Fue el 21 de mayo del 2012 cuando el Presidente Sebastián Piñera se comprometió frente al país a incorporar lo que llamaron una “revolución tecnológica” en la prevención y resguardo de víctimas como lo era el “brazalete electrónico”.

El método, se suponía, ayudaría a mantener vigilados a los condenados por delitos de connotación sexual y a los autores de violencia intrafamiliar. El sistema GPS, según se se dijo, contemplaba la posibilidad de alertar a las víctimas si es que un agresor estaba cerca de sus viviendas.

También se entregaron proyecciones respecto a su implementación, las cuales apuntaron a que en 2014, habrían 6.670 reos con reclusión parcial y otros 1.073 condenados con libertad vigilada intensiva y pena mixta, que usarían el sistema. Incluso, según observó Radio Bío Bío, el análisis económico de la licitación agregó que para 2015 el número de personas usándolo alcanzaría los 9.813 reos.

Sin embargo, el sistema que impulsó el Gobierno, con afiches y difusión comunicacional, no pasó las pruebas de chequeo en Chile.

Así lo expresaron en exclusiva fuentes de La Radio, que han estado vinculadas al proceso, las cuales explicaron que la pulsera electrónica mantiene graves errores, tales como marcar el posicionamiento del condenado hasta 35 kilómetros de distancia del lugar donde realmente está. También las pulseras dejan de emitir señal cuando ingresan por ejemplo al metro o, por ejemplo, éstas envían la señal con una, dos o hasta tres horas de diferencia, según los muestreos.

Es decir, un condenado podría matar a su víctima mientras el software lo muestra en otros sectores alejados.

El ministro (s) de Justicia, Juan Ignacio Piña, señaló que están a la espera del informe final que encargaron a Gendarmería, pero reconoció que si no opera en un 100% no se materializará la implementación.

Agregó que en el proceso hubo una mesa técnica que hizo los análisis y, por cierto, entregó las opiniones respectivas con las cuales se materializó esta licitación.

El 22 de septiembre de 2013 se congeló por parte de la justicia la adquisición de los brazaletes luego de que una de las empresas que participaba del proceso presentó una demanda de impugnación ante el Tribunal de Contratación Pública. En ese minuto Piña, subsecretario de Justicia, aseguró que se estaba llegando a un acercamiento con las partes.