo jurídico de su cartera estudiar un mecanismo para degradar o quitar el rango militar a ex uniformados condenados por violaciones a los derechos humanos registradas durante la dictadura.

Muñoz explicó que en los delitos ordinarios los jueces no tienen la posibilidad de aplicar una pena accesoria, como la degradación del condenado.

El supremo precisó que no puede referirse a iniciativas políticas o que estén en discusión en el parlamento.

Hay al menos tres mociones parlamentarias pendientes que apuntan a incluir la degradación como castigo a militares que hayan recibido sentencia condenatoria por casos de violaciones a los derechos humanos.

El abogado que interpuso la primera querella contra el general Augusto Pinochet, Eduardo Contreras, le recordó al ejecutivo que las mismas instituciones armadas tienen la facultad de degradar a los miembros de sus filas, como lo hicieron con quienes no se sumaron al golpe militar de 1973.

Hoy en la inauguración de la Fidae el ministro Burgos no quiso ahondar en la propuesta que expuso la semana pasada en un charla en la Escuela Militar.